El Ayuntamiento de Murcia deberá a entregar un estudio de riesgo sísmico tras cinco años guardado en un cajón
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Murcia ha declarado ilegal la negativa del Ayuntamiento de Murcia a facilitar el estudio y análisis del riesgo sísmico del municipio elaborado por la Universidad de Almería. La resolución judicial, fruto de un recurso de interpuesto por la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur), anula el decreto firmado por el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, que denegó el acceso a esta documentación y reconoce el derecho del presidente de la asociación conservacionista a obtener la copia digital completa del estudio y de todos sus anexos.
“La sentencia constituye un severo reproche a la actuación del Ayuntamiento de Murcia, que mantuvo oculto durante más de cinco años un estudio encargado con fondos públicos y entregado al Consistorio el 5 de febrero de 2020”, han valorado desde Huermur: “Pese a tratarse de un documento completamente finalizado, el Ayuntamiento negó reiteradamente su acceso alegando que se encontraba en elaboración, una tesis que el magistrado rechaza de forma expresa”.
“Incluso después de iniciarse el procedimiento judicial, el Ayuntamiento continuó oponiéndose a entregar la documentación y defendió ante el Juzgado la legalidad de su actuación, solicitando incluso que el procedimiento se archivara tras publicar parte del estudio cuando el litigio ya estaba en marcha”, han abundado.
De acuerdo con la asociación conservacionista, el magistrado ha recordado que “una publicación unilateral, tardía y posterior a la interposición del recurso no puede sanar la denegación inicialmente acordada ni sustraer al control jurisdiccional la legalidad del acto recurrido”, añadiendo además que aceptar esa actuación “equivaldría a dejar al arbitrio de la Administración la efectividad del control judicial de sus propios actos”.
La sentencia también desmonta el intento del Ayuntamiento de seguir ocultando el estudio alegando motivos de seguridad pública. Durante el procedimiento, la Administración sostuvo que el documento contenía datos sensibles sobre víctimas potenciales y pérdidas económicas derivadas de distintos escenarios sísmicos simulados, utilizando ese argumento para impedir el acceso de la ciudadanía: “El juez concluye que el Ayuntamiento no acreditó suficientemente que la divulgación del estudio pudiera perjudicar la seguridad pública y recuerda que, si existiera algún dato especialmente sensible o de carácter personal, la legislación ya prevé mecanismos para protegerlo sin necesidad de ocultar el resto de la documentación”, han explicado.
La resolución judicial destaca además “el extraordinario interés público del estudio, al afectar directamente al riesgo sísmico del municipio, la ordenación del territorio, el urbanismo y la seguridad de la población”. Por ello concluye que el Ayuntamiento realizó una “restricción injustificada y desproporcionada del derecho de acceso a la información pública”, anulando el decreto del concejal y ordenando la entrega íntegra de la documentación solicitada.
Para Huermur, esta sentencia supone un “duro varapalo a años de opacidad municipal” y marca “un punto de inflexión” en la transparencia del Ayuntamiento de Murcia. La entidad considera especialmente grave que el Consistorio no solo negara el acceso a un estudio financiado con 118.580 euros de dinero público, sino que “mantuviera esa negativa durante todo el procedimiento judicial”, obligando a acudir a los tribunales para obtener una documentación que la propia Justicia reconoce como información pública: “Una postura torticera que claramente ha debido costar una importante cantidad de dinero al erario público en horas de funcionarios y servicios jurídicos”, han señalado desde la asociación.
El presidente de Huermur, Sergio Pacheco, ha manifestado que “esta sentencia pone fin a cinco años de opacidad institucional sobre un estudio que afecta directamente a la seguridad de los murcianos y al futuro urbanístico del municipio. El Ayuntamiento no solo ocultó una documentación pagada con dinero público, sino que defendió esa decisión ante los tribunales hasta el último momento. La Justicia ha dejado claro que actuó al margen de la legislación sobre transparencia”.
La asociación ha anunciado que llevará a cabo un análisis exhaustivo de toda la documentación en cuanto sea entregada y de sus anexos para verificar cómo afectan sus conclusiones al planeamiento urbanístico vigente y a las decisiones municipales adoptadas durante estos años: “Por primera vez podrá contrastarse si los desarrollos urbanísticos, las actuaciones autorizadas y la planificación del municipio se ajustan a las conclusiones científicas contenidas en el estudio encargado por el propio Ayuntamiento, y del cual tenían conocimiento los responsables del Consistorio desde hace años”.