La pantalla que nos piensa

Adentrémonos en el mecanismo que hace posible la colonización tecnológica de la atención y el deseo. Las plataformas distraen, pero sobre todo han acabado siendo arquitectas de la subjetividad de quienes las usan: externalizan funciones cognitivas y emocionales que solemos considerar el núcleo de lo humano. La paradoja es terminal: cuantos más datos damos para que el algoritmo nos entienda, más se desdibuja la posibilidad de un yo no mediatizado por sus sugerencias.

Conviene precisar qué significa aquí yo no mediatizado. Sostengo que ningún yo ha existido al margen de las mediaciones: el lenguaje, las relaciones sociales, las instituciones y las tecnologías participan desde siempre en la formación de la subjetividad. Lo específico de la plataforma es que convierte parte de esa mediación en una infraestructura comercial que registra, clasifica y optimiza la conducta de quien la usa, con el engagement como criterio de éxito. La cuestión política es impedir que esa mediación concreta se convierta en la condición dominante de la experiencia.

La promesa original de Silicon Valley era liberadora: conectar a la gente y darle voz. Sin embargo, como ha documentado Shoshana Zuboff, el modelo de negocio que triunfó fue la extracción de datos de comportamiento para predecir —y modificar— la conducta futura a escala masiva. Cada like, cada pausa de milisegundos en un vídeo, cada patrón de scroll es una minúscula confesión inconsciente que alimenta un perfil de probabilidades. El objetivo último es reducir la incertidumbre del comportamiento humano y convertir la libertad en una variable predecible y rentable; la publicidad es una de las formas de cobrarlo. La relación es simbiótica: quien usa la plataforma produce la materia prima (datos), se convierte en producto (perfil) y consume lo que ese perfil sugiere (contenidos y bienes). En España, según Digital 2026 (We Are Social y Meltwater, con datos de finales de 2025), las personas usuarias de internet dedican 34 horas y 17 minutos semanales a estar conectadas, y 16 horas y 23 minutos de ellas a las redes sociales; otras mediciones dan menos: el Estudio de Redes Sociales 2026 de IAB Spain sitúa el tiempo medio en redes en torno a una hora diaria.

Sostengo que el poder de estas plataformas se reparte entre cuatro capas que se refuerzan entre sí: el capital que exige crecimiento (el modelo de extracción de Zuboff), los Estados que regulan o toleran, las arquitecturas técnicas que hacen más probables unas conductas que otras y las propias personas usuarias, que reproducen el sistema cada vez que lo usan; los estudios que siguen documentan las dos últimas. El algoritmo es la parte visible de esa relación, y por eso importa quién decide qué optimiza, con qué datos, quién puede auditarlo y quién soporta los costes cuando produce daños.

La memoria, lejos de ser un archivo individual, es un proceso social y situado. Maurice Halbwachs lo formuló desde la sociología con su concepto de memoria colectiva; Paul Connerton, desde la antropología, estudió cómo las sociedades recuerdan a través de rituales y gestos del cuerpo, y Marc Augé sostuvo que el olvido forma parte de la memoria. Delegar esa función tampoco es nuevo: André Leroi-Gourhan vio en la exteriorización de la memoria, primero en la herramienta y después en la escritura, un rasgo de la especie, y en el Fedro Platón temía que escribir debilitara el recuerdo. Lo nuevo es a quién se delega: hoy, a servidores de empresas privadas, y la pregunta es quién decide qué se olvida. La función Recuerdos de Google Fotos, presentada en 2019, elige con aprendizaje automático y reconocimiento facial las fotos de años anteriores que enseña a cada persona, según criterios de mejor foto que la empresa no detalla. La memoria se convierte en un producto prefabricado, un highlight reel que omite los momentos grises, los conflictos, la ambigüedad.

Hay una diferencia que conviene señalar. La memoria colectiva de Halbwachs se construye en grupos, mediante relaciones, conversaciones, rituales y marcos compartidos; la memoria algorítmica es otra estructura: el servidor selecciona para cada individuo lo que puede reconstruirse a partir de sus registros y se lo devuelve como experiencia personal. La externalización pasa así a ser también una desocialización: el criterio de selección deja de ser comunitario y se vuelve computacional. El resultado se parece menos a una memoria colectiva que a una memoria solipsista asistida: una biografía que una infraestructura privada recompone para su propio usuario.

Paralelamente, el deseo se pre-formatea. Plataformas como Spotify o Netflix moldean los gustos que dicen reflejar mediante bucles de retroalimentación. Según Gómez-Uribe y Hunt (2015), las recomendaciones influían entonces en aproximadamente el 80% de las horas vistas en Netflix. En Spotify, un estudio de Ashton Anderson y sus colegas (2020) asoció el consumo guiado por recomendaciones con menor diversidad musical, y ese mismo año David Holtz y su equipo, en un experimento aleatorizado con podcasts, vieron que la personalización reducía un 11,5% la diversidad de lo que escuchaba cada persona y aumentaba un 5,96% la del conjunto: cada oyente recibe más de lo mismo y el público se fragmenta en grupos homogéneos por dentro. Es lo que Eli Pariser denominó burbuja de filtro: un entorno personalizado que, al priorizar la relevancia algorítmica, aísla en una realidad cultural recortada y autorreforzada. Nick Seaver, antropólogo que ha estudiado a quienes diseñan estos sistemas, los describe como trampas pensadas para capturar la atención. El algoritmo estrecha el horizonte hacia lo previsible, y el deseo deja de ser una exploración para convertirse en una confirmación.

El mecanismo tiene, sin embargo, una grieta. El estudio de Anderson encuentra que quienes amplían su diversidad musical lo hacen desplazándose del consumo algorítmico al orgánico: la desviación forma parte de la conducta observable de los usuarios. El estudio observa trayectorias, y leerlas como resistencia es una interpretación mía: la subjetividad algorítmica necesita que se sigan aceptando sus propuestas, y la resistencia empieza en el pequeño margen entre lo que el sistema predice que se quiere y lo que alguien decide probar, como saltar una sugerencia, elegir algo que no encaja con el historial o seguir una recomendación humana.

José van Dijck llama memorias mediadas a la manera en que los medios participan en cómo construimos el pasado, el presente y el futuro de nosotros mismos en relación con los demás. De ahí sale una memoria algorítmica que se convierte en el nuevo canon biográfico: una narrativa de lo vivido filtrada por lo que es registrable, cuantificable y, sobre todo, compatible con la lógica del engagement. La memoria deja de ser un diálogo con el pasado y se vuelve un producto de consumo personalizado.

Esta lógica de captura es una decisión de diseño. La arquitectura de estas plataformas explota sesgos cognitivos ancestrales, como el miedo a perderse algo (FOMO) o la búsqueda de validación social. Las notificaciones, los likes y los seguidores funcionan como recompensas sociales intermitentes, en una lógica que recuerda a la que Natasha Dow Schüll describió tras quince años de trabajo de campo con jugadores de máquinas tragaperras en Las Vegas. Björn Lindström y sus colegas analizaron en 2021 más de un millón de publicaciones de más de 4.000 personas y vieron que la publicación en redes se ajusta al aprendizaje por refuerzo: se publica más cuando llegan más likes. Marcel Mauss describió en 1925 la triple obligación de dar, recibir y devolver; desde esa lectura, un like es un don mínimo que invita a la reciprocidad, y la plataforma convierte esa deuda en un número. El resultado es una reconfiguración de la experiencia emocional, además de una pérdida de tiempo.

Reducir el sistema a una maquinaria de captura sería insuficiente: las plataformas retienen también con experiencias genuinamente placenteras, como una recomendación acertada, una conversación que reconforta, una canción desconocida que amplía un gusto o una comunidad que da compañía. La crítica no puede apoyarse, por tanto, en la idea de un usuario engañado por un sistema que no desea. La eficacia de la economía de la atención reside en que mezcla utilidad, descubrimiento, sociabilidad y placer con mecanismos diseñados para prolongar la permanencia, y la cuestión política es qué ocurre cuando experiencias que valen por sí mismas quedan integradas en infraestructuras cuyo incentivo económico es maximizar la atención que producen.

Adam Gazzaley y Larry Rosen, en The Distracted Mind (2016), explican por qué el cerebro, hecho para otro entorno, está mal preparado para la multitarea con dispositivos, y apuntan a la ansiedad por estar incomunicado aunque sea un instante. La revisión de Melina Uncapher y Anthony Wagner (2018) asocia la multitarea mediática intensa con más lapsos de atención sostenida, aunque Wagner advierte de que los datos no prueban causalidad.

Entre los adolescentes españoles, la encuesta ESTUDES 2023 (42.208 estudiantes de 14 a 18 años) sitúa el uso problemático de internet en el 20,5%, con un 25,9% entre las chicas y un 15,3% entre los chicos. En el Barómetro de UNICEF España 2023-2024 (4.740 adolescentes de 13 a 18 años), el 41,1% dice haber tenido, o creer haber tenido, un problema de salud mental en el último año, y solo el 32,3% cree que usar demasiado el móvil o internet perjudica la salud mental de los jóvenes de su edad. Ninguna de las dos fuentes mide ansiedad ni establece causas, así que no uno unas cifras con otras. Vivimos en un régimen de estimulación constante que entrena para el zapping emocional y dificulta la tolerancia al aburrimiento, a la soledad no mediada, al pensamiento lento y profundo que requiere cualquier proyecto vital sólido.

A la cantidad de atención capturada se suma la forma temporal que impone la captura. La actualización continua hace que siempre pueda haber una publicación, una respuesta o una notificación que deje el presente incompleto, y el tiempo pasa de ser una sucesión de momentos con principio y final a ser una disponibilidad permanente a la novedad. Pensar, recordar y construir relaciones requieren intervalos sin estímulo, espera y duración. La aceleración digital, que enlaza con la aceleración social que describe Hartmut Rosa, dificulta sobre todo que determinados momentos terminen, y plantea un problema de soberanía temporal: quién puede interrumpir el presente de una persona y quién obtiene valor económico de mantenerlo abierto indefinidamente.

Esta dinámica alcanza su paradoja más cínica en la figura del influencer y en la presión social por convertir la propia vida en contenido. El adanismo —la pretensión de empezar desde cero— se tecnifica aquí: se ofrece la ilusión de autenticidad mientras se sigue un guion algorítmicamente optimizado, y la autenticidad se mide en métricas de engagement. Theresa Senft acuñó en 2008 el término microcelebridad para las mujeres que retransmitían su vida por webcam, y Sarah Banet-Weiser llama, en Empowered (2018), economía de la visibilidad al contexto mediático del capitalismo avanzado y las plataformas en red, en el que lo decisivo es hacerse visible. Todo ello crea sujetos permanentemente escindidos: uno que vive y otro que observa y edita esa vida. Erving Goffman, como vimos en El rostro que se nos exige, distinguió la región anterior, donde se actúa ante los demás, de la posterior, donde la actuación se relaja; en una plataforma la región anterior no se apaga. La consecuencia es una alienación profundizada: Marx la describió respecto del fruto del trabajo en la fábrica clásica, y aquí alcanza a la propia experiencia vivida, que debe traducirse y valorarse en likes para adquirir realidad social. Rosa la vincularía con esa aceleración y con la pérdida de resonancia con el mundo.

Los efectos de este sistema llegan más allá de la esfera psicológica: su lógica opaca y orientada al crecimiento tiene costes que pagan otras personas. Los documentos que Frances Haugen filtró en 2021 mostraron que Facebook (hoy Meta) conocía investigaciones propias sobre el efecto de Instagram en adolescentes, y solo se supo porque una exempleada los sacó a la luz; Meta respondió que algunas de esas investigaciones habían sido interpretadas de forma incorrecta o fuera de contexto. Más grave aún son los desnudos falsos no consentidos. En enero de 2024 circularon masivamente en redes imágenes sexuales falsas de Taylor Swift generadas con IA. En 2023, en Almendralejo (Badajoz), quince menores crearon con aplicaciones de IA desnudos falsos de unas veinte compañeras, a partir de fotos de sus perfiles superpuestas a otros cuerpos, y los difundieron por WhatsApp. La sentencia 86/2024 del Juzgado de Menores de Badajoz, de 20 de junio de 2024, los declaró responsables de veinte delitos de pornografía infantil y veinte contra la integridad moral, con un año de libertad vigilada.

La violencia patriarcal ya existía y la IA le ofrece un acelerador: según Deeptrace (2019), el 96% de los deepfakes en línea eran pornografía no consentida, y casi todos con rostros de mujeres. La IA generativa añade una capacidad nueva: fabricar imágenes tan realistas que la distinción entre documento y ficción deja de ser evidente para quien las recibe. El daño no depende de que la imagen sea verdadera; basta con que resulte creíble u obligue a la persona representada a desmentir algo que nunca ocurrió. El cuerpo ajeno se convierte en materia prima para producir una apariencia de evidencia, con un coste de fabricación mínimo y la carga de demostrar la falsedad desplazada hacia quien aparece en la imagen. Son síntomas de una estructura que externaliza costes sociales y éticos y privatiza beneficios, justo lo que Lo que no cabe en el precio llamaba externalidad.

A esto se suma la desinformación. En diciembre de 2024 el Tribunal Constitucional de Rumanía anuló el proceso electoral presidencial, cuando la primera vuelta ya se había celebrado, tras la desclasificación de informes de inteligencia que atribuían a una operación vinculada a Rusia una campaña coordinada, con miles de cuentas en TikTok y Telegram; Moscú negó las acusaciones. Una realidad compartida intoxicada y polarizada erosiona el debate democrático, y el caso plantea una pregunta más difícil: ¿cuándo deja una elección de poder considerarse expresión válida de la voluntad popular? Anular unos comicios para proteger su integridad puede ser necesario, pero abre un problema de legitimidad: la autoridad que declara intoxicado el proceso debe justificar qué evidencia considera suficiente, y los mecanismos para detectar la manipulación necesitan a su vez controles democráticos para no convertirse en una nueva fuente de poder opaco. A la pregunta de quién gana una elección se suma otra: quién determina si las condiciones informativas en las que se celebró permiten considerarla válida.

Frente a este panorama, las soluciones individuales (desconectarse) son insuficientes y a menudo un privilegio de clase; la resistencia significativa debe ser colectiva y estructural. Implica, primero, una alfabetización digital crítica que enseñe a usar herramientas y también a comprender sus modelos de negocio y sus efectos psicosociales. En segundo lugar, exige reclamar soberanía sobre los datos personales y luchar por marcos legales que vayan más allá del RGPD. La portabilidad ya la reconoce el RGPD (art. 20), y el Reglamento de Servicios Digitales de la UE obliga a las plataformas muy grandes a ofrecer al menos un sistema de recomendación no basado en perfilado (art. 38) y abre el acceso a datos a investigadores acreditados (art. 40). Falta exigir que se cumplan, ampliarlos y comprobar que puedan ejercerse y producir conocimiento independiente sobre sistemas cuyo funcionamiento interno y escala superan la experiencia individual. En España, el proyecto de ley orgánica de protección de las personas menores en los entornos digitales, remitido al Congreso por el Consejo de Ministros en marzo de 2025 y todavía en tramitación, busca elevar a 16 años la edad mínima para abrir una cuenta en redes sociales; según las enmiendas pactadas por PSOE y Sumar, las plataformas tendrían que demostrar ante la CNMC que no usan diseños adictivos.

El problema se formula así en términos políticos más precisos: está en juego cuánto tiempo pasan conectadas las personas y también quién puede intervenir sobre su atención y bajo qué condiciones. Tim Wu mostró en The Attention Merchants (2016) cómo la captura y reventa de la atención se convirtió en el negocio definitorio de la época. La literatura sobre neuroderechos (Ienca y Andorno, 2017) propone una libertad cognitiva y una integridad mental pensadas sobre todo para la neurotecnología, y trasladarlas a las plataformas es una discusión reciente; la Carta de Derechos Digitales de España (2021) fue de los primeros documentos institucionales europeos en abordar la libertad cognitiva. El derecho europeo ya ofrece un punto de apoyo: el artículo 25 del Reglamento de Servicios Digitales prohíbe diseñar interfaces que engañen, manipulen o deterioren materialmente la capacidad de decidir con libertad e información. El objeto de la regulación serían las arquitecturas que explotan sistemáticamente vulnerabilidades atencionales sin que el usuario pueda comprender o controlar el proceso; la persuasión en general, inseparable de buena parte de la vida social, quedaría fuera. Si la atención es limitada y necesaria para pensar, decidir y participar políticamente, su captura tiene una dimensión de derecho y de gobernanza, más allá de la gestión privada del tiempo.

Finalmente, y más ambiciosamente, la resistencia requiere imaginar y construir infraestructuras digitales cooperativas, basadas en protocolos abiertos y lógicas no extractivas, como las que ensayan algunas plataformas del fediverso (Mastodon, PeerTube), en la línea de la producción entre pares basada en bienes comunes que estudia Yochai Benkler. Safiya Umoja Noble, en Algorithms of Oppression (2018), mostró cómo el buscador de Google reproduce las jerarquías racistas y sexistas del mundo analógico; esta transición hacia una lógica digital común apunta a lo contrario: una tecnología que sirva para empoderar comunidades y repartir el poder de narrar, recordar y decidir.

El problema de la escala obliga a abandonar cualquier romanticismo sobre las alternativas. Como ya apareció en Lo que no cabe en el precio, una comunidad pequeña puede gobernarse, y no está claro que valga lo mismo para cientos de millones de personas: pequeña, descentralizada o federada, ninguna de esas condiciones garantiza por sí sola que una infraestructura sea democrática. En Mastodon, un estudio de Aravindh Raman y sus colegas (2019) halló que el 10% de las instancias alojaba a casi la mitad de los usuarios, y atribuye, con cautela, las caídas de instancias individuales al carácter voluntario de muchos administradores. Otro, de Spencer-Smith y Tomaz (2025, Internet Policy Review), con entrevistas a administradores de siete instancias, encontró que tras la llegada masiva de usuarios de 2022 las instancias grandes y generalistas sufrieron el mayor estrés de moderación, con cargas que superaban sus recursos, mientras las pequeñas volvían a su nivel anterior. La alternativa exige decidir quién mantiene las infraestructuras, quién paga ese trabajo, cómo se reparten los costes de moderación y qué mecanismos de representación permiten gobernar redes grandes sin reconstruir un centro privado de poder; sustituir una plataforma central por muchas pequeñas no lo resuelve.

La regulación pensada desde Europa tiene un alcance limitado: el RGPD y el DSA rigen dentro de la Unión, pero las plataformas operan transnacionalmente y la extracción de datos cruza jurisdicciones. Nick Couldry y Ulises Mejias llaman colonialismo de datos (The Costs of Connection, 2019) a un orden social en el que la extracción continua de datos de la vida humana beneficia a unas pocas empresas. Los documentos de Haugen dan un indicio de cómo se reparten los costes: según uno de ellos, el 87% del presupuesto de Facebook para clasificar desinformación iba a Estados Unidos, mientras los usuarios de Norteamérica eran en torno al 10% de los diarios, y en 2020 la empresa carecía de clasificadores para detectar desinformación en birmano o discurso de odio en oromo y amárico; la empresa sostuvo que aplica la misma intensidad fuera de Estados Unidos. La externalización que opera dentro de una plataforma se reproduce así a escala global: los beneficios se concentran donde se toman las decisiones y los costes recaen sobre quienes menos pueden intervenir en ellas.

El reto es decidir quién gobierna las condiciones digitales en las que se recuerda, se desea, se conversa y se participa políticamente; aprender a usar mejor la pantalla es una parte menor del problema. Si la atención, los datos y las infraestructuras son recursos estratégicos, su gobierno no puede delegarse por entero en la rentabilidad privada. La respuesta democrática tendrá que combinar derechos individuales, obligaciones empresariales, investigación independiente, infraestructuras alternativas y formas colectivas de gobierno capaces de intervenir sobre la escala y la propiedad de las plataformas.

Zygmunt Bauman describió en 1996 al peregrino, alguien con destino, como la figura de la modernidad, y al turista, que va de sensación en sensación, como una de las figuras de la posmodernidad, junto al paseante, el vagabundo y el jugador. Propongo leer el turismo digital como un régimen temporal: desplazarse de sugerencia en sugerencia, sin tiempo para el sentido y sin que nadie tenga que ordenar que se siga avanzando. Sociedades que guardaron su memoria fuera de sí ha habido muchas; seremos la primera que la guarda en un servidor ajeno y olvida la contraseña. Recuperar la pantalla como herramienta pasa por disputar las condiciones bajo las que la tecnología organiza la atención, la memoria y el deseo, sin esperar volver a un mundo sin tecnología ni a una autonomía pura que nunca existió, y por recordar que, antes que usuarios, somos ciudadanos y cuerpos con memoria, deseo y tiempo finito.

Frente a una pantalla que piensa por cada uno, la alternativa es pensar juntos, y eso requiere construir las condiciones sociales, políticas y técnicas que lo permitan.