Ceuta es el ensayo de una nueva geopolítica y el abandono de las garantías democráticas
No recuerdo, en el tiempo que llevo en la frontera, una situación similar. 15 días después de lo sucedido en Ceuta el 30 de julio, si busco las palabras que definan lo que está ocurriendo, las primeras que me vienen a la mente son ensayo y abandono.
Después de dos semanas, esto tiene las características de un ensayo. Un campo de pruebas de la narrativa repetida en bucle que homologa la migración con conceptos de guerra como amenaza híbrida. Recordemos que en 2022, mientras la masacre de Melilla- Nador impactaba con sus imágenes de cientos de personas inertes en el suelo, la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid ponía en el centro del debate la narrativa de la “guerra migratoria”. Imagino que muchas empresas de armamento y de sistemas securitarios de control deben estar frotándose las manos con lo sucedido en Ceuta, donde se han provocado las condiciones para instrumentalizar la vida de las personas y hacer realidad la narrativa de los Estados.
Es cierto que en el marco de las políticas de externalización llevamos 40 años asistiendo al uso de la migración como moneda de cambio en las negociaciones bilaterales, pero el mundo no es igual hoy que en 2021. En términos geopolíticos no podemos comparar lo sucedido en Ceuta anteriormente con lo que pasó el 30 de julio, ni tampoco hoy se puede homologar la reacción que han tenido las autoridades frente a ello. No podemos olvidar que el genocidio de Gaza ha abierto la puerta a un nuevo orden mundial y que Marruecos forma parte de ese grupo de actores que hoy ejercen el poder de la fuerza sin rendir cuentas a instituciones internacionales.
Ceuta es el ensayo de una nueva geopolítica y Ceuta es el abandono de las garantías democráticas.
La seguridad de un lugar no depende solo de más policías o más militares; una parte muy importante de la misma la produce el bienestar de las personas y la garantía de sus derechos. Más trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos, sanitarios y agentes de protección de la infancia habrían hecho que el impacto de lo ocurrido en la ciudad se hubiese mitigado, trabajando desde la convivencia y la protección
Los derechos humanos de quienes llegaron a la ciudad siguen siendo vulnerados de manera sistemática. La vida ha sido terriblemente comprometida, y ya son 145 víctimas contabilizadas por Caminando Fronteras. Además, después de dos semanas, el acceso a necesidades básicas de las personas supervivientes sigue sin estar garantizado, y los grupos especialmente vulnerables continúan desprotegidos. Coordinadora de Barrios cifra en más de 4.000 los niños y niñas y en 1.300 las personas con necesidad de protección internacional que siguen en la calle, sin acceso a agua potable, comida suficiente, ropa y abrigo.
El desamparo ha golpeado con especial dureza a mujeres y niñas. Fuentes sanitarias de la ciudad confirman la atención de niñas de menos de 14 años violadas, aunque la realidad de las que tienen miedo a acercarse a las autoridades o a los hospitales, nos indica que la cifra puede ser mayor que la que manejan las instituciones. De hecho, asociaciones vecinales de barrios como Sidi Embarek, están presentes, demandando protección, en asentamientos informales para mujeres y niñas, frente a la ausencia de una respuesta institucional que pueda protegerlas. No tenemos que olvidar que numerosos estudios internacionales indican que la violencia sexual contra las mujeres es un arma de guerra que no busca el daño individual, sino que se convierte en una estrategia deliberada para atacar a la comunidad y sembrar el terror.
La ciudad está colapsada. Y lo dicen las mismas personas y organizaciones de Ceuta que están dando comidas a diario, acogiendo a personas en sus casas y asistiendo a niñas violentadas.
El abandono del funcionamiento de la ciudad no es baladí. Porque cuando las administraciones no pueden garantizar la marcha de los servicios públicos es como un dominó en el que van cayendo todas las piezas y donde será muy complicado revertir la situación de desprotección de los derechos humanos y retomar la normalidad democrática.
Una democracia como la española tiene la obligación y la capacidad de proteger a las personas que han quedado en Ceuta, ubicándolas en lugares adecuados, cubriendo sus necesidades básicas y permitiendo que la ciudad vuelva a la operatividad para garantizar el bienestar de todas las personas presentes en el territorio. La seguridad de un lugar no depende solo de más policías o más militares; una parte muy importante de la misma la produce el bienestar de las personas y la garantía de sus derechos. Más trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos, sanitarios y agentes de protección de la infancia habrían hecho que el impacto de lo ocurrido en la ciudad se hubiese mitigado, trabajando desde la convivencia y la protección.
Es un momento para la acción, para esa vuelta necesaria a la estabilización física, emocional y espiritual de todas las personas que se encuentran en el territorio de Ceuta. Pero también lo es para la reflexión. No se pueden plantear soluciones a situaciones de crisis con discursos que corresponden a otro momento y a otras realidades.
Permítanme terminar con un mensaje para todas aquellas autoridades, representantes políticos y administraciones que tienen como mandato la protección de los derechos humanos en el Estado español. Aquellas que, ante la llamada desesperada de las organizaciones sociales de Ceuta, han respondido que estaban de vacaciones. Porque esa contestación no es solo una dejación de responsabilidades, sino el doloroso recordatorio de lo fácil que resulta quebrar el sistema.
Los ensayos que ponen en jaque los derechos de las personas no pueden ser respondidos con el abandono.