Lo mejor de los decretos es la gente 

Hasta hace unos días, para muchos, el colectivo de los jóvenes constituía un sujeto enfermizo que, atrapado en una red de pantallas, ocupaba la mayoría de su tiempo en bostezar y en pasar vídeos cortos hacia arriba. Desde que una señora de 87 años fuera desahuciada en una espectacular operación, los jóvenes aspiran a convertirse en un motor social y político, como lo hicieron en parte durante la primavera de 2011. 

Si los motivos de las protestas del 15M de entonces fueron el paro, la desesperanza y los recortes sociales del gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, en esta revuelta otoñal, también en fase último de un ejecutivo del PSOE, la gente denuncia la pasividad de unos representantes que han dejado el terreno de la vida abonado para una especulación no solo inmobiliaria. 

No se trata de un error gubernamental. Ojalá. Los resultados de los decretos aprobados este martes son inciertos y tienen puntos ciegos, como ya ha corrido a señalar el Banco de España. Pero lo más grave es que consiste en un conjunto de medidas que, por una parte, son de difícil aprobación con el Parlamento actual, y que, por otra, atacan más a los síntomas que a las causas. 

No hay un gobierno que pueda cambiar en cuestión de días un modelo de vivienda que lo es también de inversión, de ahorro y de consumo. Desde que a mediados de los años cincuenta un ministro falangista prometió una España de propietarios y no de proletarios y desde que, finalizada la transición, uno del PSOE decretara la vivienda como un bien de mercado, nos enfrentamos a un modo de vida en el que el derecho constitucional a la dignidad bajo un techo se ha confundido con su posesión, y, de ahí, con sus derivadas financieras.  

De ahí el peligro de tratar con brocha gorda un problema tan complejo, que nos hará ver ocupadores y fondos buitre como principales protagonistas, pero que, en realidad, sucede bajo un modo regulatorio que ha hecho de la vivienda un vehículo de inversión, de ahorro familiar, de especulación para grandes bolsas de dinero y también de fallos de Estado que, por ejemplo, han hecho de las VPO el objeto de grandes redes clientelares. 

Si hubiera un decreto que pudiera revertir una situación que ha llevado a los telediarios a un personaje que, desgraciadamente, habría hecho las delicias del cineasta Frank Capra, deberíamos denominarlo el Decreto Mac Gyver, en referencia a aquel agente capaz de salir de cualquier situación peligrosa con tal de mantener al espectador pegado al televisor. No hay serie de disposiciones legales que en una democracia parlamentaria pueda acabar de inmediato con un problema tan complejo y extendido en el tiempo.  

Pero lo sucedido revela algo más importante: un gobierno representativo sí puede cambiar la situación si la separación de poderes funciona. En compañía del economista Juan Laborda, pude hace unos años demostrar cómo la regulación aprobada por nuestros representantes contribuyó a inflar la burbuja inmobiliaria financiera que nos llevó a la crisis de 2008 y cómo la legislación poscrisis continuó favoreciendo a los mismos intereses. El destino de la mayoría de estos reguladores ha sido el mismo sector privado al que se dirigían las reformas. 

El de la vivienda es un problema de democracia. Lo positivo, en este caso, es el mensaje de un gobierno trabajando bajo presión para responder a unas demandas que se desbordan; la difuminación del binomio PP-PSOE a la hora de atribuir las culpas y la búsqueda de causas más amplias; y, finalmente, la articulación de un movimiento social con un liderazgo establecido y que marca unas prioridades materiales. Lo que está ocurriendo en Sol y, quizá, pronto, en la mayoría de las plazas, apela a una juventud cuya edad estábamos tentados de rebajar y recoge lo mejor del movimiento 15M de 2011. La política cambia cuando la gente se despierta, y, a veces, hace falta una mecha como esta. Mari Carmen repitió en su despedida aquel llamado de Stephan Hessel, “indignaos”. Esto sí se parece más a la democracia que necesitamos para conquistar el futuro; una vez que la calle haya cobrado conciencia de todo ello, habrá que pensar en un nuevo Parlamento que pueda hacer legal lo que hasta ahora solo ha sido un silenciado sentido común.