Revés judicial para el Ayuntamiento de Calahorra: “La anulación de una multa a la alcaldesa es de interés general”
La Fiscalía de La Rioja ha dictado el archivo de la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Calahorra contra el vicepresidente segundo del Parlamento de La Rioja y ex presidente del mismo, Jesús María García. El Ministerio Fiscal considera que los hechos denunciados —la publicación en un blog personal de la anulación de una multa de tráfico a la alcaldesa, Mónica Arceiz— carecen de cualquier fundamento delictivo. Según el decreto de archivo, la información difundida no constituye un delito de revelación de secretos, ya que se basaba en resoluciones administrativas que son, por naturaleza, públicas.
El origen del conflicto se remonta a octubre de 2025, cuando García hizo público en su blog personal 'ComoPuños.2' que el Ayuntamiento había anulado “de oficio”, mediante decreto de alcaldía, una sanción de 300 euros y la retirada de dos puntos que pesaba sobre la regidora por exceso de velocidad. La respuesta del equipo de Gobierno municipal fue ordenar a los servicios jurídicos una denuncia ante la Fiscalía, acusando al diputado socialista de manejar información reservada, un movimiento que la propia resolución judicial considera totalemente injustificado al no existir datos personales protegidos ni secretos de Estado en juego.
La resolución de la Fiscalía es especialmente contundente al defender el derecho a la información en una sociedad democrática. El texto subraya que el hecho de que a una alcaldesa se le reintegre el importe de una multa tras una anulación por “problemas técnicos” es una noticia que “forma parte del interés general de la comunidad de Calahorra”. De este modo, la justicia valida que el escrutinio sobre las actuaciones de los cargos públicos está amparado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Desde una perspectiva de vigilancia del poder, resulta significativo el uso de los canales oficiales para el ataque personal. El decreto señala que el dato de la multa ya había sido debatido en el pleno municipal de septiembre de 2025, lo que desarticula la tesis de la confidencialidad esgrimida por el Partido Popular. García ha lamentado que se haya intentado “calumniar a un adversario político impunemente” utilizando para ello las redes sociales y los recursos de la administración local.
A pesar de que el Ayuntamiento recibió el “Decreto de Archivo” el pasado 25 de marzo, la alcaldesa Mónica Arceiz ha mantenido un silencio absoluto sobre el resultado del proceso. Mientras que la interposición de la denuncia fue publicitada con gran despliegue en las redes sociales municipales y notas de prensa enviadas a los medios de comunicación, la resolución que exonera a García no ha sido comunicada por los cauces institucionales de la ciudad.
Por su parte, Jesús María García ha anunciado que estudiará posibles acciones legales tras verse señalado ante la opinión pública como un “posible delincuente” por ejercer su labor de crítica política. El parlamentario insiste en que su única intención fue destapar una “conducta reprochable” sobre un presunto trato de favor que, según la Fiscalía, es de pleno derecho que la ciudadanía conozca para garantizar la transparencia en la gestión pública riojana.