El PP se está valiendo de su más que cómoda mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid para vetar sistemáticamente todos los intentos de la oposición por indagar sobre el caso de su pareja, investigada por delito fiscal y falsedad documental tras enriquecerse durante la pandemia con comisiones por la compra de material sanitario.
Ni comisión de investigación, ni comparecencias de directivos ni de altos cargos, ni siquiera de la consejera de Sanidad, Fátima Matute. La titular de esa cartera se ahorrará comparecer para explicar —como pedía la oposición— si el grupo Quirón, uno de los grandes beneficiarios de la privatización sanitaria en la región y cliente principal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, pudiera tener algún trato sospechoso con el Gobierno regional.
Ayuso empezó defendiendo a capa y espada a su pareja: el 13 de marzo afirmó que la víctima era él y que era Hacienda quien le debía 600.000 euros. Pero enseguida trascendió que el propio comisionista había reconocido dos delitos fiscales, con lo que la estrategia pasó a ser la de la ofuscación: en los dos plenos en los que ha participado desde entonces, la presidenta regional se ha referido más a la ley de amnistía, a la trama Koldo y, en síntesis, a la maldad intrínseca del social-comunismo que a cómo se pagó la vivienda en que reside. “Llevo viviendo 20 años de alquiler”, ha llegado a esgrimir, en contra de la evidencia, para que la oposición no la atosigue.
La presidenta ha decidido que no se hable más del asunto y su grupo parlamentario lo ejecuta a rajatabla. Si el portavoz socialista, Juan Lobato, anunciaba una “fiscalización milimétrica” de la contratación de la Comunidad de Madrid a raíz del escándalo, su 'número dos', Marta Bernardo, se encontró el viernes pasado, en la reunión de la Junta de Portavoces, que la Mesa de la cámara había rechazado por “inconcreta” la comparecencia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
El PSOE quería, literalmente, conocer las “actuales relaciones contractuales del grupo Quirón con la Comunidad de Madrid”, pero los populares, que controlan el órgano de gobierno de la cámara, decidieron que no procedía.
Más Madrid, por su parte, había propuesto llevar al pleno una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a realizar una “auditoría exhaustiva de todas las actividades económicas de la Comunidad de Madrid en las que hayan estado implicados los distintos grupos empresariales partícipes de la colaboración público-privada en la sanidad de la región”.
Las PNL son una herramienta habitual de los grupos para debatir cuestiones con cierta extensión en el pleno. Es habitual que se celebren avanzada la sesión, cuando la presidenta ya no está presente, y necesitan de mayoría para salir adelante. Pero los populares no quieren siquiera fijar posición sobre el asunto. Tampoco en comisión.
“Es un ciudadano particular que no tiene absolutamente ninguna relación con la Comunidad de Madrid”, justificó el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, mientras su partido se afana por evitar que tal afirmación se pueda contrastar en la misma cámara. Y ni hablar de llamar a los directivos de Quirón. La Asamblea “no está para eso”, despachó. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, estalló: “No es que estén privatizando la sanidad pública, es que están privatizando la democracia desde el momento en que impiden cualquier tipo de debate en la Asamblea. Es indecente”.
Miguel Ángel Rodríguez, a salvo de los diputados
El comportamiento atrabiliario del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tampoco será analizado en el Legislativo madrileño. Descartada su dimisión por amenazar periodistas y esparcir bulos sobre su ejercicio profesional, PP y PSOE pretendían al menos que explicase lo sucedido. No será posible porque es un alto cargo “de asesoramiento”, pero no “ejecutivo”, objeta el PP.
El PP recuperó en las elecciones del año pasado una mayoría absoluta de la que no gozaba desde 2015. Si en 2021 logró enterrar a Ciudadanos, en 2023 se desembarazó de Vox, que había tumbado sus presupuestos para el ejercicio. Desde entonces, ha maniobrado para neutralizar el Consejo de Transparencia y la Cámara de Cuentas, cuyos miembros se elegían por mayoría reforzada para garantizar su independencia. Ahora, tras un cambio legal exprés y sin apenas debate, es suficiente la mayoría absoluta.
El rodillo ha soliviantado hasta a Vox; su diputada Ana Cuartero dimitió en febrero como presidenta de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, tras quejarse de que el presidente de la Cámara, el popular Enrique Ossorio, inadmitía sistemáticamente todas las iniciativas de los grupos. Ha sido uno de los pocos movimientos del partido ultra que ha contado con la comprensión de los dos grupos de la izquierda, unidos los tres, por una vez, contra el cerrojo del PP.
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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.
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