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Opinión - 'El ático no suelta a Ayuso', por Marco Schwartz

El ático no suelta a Ayuso

17 de septiembre de 2026 22:31 h

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Resulta ahora que el famoso ático de Chamberí se compró como un “inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades de visita oficial en la región o a las propias autoridades de la Comunidad de Madrid”, según ha afirmado este jueves el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín.

¿Recuerdan cuando se dijo que el pisazo de 450 metros cuadrados, con 200 de terraza, en uno de los distritos de moda de Madrid, se había adquirido para acoger temporalmente al gabinete de Ayuso mientras se ejecutaban unas obras de rehabilitación en la sede oficial del Gobierno madrileño en la Puerta del Sol? Pues aquello no coló. La normativa urbanística de la Comunidad solo permite en esa zona instalar oficinas en la planta baja, el semisótano o la primera planta, y el ático está en la novena. Por eso es mejor decir que se compró básicamente para uso residencial, y un poquito para trabajar, y otro poquito para relax, seguramente en la generosa terraza. Así, todo legal, ¿no?

Pues no. Todo este asunto sigue apestando, como sucede desde que El País reveló la operación en julio pasado. La primera señal de alarma fue el secretismo con que la empresa pública Planifica Madrid llevó a cabo la adquisición por la astronómica suma de 6,3 millones de euros. Pronto se supo que el ático quedaba justo enfrente del edificio donde vive la madre de Ayuso. Y se conoció el nombre de la afortunada vendedora del inmueble, Astrid Gil-Casares, escritora de la ‘jet-set’ madrileña, a la que la Comunidad de Madrid impuso un acuerdo de confidencialidad con la compraventa. Y se supo que las obras de rehabilitación ni siquiera se habían contratado. Cuando vio que la ola crecía, que cada intento de justificación era como una bomba de racimo de la que salían más y más preguntas, Ayuso decidió cortar por lo sano: anunció que se vendería el ático y el dinero se destinaría a la reconstrucción de zonas afectadas por los incendios en la sierra madrileña.

A partir de ese momento, la presidenta se puso los hot pants, la gorra y las botas y se entregó de cuerpo y alma a visitar las zonas afectadas por las llamas, en una escenografía que los que saben de estas cosas atribuyeron de inmediato a su gurú Miguel Ángel Rodríguez. El mensaje era evidente: Ayuso había decidido desprenderse de un inmueble al que tenía derecho como muchos otros presidentes autonómicos porque para ella era más importante echar una mano a sus conciudadanos perjudicados por una catástrofe. La necesidad convertida en virtud. El ático se puso en venta, y chao pescao con este tema.

Pero resulta que este mismo jueves ha trascendido que en la primera subasta del inmueble no se han recibido ofertas. Es como si el ático no quisiera desprenderse de Ayuso. ¿Qué está sucediendo para que un piso de lujo comprado en abril pasado no pueda venderse ahora? El consejero de Presidencia ha dicho que en todo caso se mantendrá en venta a través de un “procedimiento de abierto adjudicación”. No dio más detalles, pero todo indica que pasará a ser Oferta Pública Permanente, es decir, que estará a la venta sin que sea necesaria una nueva publicación de la oferta. Visto lo visto en cómo se hacen las cosas en la Comunidad, habrá que estar muy atentos a lo que siga: quién compra el ático (si es una sociedad, quién está detrás de ella), a qué precio se cierra la operación y en manos de quién terminará el inmueble, pues, ya se sabe, muchas veces el comprador visible no es más que un eslabón de la cadena.

Todas estas suspicacias no existirían si las cosas se hubieran hecho con transparencia. Pero lo que hemos visto hasta ahora no invita precisamente a la confianza. Si muchos madrileños creen que toda esta operación se concibió para que Ayuso se quedara finalmente con el ático, la única responsable es la propia presidenta de la Comunidad. Es lo que sucede cuando el dinero de los contribuyentes se utiliza con ocultismo. Cuando existe tal conciencia de impunidad que no se ven motivos para explicar cómo se invierten 6,3 millones de euros de las arcas públicas. Después pasan esas cosas: que no hay manera de hacer creíbles los relatos.