La vergüenza de la paralización de la exhumación del dictador. Decisión errónea en un tema de honda sensibilidad social y de calado democrático, fallado in extremis por el Tribunal Superior con una escandalosa falta de rigor histórico y con más política que legalidad. Una fallo político para paralizar una decisión del Gobierno que el TS considera precipitada y poco menos que irreversible para la familia y para el Estado. Una familia que parece más que un vulgar recurrente.
Estamos otra vez ante un poder judicial que trata al Parlamento y al Gobierno como menores de edad y se cree con el patrimonio de la razón de Estado. Así no.
Vaya por delante, en estos tiempos agitados, que no formamos parte de los que discuten el carácter democrático de nuestra justicia, ni por supuesto de nuestro sistema constitucional. Por eso mismo, y porque la independencia del poder judicial se encuentra en las instrucciones, fallos de sus jueces y juzgados, no renunciamos tampoco a acatar y al tiempo a discrepar cuando consideramos, como en este caso, que la decisión es un grave error, una intromisión política y un daño a la credibilidad del Estado democrático.
El contexto postelectoral y la situación crítica del Procés deberían haber llevado a una mayor prudencia al Tribunal en lugar de a esta precipitación oportunista para dar respuesta a las exigencias de la familia inmediatamente antes de la exhumación, cual agente político. Otra vez la judicialización de la política. Por contra, se debería haber atendido a la importancia de la decisión, a sus consecuencias para la democracia y para las víctimas del franquismo que aún esperan memoria, justicia y reparación. Eso no sería hacer política, sino hacer justicia con una mínima sensibilidad social. Al menos con equidad. Sin embargo, en vez de entrar al fondo del asunto o esperar a entrar ello, evitando prejuzgar, se ha decidido paralizar cautelarmente, dando la razón a los Franco, y se ha desautorizado al Gobierno a pocos días de expirar el plazo previsto para la exhumación. De tan garantista con la familia del dictador, el Tribunal Supremo menosprecia a las miles de víctimas de Cuelgamuros y del franquismo, y no le importan las consecuencias políticas de cuestionar las acciones legítimas de un Gobierno en funciones recientemente revalidado. Manca fineza.
Por parte del recurrente, no hay en juego los valores fundamentales que se predican, ni es tal la irreversibilidad en la exhumación del dictador. Porque igual que se puede trasladar los restos por decisión del Gobierno, se pueden devolver por decisión judicial. Es verdad que cada cual deberá asumir la responsabilidad de su decisión. La paralización es, además, un mal augurio sobre una futura sentencia favorable a la familia Franco y contraria a la voluntad democrática de los españoles. Pulso de poderes.
Después del intento del juez franquista de impedir la exhumación aduciendo razones de seguridad, las mismas razones no impedirían al Gobierno ahora proceder al cierre cautelar de Cuelgamuros por su deterioro estructural y por razones de la salud moral de la democracia española. Y volveríamos al punto de partida.
Habrá quien ahora diga que ha sido demasiado tarde y que no todo se ha hecho bien, o que lleva tiempo haciéndose mal, y con razón. Lo que tampoco se puede es negar los derechos humanos de las víctimas con argucias de procedimiento. Los medios tampoco pueden negar el fin. Lo que no puede ni debe convertirse el alto Tribunal es en un poder arbitral, cuando no lo es.
La sala tercera del Tribunal Supremo asume, sin querer ni parpadear, la historiografía fascista del Régimen. Niega con ello la historia y la legitimidad de la República y de su Gobierno los tres años de guerra civil, otorgando legitimidad a quien la Constitución, la democracia y la Ley de Memoria se la niegan. Memoria que algunos consideran reabrir heridas y no aprender de la historia frente a la propaganda. El conocimiento histórico y la sensibilidad democrática del Tribunal Supremo con su paralización cautelar han quedado por los suelos.
No está de más recordar que la exhumación del dictador ha sido objeto de decreto ley y aprobada por el Congreso en dos ocasiones: en 2017, por 198 votos a favor y 140 abstenciones, y en 2018, por 172 votos a favor, 164 abstenciones y 2 en contra. En 2018, las abstenciones y votos contrarios correspondieron a diputados del PP y Cs.
Entre otras peregrinas razones, según el Supremo, si no se congelara la decisión, ésta generaría “un muy grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta la significación de don Francisco Franco Bahamonde”. La singularidad del personaje atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar y que permiten atribuir un perjuicio irreversible a la decisión del Consejo de Ministros de exhumar sus restos si ésta, después, fuera considerada contraria a Derecho. Por ello es por lo que paralizan in extremis y esperan que el fallo llegue “en un plazo razonable”, dado que según el TS, el caso no reviste mayor 'complejidad'.
Tal respeto y prosopopeya resultan escandalosos con el dictador. Tal cuidado de las instituciones constitucionales resulta excesiva y más propia de otras instituciones. Decir por último que el interés público vinculado a la exhumación “no se verá afectado” por un tiempo prolongado. Es decir, el TS se permite indirectamente entrar en el terreno político de la oportunidad de la medida, en todo caso potestativo del Gobierno. Cualquier parecido con una sentencia razonada es pura coincidencia: una historia extraída de la Enciclopedia Rubio. Un respeto y prosopopeya al nombrar al dictador y Jefe que llama la atención, sino al escándalo.
Una decisión de paralización que es una mano tendida a la familia del dictador y una bofetada al Gobierno y a las víctimas. En definitiva, un tribunal que trata al Parlamento y al Gobierno como menores de edad y se cree con el patrimonio de la continuidad histórica y la razón de Estado. Muy preocupante.