La Comunidad de Madrid suprimió dos cursos en un colegio público de Fuencarral justo antes de empezar clases
En el último fin de semana de las vacaciones y a solo un día del nuevo curso, el CEIP Leopoldo Calvo Sotelo de Madrid recibía una noticia inesperada: tendrán dos clases menos de las que ya habían previsto. Este colegio en el barrio de Las Tablas, al norte de Madrid, cerró antes del verano su programación de 2026/2027 con cuatro líneas para 4º y 5º de Primaria; es decir, cuatro grupos completos por cada una de estas etapas educativas. Pero en solo 48 horas y con el curso recién arrancado, una directriz de la Consejería de Educación ha desmontado el plan y levantado críticas desde tres frentes: el de las familias, el del profesorado que absorberá ahora a esos estudiantes y el de los docentes que, de un día para a otro, han perdido su plaza y deben irse a otro centro.
“Ha sido todo muy exprés, todavía no lo hemos asumido”, reflexiona una semana más tarde la presidenta del AMPA, Marta Vega. Para ese momento, asegura que las familias ya han interpuesto dos denuncias administrativas ante la Dirección del Área Territorial (DAT), un órgano autonómico que gestiona los colegios en la capital u otros puntos de la región. La razón que se le ha dado tanto a los usuarios del centro como a los docentes reasignados es la baja de algunos alumnos de ese grupo (“tres”, según las estimaciones de Vega), derivando en este reajuste de última hora.
Las familias temen que desarticular las clases y separar a estudiantes jóvenes de un entorno conocido pueda desestabilizarles. En cambio, fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, consultadas por esta cuestión, lo consideran una “adaptación del número de aulas” y aseguran que esto constituye un “proceso totalmente habitual” en la Administración. “Se ha detectado que el número de aulas autorizadas inicialmente era excesivo para los alumnos finalmente matriculados, pero en ningún caso se ha superado la ratio máxima autorizada por la normativa estatal”, declaran desde el Ejecutivo autonómico.
Con la eliminación de ambos grupos, las clases resultantes de 4º y 5º alcanzan e incluso llegan a superar el límite de 25 alumnos por aula establecido por la ley para la Educación Primaria. Para sostener estas afirmaciones hacen referencia a un porcentaje con el que la normativa, tanto la estatal como la autonómica, permite incrementar ese tope. Sin embargo, la ley educativa contempla sobrepasar el ratio máximo en hasta un 10% de manera tasada, y solo si se dan unas circunstancias “excepcionales”. “No me creo que esto sea algo excepcional, ni una razón para meter a más alumnos por aula”, considera la representante de las familias.
Cuando llegué el lunes a clase y nos dieron la noticia aún no sabíamos qué grupos se disolverían, ni tampoco quiénes tendríamos que marcharnos
La noticia ha caído como un jarro de agua fría en un momento en que los horarios lectivos ya estaban completamente diseñados y asignados, y con la práctica totalidad de la plantilla docente incorporada a sus puestos de trabajo. De hecho, desde el CEIP Leopoldo Calvo Sotelo recuerdan que este no es un centro ordinario cualquiera: se trata de un colegio público de escolarización preferente para alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
“Cuando llegué el lunes a clase y nos dieron la noticia aún no sabíamos qué grupos se disolverían, ni tampoco quiénes tendríamos que marcharnos”, narra Roberto al otro lado del teléfono. Este es uno de los dos profesores que han abandonado el CEIP Leopoldo Calvo Sotelo: según cuenta a Somos Madrid, el martes por la tarde lo llamaron del DAT para confirmarle su salida, y el miércoles a primera hora ya estaba dando clase en su nuevo centro en La Elipa. “Me dieron cinco opciones que seguían libres y esta me quedaba muy cerca, menos mal. Pero eso no quita que hemos perdido la prioridad al elegir sin haber tenido responsabilidad alguna”, destaca.
Además, según la presidenta del AMPA, tanto en cuarto como en quinto curso se concentra “buena parte del alumnado con necesidades educativas especiales”, así como ciertas dificultades de aprendizaje y altas capacidades que requieren una atención personalizada. En consecuencia, tanto las familias como el profesorado consultado insisten en que la Consejería no ha valorado en absoluto las dinámicas ni las realidades pedagógicas de este colegio a la hora de aplicar los recortes.
Ante este escenario de incertidumbre, la dirección del centro ya ha presentado las reclamaciones pertinentes por las vías oficiales para exigir la restitución de las aulas recortadas. Al mismo tiempo, la Asociación de Familias del Alumnado (AMPA) ha alzado la voz para exigir a la Consejería de Educación una revisión inmediata de la medida y la devolución de los recursos docentes quitados a las puertas del nuevo año académico.