El PP malvendió en Malasaña un edificio en el que cabrían los funcionarios que ahora quiere ubicar en San Bernardo 68

Una de las razones en la que los nuevos dirigentes municipales se escudan para justificar su decisión de no seguir adelante con el plan de ubicar un centro sociocultural para la zona norte del distrito Centro en las plantas superiores del edificio de San Bernardo 68 es el ahorro de 800.000 euros anuales que supondría el movimiento a esa ubicación de trabajadores municipales del área de Deportes, que actualmente ocupan un edificio alquilado de la calle Alfonso XI.

Pero esa hipotética falta de oficinas para el funcionariado y ese dispendio de dinero que ahora dicen querer evitar no es más que la consecuencia de la política de venta de inmuebles municipales que hace sólo una legislatura ejecutó el mismo PP que ahora manda. En la época de Ana Botella, la venta del patrimonio de todos los madrileños fue una constante. El objetivo, reducir la enorme deuda municipal generada, principalmente, en la ejecución de grandes proyectos por parte también de otros gobiernos del PP. En muchas ocasiones, las ventas de ese patrimonio se realizaron a precio de saldo, al no encontrar compradores que pujaran por él a precio de mercado.

El nuevo concejal de Centro, José Fernández, ha ofrecido que el centro sociocultural que se necesita en la zona se construya en el cuartel del Conde Duque en lugar de en San Bernardo 68 y asume como propio el cambio de planes. Sin embargo, el dirigente se ha encontrado con la oposición de las dos mayores fuerzas vecinales del barrio, la Plataforma Maravillas y SOS Malasaña, que han decidido pelear por el espacio de San Bernardo, tal y como estaba aprobado.

Si con la operación que ahora se prepara en el Ayuntamiento se pretende ganar algo más de 2.000 metros cuadrados para oficinas, no podemos dejar de acordarnos de un edificio de oficinas como el que el PP vendió en junio de 2015 en la calle Divino Pastor. Allí, en el número 9 de la citada vía, se encontraban las oficinas municipales de Medio Ambiente. El edificio fue vendido justo después de ser remodelado y, casualidades de la vida, entre sus cinco plantas sumaba los mismos 2.000 metros cuadrados que ahora parecen ser tan necesarios para ubicar el área de Deporte. Ese inmueble fue malvendido por solo 1,7 millones de euros, con un coste para el comprador de 853 €/m² en una zona donde el precio medio del mismo, en aquella época, estaba en torno a 3.000 €/m².

El comprador de aquel negocio «redondo» fue la empresa Craskí Inversiones S.L.U., que abonó la adquisición a través de la empresa de Miguel Ángel Capriles (Fernando VI 10), primo del conocido opositor venezolano Henrique Capriles. Pese a que consta que el Ayuntamiento sacó a subasta el edificio en cuatro ocasiones -bajándolo de precio en cada vez-, acabó adjudicando la venta a dedo y ninguna entidad inmobiliaria de la zona tuvo conocimiento de la operación. “Ese precio fue un regalo, que cualquiera hubiera podido superar de haberse hecho una venta limpia”, denunciaba por aquel entonces Apimonteleón, agencia inmobiliaria madrileña con amplio conocimiento de Malasaña. Por su parte, la asociación de vecinos Acibu se preguntaba lo siguiente: “¿Por qué el equipo saliente ha hecho semejante regalo? ¿son unos ineptos o hay algo más?”. Hoy, Divino Pastor 9 se ha transformado en un edificio de pisos, cuya promoción está a punto de ser entregada. El precio actual del metro cuadrado de vivienda de obra nueva en la zona ronda los 7.000 €/m².

Divino Pastor 9 es un ejemplo más de los espacios de titularidad municipal vendidos por el PP en los últimos años en Malasaña. Para quienes ahora compran al gobierno de Almeida la cantinela del ahorro de dinero público en la que se excusa para dejar a la zona norte del distrito sin su prometido centro sociocultural cabe invitarles a hacer unas sencillas cuentas: si un edificio de oficinas como Divino Pastor 9 se vendió por solo 1,7 millones de euros hace cuatro años, estando en perfecto estado de uso, de no haber sido ejecutada esa operación y habiendo trasladado ahí a esos empleados municipales a los que ahora se les busca acomodo en el barrio, el Ayuntamiento habría ahorrado en este tiempo el doble de dinero de lo que percibió en su día por esa venta.