91 días para evitar el desahucio de Dani y Aurora después de que un fondo se hiciera con su casa: “No les valió el contrato ni nada”
Dos decretos fracasados y acampadas repartidas por todo el país. En tan solo una semana, el tablero de juego de la vivienda ha dado un vuelco dos veces, volviendo al punto de partida después del ‘no’ de PP, Vox y Junts a apoyar las medidas. Mientras las fichas continúan moviéndose, se siguen firmando desahucios. Una realidad que Dani, Aurora y sus tres hijos tienen muy presente, después de conseguir parar por segunda vez su 'lanzamiento'. “Estamos más tranquilos que en verano. Por lo menos, tenemos una puerta abierta a negociar con el fondo, que es lo que nosotros queríamos”, celebra Dani. Hace medio año, la pareja recibió “por sorpresa” una carta de desalojo para ellos y sus tres hijos de 10, 17 y 23 años, este último con un 45% de discapacidad. “Vino un representante del fondo con un cerrajero a cambiar la cerradura. Menos mal que mi mujer estaba ese día en casa”.
“Nos llamaron okupas y nos dijeron que nos teníamos que marchar”, recuerda Dani. La familia, que lleva 19 años viviendo en el piso, nunca ha dejado de pagar el alquiler, tampoco las facturas de luz, comunidad y agua. Les desahuciaban, explica Dani, porque el juez no admitió la validez de su contrato de alquiler: “No hicieron valer ni el contrato, ni los pagos, ni nada”. La primera orden de lanzamiento llegó el pasado 30 de julio. En ese momento, gracias a la acción de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y la presión social, se logró aplazar hasta el 28 de septiembre.
De acuerdo con el afectado, el anterior propietario dejó de pagar el piso, que acabó en manos de una entidad bancaria y, finalmente, de un fondo de inversión: “En ningún momento nos notificaron que esta vivienda se dejó de pagar, ni que se había subastado, ni que había pasado a ser propiedad de un fondo”.
“Vino un perito a echar fotos”
En otras palabras, entidades bancarias y fondos de inversión tuvieron conocimiento de la venta del piso mucho antes que los propios habitantes de la vivienda, que descubrieron lo ocurrido cuando ya era demasiado tarde: “El banco nunca nos informó de la subasta, ni nos ofreció la posibilidad de comprar. Ellos sabían que el piso estaba en alquiler. Hace tiempo, no sé si porque el propietario intentó revisar la hipoteca o algo así, vino un perito del banco a echar fotos y a ver el piso”.
Como muchos otros, la familia vivió este proceso a ciegas: “No teníamos ninguna forma de contactar directamente con el fondo. Simplemente, nos vinieron del juzgado que teníamos que abandonar la vivienda”.
Ahora, con la posibilidad de un acuerdo sobre la mesa, Dani se muestra “esperanzado”: “Esperamos llegar a un acuerdo. Desde un principio trasladamos nuestro deseo de adquirir la propiedad”.
Según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial, se han producido 45 desahucios al día en España y dos diarios en la Región de Murcia en los primeros tres meses de 2026.
“Solo a finales de este mes de septiembre teníamos diez desahucios, hemos conseguido parar al menos ocho. No paran de llegar”, describe José Antonio Vives, portavoz de la PAH en Murcia. La repercusión que tiene el caso de Maricarmen ha sido fundamental, ha sido la gota que ha culminado el vaso, pero detrás hay muchos casos“.
La Paz, en el punto de mira
La familia de Aurora y Dani reside en el humilde barrio de La Paz, una zona que, por su proximidad al centro de Murcia, ha atraído la atención de fondos de inversión: “Sabemos que le ha pasado a más gente. Ha habido más desahucios en la zona, aunque desconozco sus circunstancias”, explica Dani.
De acuerdo con los datos del INE, la renta media anual de la zona apenas supera los 8.000 euros anuales, un 43% menos que la media del municipio. “En el barrio viven muchas familias vulnerables allí que se estaban acogiendo al escudo social. Ahora los fondos están reactivando las ejecuciones”, resume Vives. El pasado febrero, PP, Vox y Junts tumbaron por segunda vez el decreto que incluía la renovación del escudo social: “Han pasado seis meses, hemos visto una explosión de casos”.
Ahora que los nuevos decretos de la vivienda han caído tras el voto en contra de las derechas, Vives afea el rechazo del Gobierno regional a poner en marcha los controles del precio de la vivienda y el alquiler vigentes en la Ley Estatal de Vivienda: “No se ha hecho nada. En Barcelona con los mecanismos aplicados la han bajado un 7%. Puedes tener todas las herramientas del mundo, pero si no las aplicas no sirven de nada”. Pese a que en 12 municipios hay barrios que cumplen los requisitos para declararse zonas de mercado tensionado, el Gobierno regional se ha negado a ello. En noviembre del año pasado el Ejecutivo regional sorprendió, además, al denegar ayudas directas al alquiler ya concedidas a miles de jóvenes desde 2023, alegando falta de presupuesto: “Se ha dispuesto denegar la ayuda al no haber crédito suficiente para la concesión y pago a dichos expedientes”, justificaron.
La Consejería no especificó ni el número de personas que se habían beneficiado de esa subvención ni cuántas se quedaron fuera del proceso, pero insistió en que el importe aportado bajo el marco del Plan Estatal de Vivienda resultó “escaso” para sufragarlas: “El crédito restante [destinado a la ayuda] son 6141,45 euros (3853,25 euros en 2025 y 2288,20 euros en 2026)”, defendió Fomento en una carta enviada a los solicitantes, indicando que la cantidad del siguiente expediente para conceder (12.420,00 euros) “superaría la cantidad del crédito restante”.
Ahora, en plena crisis de la vivienda, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado “la mayor convocatoria de ayudas al alquiler de los últimos años” con 16 millones para llegar a 2.300 jóvenes.
La Región de Murcia ha experimentado uno de los mayores encarecimientos en los precios de la vivienda libre en los últimos meses. Según el INE, el incremento fue de un 15,6% en el primer trimestre de este 2026. El precio de la vivienda nueva subió una media del 10,9% en la comunidad. Mayor fue el aumento de la vivienda usada, que experimentó una subida del 16,3%. Unos porcentajes que superaron con creces a la media nacional, que alcanzó el 13,5%, la cifra más alta desde que se tiene registro.