El diputado regional de IU, Carlos Ollero, ha reclamado al Gobierno riojano que “planifique” y “regule” la instalación de plantas de biometano y de biogás“, ante la ”auténtica proliferación en nuestra comunidad autónoma, y en las limítrofes, de proyectos relacionados con estas plantas“.
Ante ello, ha asegurado que “es el momento de que el Gobierno riojano afronte esta situación y no mire a otro lado; hay que afrontarlo ahora, antes de que sea tarde, antes de que existan consecuencias que puedan ser irreversibles en nuestra comunidad autónoma”.
En este punto, ha repasado los diferentes proyectos de este tipo de plantas. Ha indicado que hay cinco planteados en La Rioja, concretamente en Sorzano, Hervías, Valverde, Pradejón y Sotés, mientras que dos han sido rechazados, por los propios ayuntamientos, en Autol y Alfaro, así como otros dos, cerca de La Rioja, en las localidades navarras de Viana y de Sesma.
Para Ollero “se está generando una importante alarma social más que justificada en los entornos de las localidades afectadas por la posible instalación de estas plantas, que es similar a la que se generó en su momento con las instalaciones eólicas con los molinos de viento o incluso a la que se generó con las líneas de alta tensión”.
Ante ello, ha insistido en que la administración autonómica tiene que “intervenir” para que la instalación de estas plantas “se lleve a cabo de una manera sostenible; se lleve a cabo de una manera que asegure la protección ambiental en nuestra comunidad autónoma; se asegure también el bienestar de la ciudadanía y que además la repercusión económica de estos posibles proyectos reviertan en las comunidades locales, reviertan en la ciudadanía y no exclusivamente en beneficios económicos para grandes empresas”.
Ante este situación, Ollero ha indicado que, a través de una Proposición No de Ley, defenderemos este jueves “no posicionarnos en contra de estas plantas, porque también tienen elementos positivos, como la generación de energías renovables, también la gestión circular de distintos tipos de residuos orgánicos, sino que se valoren realmente los riesgos que suponen estas instalaciones, y que se planifique y regule su instalación”.
Para Ollero hay que asegurar que “la instalación de estas posibles plantas se haga desde un punto de vista de sostenibilidad ambiental, desde un punto de vista de justicia social y también desde un punto de vista de equilibrio territorial”.
Por ello, “vamos a solicitar una distancia mínima a núcleos urbanos, mínimo de dos kilómetros y mínimo de tres kilómetros cuando se trabaja con residuos animales, así como reclamar una evaluación ambiental rigurosa y garantizar participación ciudadana a la hora de decidir si estas plantas se instalan en una localidad en concreto”.
Finalmente, ha señalado que “vamos a proponer que se garantice que los beneficios económicos, como decíamos, se revierten en los municipios afectados, por ejemplo a través de medidas fiscales”, además de una “limitación técnica concreta de olores que puedan llegar a los núcleos urbanos y por último vamos a plantear también una moratoria cautelar, una moratoria similar a la que se planteó y se aprobó relacionada con los molinos, con las instalaciones eólicas, hasta que no se apruebe una normativa concreta”.