El Fiscal solicita una pena de tres años de cárcel así como 12.000 euros de indemnización para un abogado acusado de un delito de estafa y otro de deslealtad profesional al enriquecerse injustamente a costa de unos clientes que solicitaron sus servicios para la gestión de una herencia. Concurre en el procesado, D.N.C., la agravante de reincidencia al haber sido sentenciado anteriormente por otros delitos similares.
Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a enero de 2020 cuando tres personas contrataron los servicios de este abogado para que realizara diferentes actuaciones relacionadas con una herencia así como los trámites y gestiones en Notaría, Registro, Ayuntamiento y Catastro, para la futura venta de una vivienda y un local en la localidad riojana de Navarrete.
Como explica el Ministerio Fiscal en su escrito, para realizar dichas actuaciones el letrado elaboró un presupuesto total de 1.694 euros que fue aceptado por dichas personas abonándole, en primer lugar, el 50 por ciento de dicha cantidad y, el resto, al finalizar las gestiones. En concreto, una de las víctimas, en nombre de todos los herederos) ingresó la mitad de ese dinero, 847 euros.
A su vez, días más tarde, “a requerimiento del acusado”, también le ingresó en la cuenta 900 euros “para atender los gastos de notarías y registros”, explica la Fiscalía.
El acusado aceptó tanto estas cantidades como las futuras que iba a recibir de estas personas “con ánimo de enriquecerse injustamente de los bienes ajenos, de no cumplir con lo que se comprometía o realizando actuaciones profesionales que eran claramente insuficientes para tal fin y aprovechando su credibilidad empresarial y profesional”.
Durante varios meses, el procesado “continuó aparentando ante los perjudicados que realizaba de forma correcta y diligente todas las actuaciones a las que se había comprometido a realizar” y solicitando más dinero.
Finalmente, debido a la conducta del acusado, los perjudicados recibieron en agosto de 2021 un embargo de la Comunidad de La Rioja por la deuda de la Residencia que se suponía el acusado estaba gestionando. Y en abril del 2022 recibieron una citación con Hacienda en relación a una actuación inspectora con respecto al impuesto de sucesiones que debía haber gestionado el acusado.
Aún así, el acusado continuó aparentando profesionalidad y diligencia en sus gestiones e indicó a los perjudicados “que estaba todo presentado y correcto”. Incluso se ofreció a intervenir en el nombre de los tres, bajo presupuesto, que los perjudicados también aceptaron.
Debido a la no actuación del acusado y en concepto de sanciones e intereses que les impuso Hacienda por no efectuar la liquidación de la herencia en plazo, los perjudicados tuvieron que abonar más de 10.300 euros.
Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de estafa o subsidiarimente de un delito de apropiación indebida y otro de deslealtad profesional. Solicita para el acusado una pena de 3 años de cárcel para el primero de ellos y casi 5.000 euros de multa por el segundo. También pide la pena de 4 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad profesional de abogacía.
Además, el acusado deberá indemnizar a los tres acusados con 12.000 euros que se incrementará conforme a lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicha cantidad se corresponde con el importe fijado en el acuerdo alcanzado por las partes, reconocido como adeudado por don D. N. C., que resulta de sumar a la cantidad defraudada, las sanciones impuestas, más intereses y recargos que también han tenido que costear.