Cuando tu casero es un fondo buitre en Navarra: “Me considero una persona fuerte, pero estoy al límite”
Patricia Alvero vive desde hace 19 años en una vivienda de Fitero que hace tres —tras pasar otros muchos por diferentes gestoras e inversores— fue comprada por un fondo buitre y, por tanto, bajo el riesgo constante de desahucio. En este caso, la propiedad “nunca fue pública, ni siquiera el suelo”, explican desde el Sindicato de Vivienda Haritu. Aunque la constructora, un gran banco español referente en el panorama internacional, “tuvo bastantes ayudas directas en impuestos” una vez finalizada la obra. Sin embargo, a pesar de vivir década y media bajo el régimen de protección, la inquilina asegura que los problemas existían incluso con la tutela del Gobierno de Navarra de las viviendas.
“Estoy al límite. Me considero una persona fuerte, pero estoy reventada de tanta lucha”, describe la vecina. “Soy una familia monoparental. Así no es fácil buscar vivienda, ni trabajo, ni nada”. Su hijo, a pesar de que “ya es mayor”, todavía depende de ella porque “sigue estudiando”, al igual que hace ella para mejorar su situación. La mujer describe que, después de 15 años en la vivienda dentro del sistema de protección oficial, “sin previo aviso” le “triplicaron” la renta de “la noche a la mañana”.
“Las viviendas son de protección oficial durante 20 años y, cuando pasa ese tiempo, pierde la categoría”, trasladan desde Haritu sobre el caso de las viviendas de Fitero. Puesto que el Gobierno nunca fue propietario ni de las viviendas ni del suelo, los inmuebles fueron pasando de fondo a fondo incluso considerándose VPO, junto con las trabas que ello conlleva. “Yo también avisaba de los problemas de la vivienda al Gobierno de Navarra y la respuesta era 'es que a nosotros [el fondo propietario] tampoco nos contesta'”, se queja la inquilina.
Alvero no sabe especificar la cantidad de propietarios por la que ha pasado su casa los últimos tres años. “Muchas veces ni nos avisaban de los cambios [de propiedad entre] los fondos buitre. [A veces] nos mandaban un burofax”, narra. En la notificación, según la inquilina, se les indicaba “la propuesta de desahucio” y que los vecinos “debían dinero”, aunque “no especificaban realmente el porqué de la deuda” y ella asegura que nunca dejó de cumplir con la renta, al igual que “la mayoría de los vecinos”. A ello se le suma la dificultad —o imposibilidad— para contactar con la propiedad. “Llamabas a un número de teléfono que a veces venía en las cartas y eran como intermediarios y gestoras que no te dejaban hablar ni llegar a lo que es el dueño”, se queja. “Nos hemos sentido desamparados”.
Según Haritu, “desde hace 10 años, por lo menos”, las viviendas han ido “cambiando de propietario” de forma constante. Actualmente, describen que la gestión de los inmuebles la mantiene Solvia, empresa vinculada al fondo de inversión Intrum. Sin embargo, los inmuebles son propiedad del fondo de inversión Cerberus y del Banco Santander, a través de Global Pantelaria. Estos se niegan a renovar los contratos de alquiler y están iniciando varios procedimientos de desahucio. La vecina corrobora que se han materializado estos desahucios, ubicando uno de ellos “en marzo o mayo” de una “familia con niños pequeños”. Este medio ha intentado contactar con Global Pantelaria, pero no ha sido posible recabar su versión.
Con el fin de “presionar” para que los inquilinos se vayan de sus hogares, la empresa propietaria no arregla los desperfectos de las viviendas. La inquilina describe que tiene “una gotera en la casa”, que cuando llueve “se inunda toda la parte de arriba”, pero nadie ha acudido a repararla. “Las condiciones de vida son difíciles”, confiesa. Esta práctica es cada vez más recurrente por parte de propietarios como forma de incomodar a sus inquilinos y forzar su salida, tal y como recogió este medio en un edifico del Casco Viejo de Pamplona, cuyos vecinos vivieron obras interminables por parte del propietario para que abandonasen el inmueble al haber conseguido licencias turísticas para todas las casas.
A Alvero le gustaría poder tener una alternativa y salir de la situación, pero, cuando consulta las viviendas del mercado libre, admite no poder afrontar los precios. “Es inviable. Sí que ganaría tranquilidad, pero luego tendría otros problemas”, admite.
“Hay gente que se ha marchado, porque ya no aguantaba más la situación. Son muchos años de amenazas, de miedo, de que nadie te ayude, de que no te den respuestas...”, describe sobre el ambiente. Preguntada por si vive con la nube del desahucio constante sobre ella, no tiene ninguna duda: “Por supuesto”, responde rápidamente. “Y que no nos escuchen, eso es lo que más me duele. Nunca hay solución a las cosas que han ido pasando y que siguen pasando”.
Además de Fitero, se ha dado una situación idéntica en la localidad de Cintruénigo, donde se encontraban 47 viviendas propiedad de un fondo buitre. Sin embargo, en este caso se lograron “nuevos contratos”, puesto que otra empresa compró las viviendas y pactó con el Gobierno de Navarra una renta asequible con los inquilinos a cambio de un respaldo público. En Fitero, esta misma empresa y el gobierno navarro pretenden repetir la fórmula.
Pero, si esta negociación no deja de ser un intercambio comercial entre empresas privadas, ¿cómo interviene y qué papel tiene exactamente el Gobierno de Navarra? Según han explicado desde el Departamento de Vivienda, a la empresa “se le garantiza el cobro de las rentas” al estar subvencionadas (en función de la renta del inquilino) desde los fondos públicos. “Desde una empresa privada garantizarte de que vas a cobrar todos los meses las rentas porque está el Gobierno de Navarra detrás, es muy importante y más entre población vulnerable”, explican.
Además, esta nueva empresa propietaria, declarada como fundación a través de 'Fundación Acogida Vital'—con las exenciones fiscales que conlleva—, es una de las que prefiere “tener una estabilidad a más largo plazo ganando menos dinero” y “los números les salen”. “No son fondos agresivos como el de Maricarmen, que hoy quieren 500 euros y mañana 1.800”, aclaran desde Vivienda de Navarra sobre la empresa que les pidió “volver a hacer protegidas estas viviendas” —a cambio de asegurarse “que van a cobrar”—. La intervención a los arrendatarios pueden ser del 25, del 50 o del 75%.
El pasado día 30 de septiembre, el Gobierno de Navarra anunció la incorporación de estas viviendas de Cintruénigo al “sistema público de alquiler”, al igual que casi una veintena ubicadas en la localidad de Cortes, al haber sido adquiridas por esta misma empresa que negocia en Fitero con Ceberus, el Grupo Añón. “Se trata de viviendas en régimen de alquiler, cuyos inquilinos iban a ser expulsados, bien por la no renovación de los contratos que tenían hasta ahora, bien por la subida exponencial de la renta, y lo hemos impedido, gracias a la colaboración público-privada”, anunciaba la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, sobre la operación que se intenta repetir.
En la línea de estas políticas de Vivienda, ese mismo día, Alfaro, anunciaba que el departamento se encontraba inmerso en una negociación con fondos buitre para recuperar unas 600 viviendas que han perdido recientemente la calificación de VPO de alquiler y pasaron a manos de inversores. La inversión anunciada, de 22 millones de euros, no era de gusto de la consejera. “Nos repatea porque es pagar dos veces por un mismo bien”, afirmaba, pero seguirían adelante para defender “las arcas públicas y a los cientos de familias” residentes.
“Lo de Cintruénigo está completamente encarrilado”, han trasmitido desde la consejería. “Estamos en proceso de declarar todas esas viviendas como alquiler protegido y ahí no se va a producir ningún desahucio ni nada, de hecho se han parado. Haritu dice que los han parado ellos, pero yo te puedo asegurar que los hemos parado nosotros”, han asegurado desde el Gobierno de Navarra. En este sentido, desde Vivienda tienen esperanza de poder repetir esta operación en Fitero y “no se produzca ningún desahucio” de los inquilinos que viven todavía bajo la niebla del fondo buitre, que hasta ahora organizarse no les había “dado resultado”.
Sin embargo, la experiencia de Alberto es muy diferente. A su parecer el Gobierno de Navarra “lo único que hace es tirar balones fuera, antes y ahora”, asevera. “Es una indefensión por todos los lados. Una falta de ayuda horrible”, se lamenta, cuyo único apoyo declara haberlo encontrado en el sindicato Haritu. “Ya no sabemos qué hacer. Yo he movido Roma con Santiago todos estos años, pero no ha habido respuesta por ningún lado. ¿Qué pasa con las personas navarras que estamos aquí desde hace tantos años? La verdad es que les da igual, eso es lo que siento”.