Los fondos de inversión ponen sus ojos en los colegios de Madrid y ya controlan el mantenimiento en cuatro distritos
El mantenimiento de los colegios públicos de Madrid se ha convertido también en terreno de negocio para los grandes grupos empresariales y los fondos de inversión. Las tareas de conservación de los centros educativos de los 21 distritos de la capital están repartidas entre nueve compañías, pero la adjudicación de los contratos está muy concentrada: tres empresas acumulan 13 de los 21 lotes y el 63% del importe total. Además, casi la mitad del dinero destinado a estos servicios va a parar a compañías cuyo control está ya en manos de fondos de inversión o que se encuentran en proceso de venta, con este tipo de entidades entre sus posibles compradores.
Según datos consultados por este periódico, los contratos de mantenimiento de los colegios y otros equipamientos municipales de los distritos suman 39,2 millones de euros. Una fotografía que preocupa a Más Madrid, cuya portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, critica que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida haya convertido un servicio esencial para el funcionamiento de los centros educativos en una oportunidad de rentabilidad financiera.
“Almeida ha convertido también el mantenimiento de los colegios de nuestros hijos e hijas en un activo financiero con el que unos pocos pueden hacer negocio”, sostiene Maestre. La concejala pone el foco en que casi la mitad del presupuesto se concentra en empresas vinculadas a fondos de inversión o que están en venta para que estos entren en su accionariado.
La principal protagonista de este mapa empresarial es Serveo, antigua Ferrovial Servicios, que gestiona el mantenimiento de los colegios y otros equipamientos de Carabanchel, Centro, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas. La compañía acumula cuatro contratos, que representan el 21% del importe total, y pertenece desde 2024 al fondo de riesgo Portobello Capital. Este adquirió inicialmente el 75% de la empresa en 2022 y dos años después se hizo con el porcentaje restante. Posteriormente, un vehículo de continuación gestionado por el propio fondo ha llevado a cabo una compra apalancada de Serveo, mientras prepara la entrada de nuevos inversores.
La situación de Clece es diferente, aunque también coloca a la compañía en el radar de los fondos. Esta filial de ACS, presidida por Florentino Pérez, mantiene los contratos de Barajas, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Moratalaz, por un importe conjunto de 7,1 millones de euros, el 18% del total. La empresa lleva alrededor de dos años en venta y entre los interesados ha figurado Stoneshield Capital, otro fondo de inversión que negoció su entrada en el accionariado. Sin embargo, la operación quedó congelada en diciembre de 2025 después de las protestas sindicales y políticas.
A estas dos compañías se suma OHL Servicios Ingesan, filial de OHLA y adjudicataria del contrato de Vicálvaro, que representa el 6% del volumen económico. La empresa está en venta desde julio de 2026 y Serveo figura entre las posibles compradoras. Si la operación llegara a cerrarse, Portobello pasaría a controlar los contratos de mantenimiento de cinco distritos madrileños y más de una cuarta parte del presupuesto.
“Si lo consiguen, un solo fondo controlará cinco distritos de Madrid y más de una cuarta parte del dinero del mantenimiento de los colegios”, advierte Maestre. La portavoz de Más Madrid cuestiona que empresas cuyo objetivo es obtener rentabilidad y vender posteriormente sus participaciones se encarguen de un servicio que requiere reparaciones continuas y atención a las necesidades cotidianas de los centros.
“Un fondo de inversión no quiere mantener colegios, un fondo no está para arreglar una persiana, unas ventanas o unos baños. Quiere comprar, ganar dinero y vender”, afirma. A su juicio, esta lógica puede acabar repercutiendo en la calidad del servicio y en la ejecución de las reparaciones que necesitan los centros educativos.
Tres empresas concentran el 63% de los contratos
Más allá de la presencia de los fondos, el reparto de los contratos refleja una elevada concentración empresarial. Centralia Servicios Integrales es la compañía que más lotes acumula, con cinco distritos (Chamberí, Latina, Retiro, Villaverde y Tetuán, este último en una unión temporal de empresas), por un importe de 9,3 millones de euros, el 24% del total. Le siguen las citadas Serveo, con cuatro contratos, y Clece, también con cuatro.
El resto del servicio se distribuye entre otras seis compañías. CPI Integrated Services, ahora denominada Copisa Integra, gestiona los contratos de Arganzuela y Salamanca; Acierta Asistencia, integrada en el grupo asegurador Caser, se encarga de Usera; Ortiz Construcciones y Proyectos tiene el lote 1 de Moncloa-Aravaca; Acciona Facility Services mantiene los centros de Puente y Villa de Vallecas, y ACSA Obras e Infraestructuras, perteneciente al grupo Sorigué, se ocupa de Chamartín.
También figura Centralia, una empresa que, pese a encabezar el número de adjudicaciones, presenta una estructura societaria muy distinta a la de las grandes corporaciones del sector. Se trata de una sociedad madrileña constituida en 2011 con un capital social de 3.100 euros y que forma parte de un grupo independiente. No se ha detectado participación de fondos de inversión en su propiedad.
Ofertas a la baja y casi dos millones en penalizaciones
La preocupación por el modelo de adjudicación no se limita a quién está detrás de las empresas. Los datos de los contratos reflejan también que siete de los 21 lotes se concedieron a compañías que habían presentado ofertas anormalmente bajas, según datos a los que ha tenido acceso este periódico. En todos esos procedimientos, los servicios técnicos municipales aceptaron las justificaciones de las adjudicatarias y les permitieron hacerse con el servicio.
Es una práctica que, según denuncia Maestre, pone en cuestión la capacidad de las empresas para prestar el mantenimiento en las condiciones exigidas. “Nadie hace el mismo trabajo por la mitad de dinero. ¿Quién lo paga? Nuestras hijas e hijos y el profesorado, dando clase en condiciones penosas”, critica la portavoz.
A ello se suma el historial de penalizaciones de las compañías. Siete de las nueve adjudicatarias actuales acumulan sanciones municipales entre 2023 y 2026: en total, 99 penalidades por cerca de 1,95 millones de euros. Si se añade el caso de Genera Quatro, anterior responsable del mantenimiento en Retiro, la cifra asciende a 103 penalizaciones y supera los dos millones de euros.
Precisamente el contrato de Retiro constituye uno de los ejemplos más significativos de los problemas derivados de las ofertas a la baja. Genera Quatro se hizo con el servicio tras presentar una oferta anormalmente baja, acumuló cuatro penalizaciones por 57.772,80 euros y acabó con el contrato resuelto por incumplimientos en la prestación. Centralia asumió posteriormente el mantenimiento mediante un contrato de emergencia.
También el contrato de Villa de Vallecas, adjudicado a Acciona con una oferta anormalmente baja, acumula ya tres penalizaciones por ejecución defectuosa, dos de ellas relacionadas con el lote de centros educativos. Otras adjudicatarias, como ACSA, Ingesan, Clece y Serveo, también recibieron sanciones en anteriores contratos de mantenimiento de distritos.
“Empresas con contratos temerarios sancionadas hasta casi 100 veces por este mismo Ayuntamiento por incumplimiento siguen acumulando contratos”, denuncia Maestre, que reclama al Gobierno de Almeida que asuma su responsabilidad en la conservación de los centros públicos. La portavoz defiende que el mantenimiento escolar debe quedar al margen de los intereses financieros: “No puede ser un negocio que se rifen unas pocas empresas”.