Cuando se cumple un año de que las asociaciones de vecinos de Centro denunciaran en masa la actividad ilegal de decenas de viviendas y apartamentos turísticos en Madrid, el Ayuntamiento empieza a tomar medidas contra estos establecimientos que operan por miles al margen de la normativa en el corazón de la ciudad. De momento ha anunciado el cese de actividad a 70 de ellos.
Esta sanción tiene lugar después de varios meses de visitas de los inspectores municipales, que iniciaron operaciones en diciembre para comprobar si en los alojamientos denunciados se estaba o no llevando a cabo una actividad turística. Se han levantado ya 467 expedientes administrativos (en agosto de 2017 la cifra se elevaba a 153), entre ellos algunos situados en Malasaña como el de Corredera Baja de San Pablo 33. Sobre 174 de ellos se ha podido confirmar que se estaba desarrollando dicha actividad, informa el Ayuntamiento en nota de prensa.
Las sanciones están llegando desde la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid, dependiente del Área de Desarrollo Urbano Sostenible. De los 467 expedientes administrativos abiertos por las denuncias recibidas, 151 expedientes se refieren a viviendas de uso turístico mientras que el número de apartamentos turísticos expedientados asciende a 316. La mayoría se encuentran en el distrito Centro (339) mientras que los distritos de Moncloa (56), Chamberí (37) y Salamanca (10) acumulan el resto de denuncias.
En Malasaña son muchas las empresas que explotan antiguas viviendas como si fueran hoteles, sin tener licencia para ello. Este periódico desveló recientemente los casos de Flor Alta 6 y de Noviciado 9, donde además se ha viven o se han vivido procesos de expulsión de inquilinos a largo plazo para destinar los inmuebles al alquiler turístico. Son los últimos de una larga lista de edificios que se han sacado del mercado residencial, una lista que lejos de frenarse sigue aumentando en algunos puntos como la calle Minas o en Desengaño.
Trabas de la Comunidad de Madrid a las sanciones
Trabas de la Comunidad de Madrid a las sanciones
El Ayuntamiento informa de que en parte de alojamientos se ha abierto inspección pero no se han iniciado las sanciones porque “no se ha podido verificar el uso turístico que se esté haciendo” y debe pedir un informe a la Comunidad de Madrid, preguntando: “si el alojamiento denunciado se encuentra inscrito en la Dirección General de Turismo así como su referencia de inscripción” y otros datos adicionales.
El Ayuntamiento practica estas inspecciones dentro de sus competencias de disciplina urbanística. Es la vía que ha encontrado para intentar frenar un fenómeno responsable en parte de las enormes subidas de alquileres experimentadas en Madrid durante los últimos dos años. Además, en las próximas semanas aprobará una norma para intentar ilegalizar el 95% de las viviendas que a día de hoy se alquilan por Airbnb en la capital. Lo hace después de acusar a la Comunidad de Madrid de dejación de funciones a la hora de inspeccionar estas viviendas turísticas, ya que la regulación hostelera está entre las competencias del gobierno que dirige Ángel Garrido.
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