¿Por qué exigimos a las personas migrantes que demuestren su utilidad?
“Que vengan de fuera, pero solo si vienen a trabajar”. La frase condensa una condición frecuente en el debate migratorio: aceptar a quienes llegan en la medida en que resulten útiles. Las preocupaciones por el empleo, la vivienda o los servicios públicos merecen respuestas serias. Pero reconocer esos desafíos no obliga a convertir la productividad en el criterio para decidir quién merece formar parte de una sociedad.
La paradoja es que esa lógica aparece incluso en algunos discursos favorables a la migración. Se recuerda, con razón, que las personas migrantes trabajan, pagan impuestos, sostienen sectores esenciales y contribuyen a financiar las pensiones. El problema surge cuando esas aportaciones dejan de ser hechos relevantes y se convierten en la principal justificación de su presencia. ¿Qué sucede entonces con la infancia, las personas mayores, quienes no pueden trabajar o quienes necesitan protección? ¿También deben demostrar que serán rentables?
Esta forma de valorar a las personas tiene un correlato en la investigación sobre el Estado del bienestar: la “percepción de merecimiento»”(deservingness). Van Oorschot (2000) identificó cinco criterios que influyen en quién consideramos digno de recibir apoyo: responsabilidad atribuida sobre la propia situación, actitud, reciprocidad, identificación con el grupo y necesidad. De Coninck y Matthijs (2020) mostraron, en cuatro países europeos, que la actitud, la reciprocidad y la identidad también influyen en las preferencias de aceptación de personas migrantes, con diferencias según el contexto. No debatimos únicamente cómo distribuir recursos; también establecemos a quién reconocemos como parte de la comunidad.
El trabajo se convierte así en una prueba de pertenencia que ni siquiera garantiza superar esa distinción. En experimentos realizados en Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia, Magni (2024) encontró que una trayectoria laboral más prolongada reducía, aunque sin eliminarlas, las diferencias en el apoyo al acceso a prestaciones sociales entre las personas nacidas en el país y las personas migrantes. La contribución económica mejora la valoración, pero no borra por completo la frontera entre quienes son considerados miembros legítimos de la sociedad y quienes todavía deben demostrarlo.
Esa exigencia no se limita a las opiniones individuales. Hoggan-Kloubert y Hoggan (2022), al estudiar experiencias de profesionales que trabajaban con personas migrantes en Alemania, señalaron la tensión entre orientar la formación hacia las necesidades inmediatas del mercado laboral y acompañar los proyectos vitales de cada persona. Aprender la lengua y conseguir empleo importan, pero también poder decidir qué estudiar, dónde trabajar y cómo construir el propio futuro. Cuando la integración equivale a cubrir vacantes, las aspiraciones personales quedan subordinadas a las necesidades productivas del país de destino.
Sin embargo, ni todas las personas migran para trabajar ni todas pueden elegir libremente cuándo hacerlo. La movilidad responde a vínculos familiares, estudios, proyectos personales y necesidades de protección. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2026), España registró en 2025 unas 460.000 nuevas personas migrantes de larga duración o permanentes, en una categoría que incluye ciertos cambios de situación administrativa y movimientos de libre circulación. El 44% correspondía a migración familiar; el 24%, a libre movilidad; el 8%, a migración laboral, y el 5%, a migración humanitaria. Las trayectorias reales son mucho más diversas que la búsqueda de un contrato.
En otras circunstancias, desplazarse responde a amenazas directas a la seguridad o a las condiciones de vida. ACNUR (2026) estimó que, a finales de 2025, había 117,8 millones de personas desplazadas forzosamente por conflictos, persecuciones, violencia y vulneraciones de derechos, entre otras causas; muchas permanecían dentro de sus propios países. A ello se suma la presión ambiental. El Banco Mundial (2021) proyectó que, según los escenarios climáticos y de desarrollo, hasta 216 millones de personas podrían desplazarse internamente en seis regiones de aquí a 2050. La libertad de permanecer en los lugares de origen también depende de que existan condiciones ambientales, sociales y económicas que permitan seguir viviendo en ellos.
Por eso, cuando se afirma que lo deseable sería que las personas pudieran vivir dignamente donde nacieron, conviene preguntarse de qué dependen esas condiciones. Los gobiernos tienen responsabilidades decisivas, pero las oportunidades de desarrollo tampoco pueden explicarse al margen de relaciones históricas y económicas internacionales. Kosack y Sargent (2025) encontraron que una mayor duración de los vínculos coloniales se asociaba con una mayor probabilidad de migrar desde países africanos hacia antiguas potencias colonizadoras. Adamson y Thiollet (2025) analizaron, por su parte, cómo distintos regímenes coloniales combinaron extracción económica y regulación jerarquizada de la movilidad. No se trata de atribuir cada migración actual al colonialismo, sino de reconocer que las decisiones individuales se producen dentro de relaciones históricas cuyos efectos no desaparecen de un día para otro.
Y esas desigualdades no pertenecen únicamente al pasado. Hickel et al. (2022) estimaron que, en 2015, el Norte global recibió del Sur una transferencia neta equivalente a 12.000 millones de toneladas de materias primas y 188 millones de años-persona de trabajo incorporados al comercio internacional. A ello se añade el reparto desigual de los costes ambientales: el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2024) documentó que los países de ingresos altos utilizan aproximadamente seis veces más materiales por habitante y generan diez veces más impactos climáticos que los de ingresos bajos. Hablar de oportunidades en los lugares de origen exige, por tanto, examinar también quién se beneficia de los recursos y quién soporta las consecuencias de su extracción y consumo.
Las decisiones internacionales influyen asimismo en las condiciones de seguridad. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Estados Unidos concentró el 42% del volumen mundial de exportaciones de armamento pesado en 2021-2025. España figuró entre los diez principales exportadores, con un 2,3% del total, y el 43% de sus transferencias registradas tuvo como destino Oriente Medio (George et al., 2026). Estas cifras no permiten atribuir automáticamente un desplazamiento a una exportación concreta: las operaciones y los conflictos son diferentes. Sí obligan, en cambio, a incluir las decisiones geopolíticas en una discusión que a menudo se concentra exclusivamente en lo que ocurre después de que las personas migran.
Reconocer esa interdependencia no exime a los gobiernos de origen de sus responsabilidades ni elimina los desafíos de los países receptores. La vivienda, la sanidad, la educación y los servicios públicos requieren recursos y planificación. Ahora bien, tampoco es riguroso presentar a la población migrante como una carga fiscal uniforme. En 25 países, la OCDE (2021) encontró que sus impuestos y cotizaciones superaban el gasto público individualizado destinado a protección social, sanidad y educación. Al incluir todas las partidas presupuestarias, el balance variaba entre países y se situaba mayoritariamente entre el -1% y el +1% del PIB. La edad, el empleo y los sistemas fiscales ayudan a explicar esas diferencias. Con todo, reconocer las aportaciones económicas no debería devolvernos al punto de partida: los derechos no pueden depender de un balance individual de rentabilidad.
Para debatir con rigor también importa saber de quién hablamos. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2026), a 1 de octubre de 2026 vivían en España 10.433.091 personas nacidas en el extranjero y 7.518.237 personas con nacionalidad extranjera. Son categorías distintas: haber nacido fuera no impide tener nacionalidad española, y tener nacionalidad extranjera no equivale a estar en situación administrativa irregular. Confundir origen, nacionalidad y situación documental distorsiona tanto las estadísticas como el debate sobre derechos.
A esa precisión debe añadirse otra pregunta: ¿cómo se distribuyen las responsabilidades de acogida? Durante años, el Reglamento de Dublín III estableció criterios para determinar qué Estado europeo debía examinar una solicitud de protección internacional, incluidos los vínculos familiares, determinados permisos y, en algunos casos, la entrada irregular, con especial repercusión para países de frontera exterior (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2013). El Reglamento (UE) 2024/1351, aplicable con carácter general desde el 12 de junio de 2026, introdujo un sistema de solidaridad obligatoria pero flexible, mediante reubicaciones, contribuciones financieras y otras medidas de apoyo (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024). La respuesta no puede reducirse a lo que un Estado acepte asumir por sí solo.
Compartir obligaciones entre países es necesario, pero queda otra cuestión: qué ocurre con quienes ya viven aquí sin un reconocimiento administrativo estable. En abril de 2024, el Congreso aprobó la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria, por 310 votos frente a 33; aquello inició su tramitación, no supuso su aprobación definitiva (Congreso de los Diputados, 2024). Posteriormente, el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, estableció vías extraordinarias de autorización de residencia para personas presentes en España antes del 1 de enero de 2026 que cumplieran determinados requisitos, entre ellos vínculos laborales o familiares y situaciones de vulnerabilidad (Gobierno de España, 2026). La propia exposición de motivos del decreto combina la protección de derechos con argumentos sobre cotizaciones, recaudación tributaria y sostenibilidad económica (Gobierno de España, 2026). Incluso una medida que reconoce situaciones de arraigo se justifica, en parte, por la utilidad económica de quienes pueden acogerse a ella.
Pero disponer de documentación no elimina por sí solo las barreras para participar plenamente en la sociedad. Bruno e Iborra Cuéllar (2026), en una investigación cualitativa desarrollada en España, identificaron obstáculos institucionales, lingüísticos y simbólicos: contradicciones burocráticas, dificultades de acceso a servicios financieros, ausencia de interpretación profesional en determinados contextos y experiencias de trato discriminatorio. El reconocimiento jurídico puede coexistir con obstáculos cotidianos para ejercer los derechos que formalmente se reconocen.
El ámbito educativo muestra otra dimensión de esas fronteras. Bruno e Iborra Cuéllar documentaron experiencias de rechazo, invisibilidad, condescendencia docente, apoyo institucional insuficiente y segregación escolar. En otra investigación, mediante indagación poética, profundizaron en las experiencias emocionales de estudiantes migrantes, sus sentimientos de exclusión y sus formas de resistencia y búsqueda de reconocimiento (Bruno e Iborra Cuéllar). No basta, por tanto, con abrir las puertas de una institución: también importa qué relaciones se establecen dentro de ella y qué oportunidades reales ofrece para participar.
Así regresamos a la pregunta inicial desde otro lugar. Una persona puede trabajar, pagar impuestos, aprender la lengua y cumplir todos los requisitos legales y, aun así, no ser tratada como integrante de pleno derecho de la sociedad. Como plantean Hoggan-Kloubert y Hoggan (2022), la integración no debería entenderse como una adaptación unilateral: también requiere aprendizaje y transformación por parte de las sociedades receptoras. La pertenencia no depende únicamente de lo que cada persona hace, sino del reconocimiento y de las condiciones que encuentra.
Ahí reside la contradicción más profunda: mientras mercancías, capitales, materias primas y armas atraviesan fronteras, a muchas personas se les exige justificar por qué desean cruzarlas y, después, demostrar una y otra vez que merecen quedarse. Preguntamos cuánto cuestan, cuánto producen y qué aportan, pero prestamos mucha menos atención a las circunstancias que condicionan sus desplazamientos, a las responsabilidades internacionales y a las barreras que persisten incluso cuando cumplen todas las exigencias.
¿Cuánto tiene que aportar una persona para que dejemos de cuestionar su derecho a estar aquí? La pregunta no dice tanto de quienes migran como de las sociedades que condicionan su acogida a una demostración constante de utilidad. Cuando trabajar, pagar impuestos o contribuir al crecimiento económico se convierten en condiciones para ser aceptado, la pertenencia deja de entenderse como una construcción colectiva y pasa a ser una recompensa que debe ganarse. Podemos hablar de integración, pero si el reconocimiento depende de cuánto nos beneficia una persona, no estamos defendiendo su dignidad: estamos negociando su valor.