- El Tribunal Supremo abrió el pasado octubre una investigación contra la exalcaldesa de Cartagena por presuntos delitos de malversación, prevaricación, cohecho, fraude, y falsificación de documentos.
Francisco Celdrán, expresidente del PP de Cartagena (Murcia) ha sido citado por el Tribunal Supremo en el marco de la investigación a Pilar Barreiro, exalcaldesa de la ciudad portuaria y senadora del Partido Popular.
El objetivo es que confirme o desmienta las declaraciones que hizo Barreiro en su defensa contra los indicios que la implican en el Caso Púnica. Celdrán, que también fue presidente de la Asamblea regional, comparecerá como testigo para corroborar o no las declaraciones de Barreiro.
El Tribunal Supremo abrió el pasado octubre una investigación contra la exalcaldesa de Cartagena por presuntos delitos de malversación, prevaricación, cohecho, fraude, y falsificación de documentos.
La senadora popular está siendo investigada por un supuesto concierto para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena, y otro para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.
En ambos se investiga si sufragó labores para limpiar su imagen personal a costa del erario público a través de los contratos.
Barreiro declaró el pasado día 15 ante la magistrada del Supremo Ana Ferrer que sí contrató desde el Ayuntamiento de Cartagena la publicidad investigada en los contratos, pero no en favor de su imagen, sino la del Ayuntamiento.
También confirmó que se ideó una campaña para mejorar su reputación, aunque matizó que no iba a correr a cargo de la Comunidad, sino que “se iba a pagar por el partido, pero al final no se hizo”, según explicó a los medios su abogado.
Barreiro y el Caso Púnica
Eloy Velasco, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica, envió una exposición al Tribunal Supremo en la que señalaba que Barreiro se puso en contacto con el empresario Alejandro de Pedro con fines ilegales.
El motivo de este contacto fueron las noticias negativas que se publicaban sobre ella en redes sociales, relacionadas con su participación en delitos de corrupción urbanística. Ante esto, Barreiro habría solicitado al empresario que realizara trabajos encaminados a limpiar y cuidar su reputación en redes.
En este sentido, Velasco relata que Barreiro asistió a reuniones donde, abusando de su cargo al frente del Ayuntamiento de Cartagena, ideó un plan con la puesta en marcha de sus redes sociales y la creación de un periódico digital, todo costeado por el Consistorio.
Además, según la exposición razonada, también habría firmado un contrato menor con la empresa MADIVA que simulaba la contratación de publicidad institucional.
Respecto a los delitos en la Consejería de Educación de la Región de Murcia, el juez ve indicios de que Barreiro sufragó el gasto de trabajos de reputación para ella mediante la adjudicación de un contrato de cobertura, simulando uno de “formación”.
La magistrada Ana Ferrer, instructora del caso, debe decidir si el Tribunal Supremo debe abrir causa contra Barreiro o si se archiva el caso.