Isabel Díaz Ayuso ha recurrido a un informe exprés elaborado por un subordinado de su Gobierno para justificar su actuación en el contrato público a dedo de 1,5 millones en mascarillas que su Ejecutivo adjudicó a una empresa amiga de la familia y por la que su hermano cobró al menos 55.850 euros. El informe lo firma este mismo viernes el viceconsejero de Asuntos Jurídicos y secretario general del Consejo de Gobierno, Fabio Pascua Mateo, designado directamente por la presidenta madrileña. El equipo de Ayuso trata de presentar así el informe como técnico, pese a que la persona que lo firma es un cargo político.
En el escrito de nueve páginas distribuido a los medios de comunicación este mediodía y firmado hoy 18 de febrero, Pascua Mateo asegura que el Consejo de Gobierno –que preside Ayuso– “carece de competencia alguna para alterar el resultado de las actuaciones del órgano de contratación y, por tanto, se limita a la simple recepción de información por parte de dicho órgano de contratación de una manera pasiva–. Por todo ello, concluye, ”ha de descartarse que se haya producido “intervención” alguna en el contrato por parte de ningún miembro del Consejo de Gobierno“, entre ellos la presidenta madrileña.
“El verbo intervenir exige una participación activa, que requiere ostentar competencias de propuesta, informe o decisión, que no se dan en este supuesto”, asegura el viceconsejero, un cargo que nada tiene que ver con el cuerpo de letrados de la Comunidad de Madrid ya que su designación es política.
El informe elaborado este mismo viernes trata de responder a las palabras vertidas este viernes a primera hora por el líder del PP, Pablo Casado, en su entrevista en la COPE. “Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas, se pueden contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros por vender mascarillas. Yo no permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros por un contrato decidido en un Consejo de Ministros”, ha asegurado Casado en la entrevista.
El líder del PP también ha aludido al Código Ético de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid de contratación pública para poner en duda esta adjudicación. Por eso, en su conclusión, el supuesto técnico concluye que “no se ha producido en la actuación de ninguno de los miembros del Consejo de Gobierno, incluida su Presidenta, infracción alguna de sus deberes de abstención legalmente previstos, ni tampoco de los asumidos voluntariamente al suscribir el Código Ético de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, al recibir la dación de cuentas del contrato examinad”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid trataba este viernes de justificar la actuación de su hermano en el contrato y la suya propia en el mismo emitiendo un comunicado. En el mismo, Ayuso ha explicado que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, cobró 55.850 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive SL –propiedad de Daniel Alcázar– no por mediar con la administración regional, sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario, en concreto mascarillas en China, y por su traslado a Madrid. La dirigente regional menciona otras tres facturas abonadas a su hermano por la empresa del amigo de ambos, aunque supuestamente ajenas al contrato público de las mascarillas, de las que no aporta ninguna información.
La reacción de Ayuso de este viernes contrasta con la mantenida este jueves cuando acusó a la dirección de ir contra ella. Hoy, trataba de defenderse de las acusaciones emitiendo ese comunicado, con este informe exprés y con una rueda de prensa del consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, y el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. También estaba anunciado el consejero de Justicia, Enrique López, que a última hora se ha caído de la convocatoria.