Si nada o nadie lo impide, el próximo 1 de julio el nuevo Gobierno de Israel presidido por Benjamín Netanyahu ocupará unilateral e ilegalmente Cisjordania. Numerosos países y organismos internacionales han levantado la voz para advertir de las dramáticas consecuencias que este hecho tendría, así como para insistir en que sería totalmente contrario al derecho internacional (al igual que los más de 500 asentamientos de 850.000 colonos en territorio palestino, cabe recordar). La ONU, la Unión Europea, la Autoridad Palestina, los Patriarcas y Jefes de las Iglesias de Tierra Santa, el Vaticano, la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica, Alemania, Francia, España, Suecia, Irlanda, Bélgica y otros muchos se suman a los miles de ciudadanos anónimos que se manifestaron la semana pasada en Tel Aviv “contra la ocupación, contra la anexión y en favor de la paz y la democracia”.
En plena escalada de las protestas sociales con motivo del asesinato de un joven negro a manos de la policía en Minneapolis, no debemos ignorar que estos hechos deleznables se producen más allá de las fronteras americanas. El racismo institucional y los abusos policiales también parecen estar detrás de la muerte de Iyad Halak, un joven palestino autista al que la policía de frontera disparó y mató la semana pasada en la ciudad vieja de Jerusalén estando él desarmado. Ni su muerte ni la de George Floyd fueron justas ni mucho menos democráticas.
Al presidente Trump le parece que con la fuerza bruta todo se puede ganar (y lo que no, ya lo comprará con dinero). Debería escuchar a sus asesores (el tiempo que le duran antes de dimitir o de que los eche) cuando recomiendan prudencia y rebajar la tensión. ¿Será que esta vez sí lo ha hecho? Hace unos días supimos que incluso la Administración estadounidense había sugerido al gobierno hebreo “aplazar la anexión más allá del 1 de julio”. Parece que hasta en Washington tienen dudas acerca de la visión para la paz del presidente, ese calamitoso plan rechazado por los palestinos en bloque y por los principales actores internacionales (incluida la UE) que proporciona, sin embargo, carta blanca a Netanyahu para proceder ahora. ¿Escuchará el Primer Ministro israelí?
Ojalá me equivoque, pero parece que las llamadas a la ley y a la prudencia no resuenan en el Ejecutivo israelí. En estas condiciones, cabe preguntarse “¿y entonces qué?”. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar como Unión Europea que somos? Israel es un socio clave para la UE y al contrario (somos su primer socio comercial): cualquier medida punitiva o sancionadora debe ser justa y proporcionada, como con cualquier otro socio, qué duda cabe. Pero debe haberlas. Dejar pasar esta nueva ilegalidad internacional sin consecuencias sería un error estratégico que minaría, además, la credibilidad de la UE pues, ¿qué diferencia la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol en marzo de 2014 de una posible anexión del 30% de Cisjordania en 2020? ¿Por qué la UE sí impone contra Rusia medidas y sanciones de carácter diplomático, individual, comercial y económico, pero no habría de hacerlo contra Israel?
Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante ya reconfirmó que la UE es una firme defensora de la solución de dos Estados y que la Unión y sus Estados miembros “no reconocerán ningún cambio en las fronteras de 1967 a menos que lo acuerden israelíes y palestinos”. Al mismo tiempo ha subrayado que la seguridad de Israel “no es negociable”. Porque no lo es, recordémoslo. La UE está comprometida con “una paz justa, duradera y global para el Oriente Próximo”. Para lograrlo las dos partes tienen que estar de acuerdo. Es en este marco en el que debemos oponernos con fuerza a esta anexión sin menoscabo de nuestra relación con el Gobierno de Israel. Somos socios y queremos seguir siéndolo, pero somos la Unión Europea. Somos un referente mundial en diplomacia y por eso mismo debemos actuar.