En Somos Malasaña podemos presumir de haber sido el primer medio de comunicación de Madrid en declarar públicamente la guerra al sindiós del alquiler turístico vacacional. Centrados en ese microcosmos informativo nuestro que es Malasaña, no tuvimos más que estar atentos a lo que pasaba en la zona para lanzar la voz de alarma.
Hace más de dos años advertimos a nuestros lectores y vecinos de la plaga silenciosa que se nos venía encima sin ser todavía conscientes de lo rápido que se iba a extender ni de la voracidad de la misma; entonces nos enfrentamos a la incomprensión de algunos que, equivocadamente, creyeron que nuestra denuncia provocaría es el control regulatorio y fiscal sobre la práctica de la economía colaborativa (alquilar a un turista una habitación de la propia vivienda en la que uno habita), gracias a la cual muchos malasañeros pueden llegar con más holgura a fin de mes.
También hemos llamado a la puerta de la Administración para ser los primeros en poner a sus responsables en contacto con la realidad de lo que estaba pasando en el barrio; hemos empujado el despertar de la sensibilidad de los colectivos sociales de la zona sobre este problema; hemos llevado de la mano a colegas de medios de comunicación con mucha más difusión que el nuestro hasta nuestras fuentes, haciéndoles partícipes de nuestra investigación y de la dimensión y consecuencias que había adquirido este fenómeno que a posteri fue bautizado como turistificación; hemos sido los primeros en montar un foro de debate sobre este asunto cuando en las altas esferas del Ayuntamiento lo que se estaba presentando era un informe obsoleto sobre número de camas hoteleras y en la Comunidad de Madrid negaban cualquier peligro, cualquier conflicto, y hacían ver como que el asunto no iba con ellos.
Desde nuestra modestia de medio de barrio -no de un barrio cualquiera-, hemos puesto sobre la mesa el debate del alquiler turístico, logrando junto a otros colectivos introducirlo en la agenda social, mediática y política; exigiendo que cada quien tome cartas en el asunto, se retrate y no escurra su responsabilidad. Este periódico lo ha hecho y lo seguirá haciendo. El tema cansa, la lucha desgasta, pero de nada serviría el camino andado hasta el momento si desfallecemos ahora que todo parece estar encaminado hacia una regulación.
Hay que seguir empujando y vigilando, pero nos llena de satisfacción ver cómo existe un consenso, que se sitúa más allá de ideologías, sobre el hecho de que las ciudades no pueden quedar a merced de aquellas empresas o particulares dispuestos a llenarse los bolsillos vendiendo su alma. La solución pasa por regular el actual despropósito. Y regularlo bien.
El Ayuntamiento de Madrid, por el momento, y con todas las incertidumbres y reservas que pueda generar una propuesta regulatoria tasalmente esbozada, al menos está moviendo ficha (moratoria) en una dirección esperanzadora para tratar de poner orden en el sector del alojamiento turístico. No sucede lo mismo con la Comunidad de Madrid, cuyo única propuesta al respecto ha nacido muerta y mantiene una inacción tan inexplicable como inaceptable para todos.
Desde Somos Malasaña insistimos en que la actual desregulación en el sector de las viviendas de alquiler turístico ha provocado un enorme problema de vivienda en las zonas más céntricas de la capital, con el consiguiente encarecimiento de los alquileres de larga duración, la paulatina sustitución de vecinos de esas zonas por visitantes -debido a la presión de los precios- y el consiguiente vaciado de vida de barrios enteros. Ya hay un turista por cada tres habitantes en el barrio. Y advertimos que en todo este proceso existen unos agentes aceleradores que se han lanzado en picado a extraer el máximo beneficio posible: fondos de inversión y grandes empresas campan a sus anchas en este río revuelto y desregulado.
¿Se debe permitir que alguien pueda alquilar una habitación de la vivienda en la que reside? Sí. ¿Se debe regular la cantidad máxima de días al año que puede un propietario alquilarla -el Ayuntamiento piensa en 90 días-? Es posible. ¿Se debe permitir un número máximo de viviendas de uso turístico (VUT) que deberán solicitar su correspondiente licencia para poder operar más allá de 90 días? Creemos que no. Las viviendas son para vivir y no para alojar turistas. Por ello, no se deberían conceder este tipo de licencias, que suponen la sustitución de una vivienda de uso residencial a un uso terciario. En la práctica, sería una enorme recalificación de la zona centro sin pasar por el Plan General.
Hay un número creciente de ciudades que sólo permiten alquilar a turistas la vivienda en la que un propietario está censado. Es decir, la propia. ¿No debería poder hacer un propietario lo que le dé la gana con su propiedad? Desde luego que no, si eso desestabiliza el sistema y el derecho constitucional de acceso a la vivienda. Y quien tiene la responsabilidad de dejar un territorio mejor de lo que lo encontró cuando recibió el encargo de gobernarlo vía urnas debe protegerlo ante cualquier peligro y éste que nos ocupa no es menor.