La ADSP-RM exige una investigación independiente por el trato a embarazadas con anomalías fetales graves en la Arrixaca

elDiariomurcia

19 de noviembre de 2026 18:55 h

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La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSP-RM) ha pedido una investigación “independiente y transparente” sobre la atención que recibieron en el Hospital Virgen de la Arrixaca varias mujeres que solicitaron interrumpir su embarazo por graves anomalías fetales.

La asociación responde así a los testimonios conocidos durante el procedimiento judicial contra el Servicio Murciano de Salud (SMS). En él, las afectadas describieron falta de información, posibles retrasos en el diagnóstico y actuaciones que interpretaron como intentos de condicionar su decisión. Una de ellas declaró que se sintió “como una delincuente” y que tuvo que viajar a Bruselas para abortar.

La ADSP-RM considera que el problema viene de lejos y recuerda que en 2021 el responsable de Medicina Materno-Fetal de la Arrixaca, Juan Luis Delgado, reconoció en el programa ‘Salvados’ que el hospital no practicaba interrupciones voluntarias del embarazo. También cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 2022 que condenó a la Administración a pagar 310.000 euros a unos padres por no detectar graves malformaciones durante la gestación.

La asociación cuestiona, además, que Delgado forme parte del Comité Clínico que valora los casos a partir de la semana 22, por sus declaraciones públicas sobre su objeción de conciencia. La consejería de Salud sostiene que todos los miembros del comité cumplen los requisitos de la Ley Orgánica 1/2023, que excluye a quienes figuran en el registro de objetores. Para la ADSP-RM, ese cumplimiento formal “no exime” a la Administración de garantizar la imparcialidad del órgano.

Entre sus siete reclamaciones, la ADSP-RM pide que las interrupciones del embarazo se realicen en los hospitales públicos, sin derivaciones sistemáticas a clínicas privadas. También pide que se elimine el procedimiento de “doble fase”, que obliga a algunas mujeres a empezar la intervención en un centro privado y terminarla en el hospital público, y que se refuercen la información y el acompañamiento a las pacientes.

La asociación muestra su apoyo a la Plataforma de Mujeres Embarazadas Expulsadas de la Sanidad Pública, que lleva años denunciando estas situaciones. Concluye que la interrupción del embarazo “es un derecho sanitario, no una concesión”.