El embrollo inmobiliario que dura 35 años en Tetuán y que obligó a decenas de realojados a okupar sus propias casas
La semana pasada apareció en una de las vallas metálicas del enorme solar de la calle Tiziano, en Tetuán, un llamativo cartel: “De Botín a Almeida. 30 años de estafa. De lucha”. Algunos vecinos saben a qué se refiere, pero muchos de los actuales habitantes del barrio lo miran con extrañeza y se preguntan qué quiere decir el enigmático mensaje. Otros, captan la referencia al PERI Tiziano-Dulcinea, una operación urbanística suspendida en el tiempo durante tres décadas cuya cicatriz más visible es el propio solar, pero que va mucho más allá.
El caso tiene su origen en la operación de regeneración urbana de una manzana contigua a Bravo Murillo y a pocos minutos andando de la zona de la Castellana que comenzó a principios de los años noventa. En su camino inacabado se cruzaron estafadores, el Ayuntamiento de Madrid, varias entidades bancarias y un conocido fondo de inversión internacional.
El caso del PERI Tiziano Dulcinea ha afectado a más de un centenar de personas –muchos perdieron sus viviendas– y agotó un tortuoso recorrido judicial el 30 de octubre de 2024 en el Juzgado de lo Mercantil número 7, lo que ha permitido reactivar la urbanización pendiente, el desenlace de los realojos no satisfechos en su momento y la actividad económica de los propietarios de los pisos y solares.
La propiedad de los activos pasó parcialmente en 2018 del Banco Santander a Blackstone. El banco español se alió con el gigante norteamericano para fundar un paraguas llamado Quasar (donde Blackstone tiene el 51% y el Banco Santander el 49%). La estructura debía servir para dar salida al ladrillo heredado del Banco Popular, al que habían comprado previamente. Dentro de esta operación, encontramos a Inversiones Inmobiliarias Canvives, que maneja los terrenos, y a Inmobiliaria Aliseda, que gestiona y comercializa los activos inmobiliarios. Estas últimas son las sociedades que se vienen comunicando –y que, según el caso, están denunciando– a las personas que viven distintas situaciones relacionadas con el desenlace de la operación.
Recientemente, se han producido algunas denuncias por usurpación y órdenes de desahucio, que han motivado la unión de algunos afectados directos del proceso con otros vecinos que viven okupando en los pisos comprados por Blackstone en una urbanización de varios pisos construida entre las calles de Teruel, Dulcinea, Jaén y Tiziano. Se trata de nuevos bloques en lucha guiados por el Sindicato de Vivienda de Tetuán.
Es a esto a lo que hacía referencia el cartel: se presentarán el próximo viernes en el solar que hay al final de la calle Teruel. En el lugar, lleno de maleza seca, tendrá lugar un coloquio en el que estarán presentes afectados, el Sindicato de Vivienda de Tetuán y también representantes de la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán, que jugó un papel en el realojo de una parte de los vecinos al principio del proceso.
Por el momento, algunas personas viven acusadas de okupas en casas en las que entraron con su llave y de las que tienen papeles; otras perdieron su casa y no son pocos los pisos que permanecen tapiados.
Una complicada historia de expropiación
En 1991 el Ayuntamiento de Madrid declaró la manzana comprendida entre las calles de Tiziano, Dulcinea, Jaén y Teruel, en el barrio de Cuatro Caminos, como zona de especial degradación y decidió emprender una ambiciosa operación de reforma urbanística conocida en lo sucesivo como PERI 6-7 Tiziano-Dulcinea. PERI no es otra cosa que las siglas de Plan Especial de Reforma Interna y su puesta en marcha debería haber supuesto la renovación de un ámbito de 34.966 metros cuadrados cuya consolidación lleva años a medio hacer.
El viejo barrio estaba compuesto por casas bajas o de pocas alturas. Varias, las de más de un piso, siguen en pie y dan una idea de cómo era el paisaje urbano de hace tres décadas, que hoy parece olvidado e incluía también pequeñas industrias como un taller de aluminio, una imprenta o un taller de carpintería, entre otros negocios.
Un modelo residencial habitual en el barrio era el de un edificio pequeño en cuyos distintos pisos vivían los padres y se asentaban luego los hijos con sus nuevas familias, por lo que el descalabro de la operación tocó de lleno a familias enteras
A la hora de afrontar los realojos, a los vecinos se les ofreció una doble vía. Por un lado, la expropiación forzosa. Por otro, una operación guiada por una empresa privada que era más ventajosa para ellos. Hacia 1995 se creó una junta de compensación gestionada por la compañía Courbasa, relacionada con la familia de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el PSOE y actual presidente del Banco de España.
La vía de la junta de compensación era sencilla a priori: ceder sus viviendas o locales a cambio de recibir una casa de protección oficial en el nuevo barrio. Las medidas de la casa venían dadas por los metros cuadrados entregados y por el número de habitantes de los hogares. Un centenar de vecinos del barrio –la mayoría– optaron por esta vía. El Ayuntamiento también recibiría a cambio parcelas para dotaciones públicas y la empresa gestora obtendría la explotación de parte del terreno, cuya edificabilidad era notablemente superior a la original. Aparentemente, todo el mundo ganaba con la operación.
A partir de 2002 entra en escena un nombre que nunca olvidarán los vecinos afectados por el PERI, el empresario sevillano Bernardo Martín Moreno –que falleció en 2019–, cuya empresa (Somersen) absorbió Corbuasa. Esta empresa recibirá un préstamo de 77 millones de euros del Banco Pastor, cancelando otro anterior de la junta de compensación de la época con el Banco Popular. La entidad bancaria dio vía libre al préstamo en veinticuatro horas y Martín Moreno se comprometió a devolverlo en solo dos años. Lo exiguo de ambos plazos ha hecho sospechar siempre a vecinos y a la administración concursal que hubo irregularidades. Según publicaba El País en 2012, Moreno “asignó a otras promociones [el dinero] en Andalucía y a sufragar los gastos de una fundación que utilizó posteriormente para hacer negocios en Costa Rica, país del que fue cónsul honorario”.
Por otro lado, para solicitar este segundo préstamo, la empresa registró las cuotas de participación en la junta de compensación a su nombre. Como el lector habrá adivinado, el préstamo nunca fue devuelto –tampoco se construyeron todas las viviendas necesarias – y la entidad bancaria se hizo de esta manera con las aportaciones de los vecinos. Somersen, de hecho, había entrado en suspensión de pagos en 2006. Todo sucedió sin que los aportantes se enteraran de absolutamente nada de lo sucedido.
Mientras que algunos vecinos recibieron correctamente sus realojos, otros se encontraron con pisos con cargas hipotecarias que no esperaban –que abocaron a no pocos de ellos a perder la vivienda– o no llegaron a recibir los pisos. Este medio ha podido hablar con algún afectado que explica que los notarios con los que firmaron las escrituras en ningún momento mencionaron las cargas del piso, un relato que se repite entre muchos de ellos.
A partir de ese momento, comenzó una larga travesía en el desierto para los afectados del proceso ligado a los vaivenes silenciosos del mercado inmobiliario. El banco Santander adquirió en 2018 la deuda del Banco Pastor después de que este quebrara, como dijimos. A continuación, entraron en escena Blackstone, Canvives y Aliseda.
Durante la primera década de los 2000 hubo cierta unión vecinal y lucha, tanto en la calle como en los tribunales, que tuvo como protagonista a la asociación de afectados APITEDU. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha mostrado buena predisposición verbal en numerosas ocasiones. En 2006 declaró que la actuación de la junta de compensación (en la que estaba presente como vocal) había sido irregular, y recientemente se ha reunido con algunos afectados, pero estos siempre han pensado que han faltado a su deber in vigilando dentro de un proceso de regeneración urbana que al que el consistorio dio vía libre.
Tras algunos varapalos judiciales, el Tribunal Constitucional paralizó actuaciones urbanísticas y desahucios, permitiendo que fuera el Juzgado de lo Mercantil quien prosiguiera con el concurso de acreedores contra Somersen. Se estableció una nueva junta de compensación que ha seguido actuando durante todos estos años y que aún está en vigor.
Vecinos obligados a okupar sus propias casas
Los realojos derivados del PERI Tiziano-Dulcinea se llevaron a cabo para comerciantes, aportantes –propietarios– e inquilinos. Hablamos con Sara (nombre ficticio) y Juan, que en su momento obtuvieron compromisos de realojo como antiguos inquilinos firmados notarialmente y viven en los bloques de Tiziano y Jaén de la discordia.
Sara vive en el piso que se concedió a su familia siendo aún una niña. Queda con nosotros con una carpeta repleta de documentación y trata de desentrañar lo mejor posible un caso lleno de aristas. Explica que hubo durante el proceso personas que se aprovecharon de la situación, “gente que compró viviendas deshabitadas para entrar en la junta, otros que empadronaron a más gente, personas que se enteraron y no tenían nada que ver con el vecindario”.
“Después de esto, hubo una parte de familias que se quedaron sin casas, entre ellos mi familia. Se nos dijo que se iban a construir los edificios de renta libre del final de la calle Tiziano [los que ahora son noticia por convertirse en bloques en lucha] y que se nos respetarían las condiciones iniciales. Esperamos y firmamos”, dice Sara mostrando un compromiso firmado ante notario.
A continuación, sus padres fueron al banco para formalizar la hipoteca necesaria para hacer frente a los costes que conllevaba el realojo. Fue entonces, al denegárselo, cuando se enteraron de que el piso tenía una carga millonaria con la que no contaban. “Como todo eran buenas palabras por parte del Ayuntamiento, que nos decía que la situación se solucionaría, al principio esperamos”, dice Sara.
Pasaron los años y la comunidad de propietarios se puso en contacto con su familia para decirles que las viviendas deshabitadas estaban sufriendo un deterioro. “En 2015 entramos con las llaves –que ya teníamos– a vivir mi marido, mis hijos y yo. Como nosotros, otras personas hicieron lo mismo”. Desde entonces, viven allí con los suministros dados de alta legalmente gracias a la cédula proporcionada por Urbanismo para ello. Su madre, mientras, siguió viviendo en la vieja casa de la calle de Tiziano, que sigue pendiente de ser derribada.
“En 2018 se presentó el Banco Santander, les enseñamos el compromiso de escrituras que obra en nuestro poder y no volvimos a saber nada hasta finales de 2025, cuando mi madre recibió un burofax de la nueva junta de compensación explicándole que se iban a reactivar los realojos”. Ellos pensaban que su madre iría a vivir a la casa donde están ellos, que buscarían otro hogar. Para su sorpresa, Sara recibió una notificación de la policía judicial que resultó ser una denuncia por usurpación.
A su madre se le ha informado de que no se le realojará en el piso que originalmente le correspondía sino en otro de la cercana calle de Teruel de cuarenta metros cuadrados (en lugar de los más de noventa que figuran en su compromiso de realojo). Una casa que no cumple con los estándares de accesibilidad necesarios para una persona mayor. Un piso para el que, en todo caso, no se respetan las cantidades que figuran en el documento firmado hace años, pidiendo ahora otras mucho más elevadas que son inasumibles para una pensionista de setenta y siete años.
Desde entonces, Sara entró en contacto con diferentes personas que dijeron ser mediadores nombrados por la nueva administración, con la junta de distrito y, a través de esta, con urbanismo e incluso con la inmobiliaria Aliseda. Cuenta con pesar lo que han pasado durante el proceso: “Nuestras conversaciones con asuntos sociales han sido duras, todo el rato mencionaban de la posibilidad de perder la custodia de mis hijos por nuestra situación de vulnerabilidad”. Se ha celebrado ya el juicio por usurpación, del que ha salido absuelta.
Juan nos recibe en su casa de la calle de Jaén –en la misma urbanización de lo que pronto serán bloques en lucha– junto a su mujer. Para entrar en su casa, pasamos por varias puertas cementadas por la propiedad. Estamos en el salón de su casa y, a su alrededor, hay fotos que resumen la vida de la familia, que comenzó en el barrio cuando se casaron y fueron a vivir a la calle de Tiziano, allá por los años setenta.
El caso de Juan y su familia fue similar al de los padres de Sara. También era una familia numerosa y, como no había pisos de noventa metros cuadrados –que es lo que les correspondía– les prometieron un piso en el edificio de venta libre. “Y así fue, lo que pasa es que ya coincidió en el tiempo con la estafa de Somersen en colaboración con el Banco Pastor”, explica leyendo un párrafo del documento notarial que lo acredita.
Poco después de entrar a vivir en su vivienda, les llegó una orden de desahucio. El piso tenía una hipoteca de 84 millones de pesetas que él desconocía –y que los notarios no mencionaron durante la firma, advierte su pareja–. “Fuimos desahuciados”, explica Juan levantándose a por un recorte de periódico que se hizo eco de su caso.
La administración concursal, atendiendo a la situación precaria de la familia, les realojó en un piso de la misma urbanización en la que estaba su casa original. Ahora, se pretende que abandone la vivienda de una habitación en la que vive con su mujer. A cambio, como en el caso de Sara, les proponen acceder a un piso más pequeño o a una indemnización de poco más de 80.000 euros, una cantidad fijada con arreglo a la realidad de 1994. “Hasta que no nos den nuestra vivienda no nos podemos ir de aquí”, asevera.
Tanto en el caso de Sara como el de Juan y su mujer, desde la Junta de compensación se insiste en el hecho de que las condiciones familiares han cambiado en estos años. Ellos señalan que los perjudicados por no haber podido disfrutar durante este tiempo de sus viviendas en buenas condiciones son ellos, se remiten a los compromisos firmados y recuerdan que los hijos de las familias que fueron correctamente realojadas en su día también se han casado y se han ido de casa. Un hijo de Juan, de hecho, volvió a vivir en la casa de la que fue desahuciada la familia, que permanecía vacía. También ha sido denunciado por usurpación, pero el juez desestimó en sala la vía penal, ya que entró con sus propias llaves.
El caso de Sara y Juan es solo uno de los muchos que se desprenden del intrincado caso del PERI Tiziano-Dulcinea. Una operación enquistada durante años que ha dejado en suspenso la vida de muchas personas y varado el ámbito durante décadas.