Piden dos años de cárcel por contratar a un abogado y una procuradora, no pagarles y falsificar sus firmas

El Ministerio Fiscal solicita un total de dos años de prisión para un hombre, acusado de un delito de estafa y otro de falsedad de documento mercantil, tras no haber pagado sus servicios a la procuradora y al abogado que le asistieron en varios procesos judiciales. El juicio está previsto para el próximo martes 26 de mayo a partir de las 9,30 horas, en la Audiencia Provincial de Logroño.

Los hechos, de acuerdo con el escrito de la acusación, se dirigen contra el acusado que “contrató los servicios profesionales de otra persona como procuradora de los tribunales y de un tercero como abogado, para su respectiva representación y defensa” en varios procedimientos seguidos en el Juzgado de lo Social número 1 de la capital riojana.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, “los honorarios devengados por la procuradora ascendieron a 309,43 euros, que el acusado no abonó, a pesar de que le fueron reclamados por vía postal, telegráfica y telemática”. Así, la procuradora “se vio obligada a instar, en fecha 20 de diciembre de 2023, el procedimiento judicial de Jura de Cuentas, que recayó en el Juzgado de lo Social Nº 2 de Logroño, el cual incoó el procedimiento” correspondiente. En el seno de ese procedimiento, presentó alegaciones por escrito, “manifestando que la factura había sido ya abonada a su letrado”, para lo que el acusado aportó “una factura por importe de 2.077,60 euros, en apariencia firmada digitalmente por el abogado”.

En esta factura se hacía constar “minuta de honorarios a profesionales”, pero, dice el escrito que, “exhibida la factura a dicho letrado, éste respondió que la factura presentada no era auténtica”. De este modo, para la acusación estos hechos son constitutivos de un delito de estafa procesal en grado de tentativa y de un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular, de los que responde el acusado en concepto de autor sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por ello, el Ministerio Fiscal considera que procede imponer al acusado la pena de dos años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y la pena de 10 meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros -lo que resulta en un total de unos 3.000 euros.