La vivienda, ese viejo problema conocido

Francamente, me resultaría frustrante que los medios de comunicación, ávidos de convertir en mercancía las noticias, acertaran al asimilar la movilización lograda por el Sindicato de Inquilinas con el 15-M. Lo digo porque como persona de izquierdas debo confesar que el 15-M me pareció siempre un movimiento lastrado por un componente fantasmático, algo carente de una base sólida para garantizar su continuidad.

Desde su origen, me sorprendió su descarado adanismo. Daba la impresión de que llegaban haciendo tablarasa de todo precedente, rompiendo la continuidad de la lucha, despreciando cualquier logro, toda idea anterior.

Percibo ahora algo parecido, de verdad, me preocupa la absurda discontinuidad de la lucha por el derecho a la vivienda. Parecería que cada quince años, una juventud angustiada tuviera que movilizarse como si fuera la primera vez, como si se viera forzada a inventarlo todo, ignorando lo que fueron las luchas anteriores y, sobre todo, cómo se consiguieron los derechos o, mejor, las posiciones de ventaja en el disfuncional mercado de la vivienda.

Intentaré explicarme con un dato de mi experiencia. Hace solo quince años, Ada Colau saltaba a la fama como figura representativa de los movimientos antidesahucios surgidos tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la quiebra de Lehman Brothers. Ocupaba espacios en las tertulias televisivas y llenaba el aforo de las salas con sus charlas. Había una sociedad concienciada, enardecida, dispuesta a evitar, ya entonces, desahucios como el de Maricarmen.

En esas mismas fechas, sin apenas cobertura mediática, en Andalucía se producía un hito legislativo revolucionario: un gobierno del PSOE, sustentado por IU, elevaba a rango legal la posibilidad de expropiar el uso residencial de la viviendas en manos de los bancos y Fondos de Inversión, como consecuencia de los préstamos fallidos. Se intentaba con ello garantizar el derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución.

El Decreto-ley, primero, y después la Ley que contemplaban esta posibilidad, fueron anulados por el Tribunal Constitucional. Se utilizó un argumento sibilino, propio de leguleyos. Desde luego, no el que cabría esperar del Intérprete Máximo de la Constitución.

Se dijo que el interés social alegado quedaba suficientemente garantizado con las medidas adoptadas por el Gobierno presidido por Rajoy para paliar las consecuencias más graves de los desahucios. Además, se afirmó, puesto que la vivienda era el bien sobre el que recaían los préstamos hipotecarios, constituía el elemento esencial para garantizar la “estabilidad del sistema financiero” (el bien jurídico realmente protegido) y la legislación andaluza lo ponía en riesgo, al devaluar el precio de la vivienda con la posibilidad de su expropiación.

Las viviendas serían enajenadas por su expectativa de valor en el mercado por la Sareb, ese engendro improvisado para salvar la cara de unos banqueros ineptos. Una estafa que nos ha costado mas de 55.000 millones de euros, quebrada en la actualidad, y que nadie sabe qué beneficio ha reportado a quienes costeamos su capitalización con nuestros impuestos.

Pero tan importante como ello fue la posición y la doctrina del TC. Para el Intérprete Máximo de la Constitución, la vivienda no era el bien cuya función social exigía que fuera destinada al uso habitacional para garantizar el derecho proclamado como principio en el artículo 47 de la Constitución; era, sin ambages, un “producto financiero” orientado a salvaguardar la estabilidad del sector bancario.

Dicho de otro modo: en el sistema capitalista, ante la situación de peligro del dinero, cuando la prima de riesgo llega a los índices que en esa época alcanzó, determinados principios se relegan a un segundo plano y la Constitución aparece con el sesgo con que la definió Lasalle: “la suma de factores reales de poder que rigen un país.” Y el económico es el factor de poder más real. Para el venerable Tribunal reconocerlo así era el verdadero “canon de constitucionalidad”.

Y lo terrible es que ese pronunciamiento no produjo ninguna movilización social, no mereció ni el más mínimo esfuerzo pedagógico por quienes entonces protagonizaban la lucha por el derecho a la vivienda.

Cuando pasó el efecto dramático de los desahucios, el movimiento se distendió, pero los efectos ya estaban allí. Habíamos perdido la batalla por las ideas y nuestras instituciones y conceptos jurídicos. Una batalla que no dimos, que nunca hemos sabido dar.

Hoy nuestros jóvenes exigen la aplicación del instituto expropiatorio y es como si pidieran la nacionalización de los medios de producción. Una medida comunista-bolivariana en el argot neoliberal del ayusismo. La expropiación no es, nunca ha sido, una privación del derecho de propiedad; es una venta impuesta por la comunidad por razones de utilidad pública o interés social. Una venta, no un robo o una confiscación.

Las Leyes del Suelo de 1956 y 1974, el Texto Refundido de 1976, una legislación procedente de época franquista, contemplaban con total normalidad la expropiación como uno de los sistemas de ejecución de los planes urbanísticos. Esto significaba que podía expropiarse la totalidad de un Sector. La expropiación del suelo exigido por el crecimiento de la ciudad, suponía un medio de captación directa de las plusvalías urbanísticas que la misma ciudad generaba, tal como dispone el artículo 47 de la Constitución.

Aquí en Logroño, que no es precisamente Marinaleda, a mediados de los años noventa se promovieron viviendas en régimen de cooperativa, sobre suelo público obtenido por expropiación. ¿Cómo se nos ha olvidado? ¿En qué momento nos asaltó esa suerte de amnesia de lo que significa la lucha y nuestro acervo cultural?

Me importa señalar este dato por una razón muy sencilla. En el debate suscitado por los decretos-ley 26 y 27/2026, ambos de 29 de septiembre, he oído en repetidas ocasiones invocar el marco de la realidad como el límite limitante de las propuestas. En la derecha, el mero intento de traspasar ese límite, se califica como un postulado de máximos que hace imposible el acuerdo. Obviamente, la expropiación rebasa esos límites y queda excluida. Pues bien, el marco de la realidad también lo definimos nosotros con nuestra lucha cultural. Hace solo treinta años la expropiación era un elemento perfectamente aceptable y no un postulado inasumible de máximos. Y lo mismo cabe decir de los contratos indefinidos hasta el decreto Boyer. Ha sido la derecha la que, poco a poco, ha estrechado el marco de lo posible, y en el futuro, si no la paramos, lo estrechará más.

Escuchaba el otro día a una joven portavoz del Sindicato de Inquilinas formular en tono crispado una pregunta retórica: ¿cuándo, decía, el derecho a especular se ha situado por encima del derecho a una vivienda? Me quedé sorprendido, con ganas de decirle a mi vez: compañera, ¿cuándo ha dejado de ser así?

Otra joven denunciaba airada que viviría peor que sus padres porque ni a una vivienda tendría acceso. No puedo consolarla, pero sí me hubiera gustado decirle que no tomara como referencia a sus padres, que se remontara a sus abuelos, los que conocieron el chabolismo horizontal y vertical, no para aceptar esa situación resignadamante, sino para hacerse heredara de su lucha, la que les permitió salir de la miseria impuesta.

Hoy, cuando escribo, se ha perdido una votación en el parlamento. Importa no engañarse; se ha perdido porque todavía una mayoría social, la que padece la situación, no ha sido capaz de articular adecuadamente una mayoría política y los referentes políticos, las formaciones de izquierda, tampoco han sabido encauzarla. Pero perder la votación parlamentaria no es perder la batalla social. Si se asume el verdadero significado de institutos tales como la prohibición de los desahucios a persona vulnerables cuando el ejecutor es un ente dedicado a la especulación; si se hace propia la idea de que en caso de que el titular de la vivienda ejecutada sea una persona física debe garantizarse al inquilino una solución habitacional y que el juez que suspenda el alzamiento puede y debe exigírsela a la Administración competente; si hacemos nuestros los principios básicos para la protección del arrendamiento; si nos comprometemos en una tarea pedagógica de esa legislación protectora, si no damos un paso atrás, estaremos definiendo un nuevo marco de realidad que la derecha tendrá que aceptar aunque no le guste.

Hubo un tempo en que la izquierda no pretendía solo intervenir en el mercado, quería sacar la vivienda del mercado para garantizar el derecho de los que no podían acceder a él.

Había medidas, racionales, rigurosas, factibles. Hay que recuperarlas, pero, ante todo, crear un movimiento que sea capaz de mantener una tensión continuada en el tiempo. Que no nos olvidemos del problema hasta que vuelva a visitarnos.