El Gobierno de Ayuso ordena a los centros “neutralidad” al hablar a los alumnos de la huelga: “Su función es educar, no adoctrinar”

La Consejería de Educación de Mercedes Zarzalejo ha enviado instrucciones a los centros no universitarios con los puntos que debe seguir el personal para asegurar la “neutralidad” en lo referente a la huelga y evitar el “adoctrinamiento”. Un documento que los directores ya habían rechazado previamente al conocer que se iba a enviar y que, citando artículos y normas específicas, recoge prohibiciones como la colocación de carteles en el centro o “pedir o animar a los alumnos a sumarse a protestas, huelgas, concentraciones, recogidas de firmas o campañas relacionadas con un conflicto político”. Los directores aseguran estar “consternados”.

El objetivo de las instrucciones enviadas es el de evitar un supuesto “adoctrinamiento” en pleno tira y afloja de los sindicatos con Zarzalejo, que continúa al choque y se niega a sentarse con el comité de huelga. “El centro docente es de todos y debe ser neutral. Su función es educar, no adoctrinar”, asegura la Consejería en el documento remitido, una labor que, dicen, los profesores y directores desarrollan “con profesionalidad y compromiso”. Apesar de esto, el Gobierno de Ayuso ve necesario enviar los puntos con lo que está permitido y lo que no para “garantizar esa neutralidad”.

La Consejería dedica un apartado a “lo que no está permitido ante los alumnos” y recogen acciones como “transmitir” opiniones “políticas, ideológicas, partidistas o sindicales con el fin de que las compartan, ni dirigir su conciencia moral o política”; “utilizar las clases” para “ganar el apoyo de los alumnos a cualquiera de las partes de un conflicto político”; “pedir o animar a los alumnos a sumarse a protestas, huelgas, concentraciones, recogidas de firmas o campañas relacionadas con un conflicto”; “hacer comentarios” o “señalamientos” sobre compañeros que “hacen huelga o que deciden ir a trabajar”; “utilizar” aulas virtuales, redes o similar para “cualquier difusión proselitista o partidista”; colocar carteles en el centro que le atribuyan una “adhesión a partidos, candidaturas” o similar; “invitar al alula” en horario lectivo a personas ajenas para “movilizar a los alumnos” sobre un conflicto político, entre otros.

En el anexo se incluye un “modelo de comunicación de incidencias relativas al deber de neutralidad” para denunciar al centro con el “tipo de incidencia”:

El texto asegura que las instrucciones “no limitan ningún derecho legítimo”, como la “libertad de cátedra” del docente o el uso de tablones por parte de organizaciones sindicales. En caso de que haya “indicios graves”, la Inspección Educativa podrá “visitar el centro y entrevistarse con las personas implicadas”.

Rosa Rocha, presidenta de Adimad, la principal asociación de directores de centros de Secundaria de la comunidad, asegura que los directores están “consertados” desde que han leído las instrucciones. “No sabemos muy bien qué consecuencias puede tener esto, las estamos leyendo con atención y estudiando si es viable aplicarlas”, asegura.

La asociación ya advirtió la semana pasada de que no piensa seguir esta instrucción. “Los directores y directoras [de instituto] rechazamos de forma rotunda cualquier insinuación de que exista adoctrinamiento político o ideológico en las aulas públicas de la Comunidad de Madrid. Dicha afirmación no se corresponde con el funcionamiento real de nuestros centros ni con la profesionalidad del profesorado que desempeña diariamente su labor en ellos”, explicaron en una nota de prensa.

La asociación sostenía también que solo plantear esto —se anunció el miércoles pasado— mostraba “un preocupante desconocimiento de la labor cotidiana en las aulas y de la complejidad organizativa de los centros”.

Y anunciaba que no tienen intención de vigilar algo que no sucede. “Ante el anuncio de actuaciones vinculadas a la supervisión de mensajes políticos, los equipos directivos no aceptamos que se nos atribuyan funciones destinadas a vigilar o limitar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión de alumnos, docentes o representantes sindicales dentro del marco legal vigente”.