El “descontrol” que el Gobierno regional tiene de los pisos turísticos ha sido denunciado hoy por el PSOE, que ha hecho público el dato de que la Comunidad de Madrid tiene a día de hoy cinco personas dedicadas a la inspección de vivienda turística, una competencia que es responsabilidad de esta entidad.
Estos cinco inspectores -uno menos que en 2014, cuando había seis- tienen que encargarse de vigilar los 9.673 pisos dados de alta como viviendas turísticas en la Comunidad de Madrid y, además, revisar los que están fuera de la lista y no cumplen la normativa.
“Existe un descontrol absoluto por parte del gobierno regional sobre las viviendas de uso turístico” ha declarado a la Cadena Ser el diputado socialista Daniel Viondi. Esta falta de control de las viviendas turísticas, que se han implantado por miles en lugares como el distrito Centro de Madrid, quedó ejemplificado con claridad en el caso de la buhardilla sin cédula de habitabilidad que se alquila en la calle Ruiz, y cuya denuncia fue archivada por no confirmarse en la inspección que fuera un piso turístico, pese a estar anunciado en internet.
Para añadir falta de agilidad al sistema, la Comunidad de Madrid confirma que se investigan 8 denuncias al mes (418 en los últimos cuatro años), de las que 42 han acabado en sanciones y solo 11 multas se han hecho efectivas a día de hoy. El Gobierno regional ha prometido a la Cadena Ser que en 2019 se duplicará el número de inspectores.
La vigilancia urbanística del Ayuntamiento
Los datos de la Comunidad de Madrid contrastan con los del consistorio, que en menos de un año ha inspeccionado 910 viviendas turísticas, dentro de sus competencias de disciplina urbanística. Ahora Madrid sostiene que no se puede ejercer actividad económica sobre suelo residencial sin licencia y en virtud de la normativa de la capital está ordenando el cierre de cientos de pisos Airbnb. De momento lleva 234 órdenes de clausura y gestiona otras 260.
Además, el equipo de Desarrollo Urbano Sostenible espera aprobar de forma definitiva en las próximas semanas el Plan Especial para ilegalizar el 95% de los miles de pisos turísticos que invaden los edificios residenciales de la ciudad.