Ayuso, la trumpista de la M-30
La presidenta del PP madrileño ha entendido que estas elecciones no solo decidirán quién gobierna España los próximos cuatro años, también quién mandará en el espectro la derecha española. Apenas conocido el adelanto electoral, ya puso bajo sospecha el voto por correo y alertó de un posible fraude. Exactamente lo mismo que pasó después de que el Frente Popular ganara las elecciones de febrero de 1936. Sabemos de sobra cómo acabó aquella historia. Y por eso mismo sorprende que sean columnistas y opinadores varios de medios de la derecha los que afirmen ahora que la izquierda española está creando un clima «guerracivilista».
La salida de tono de la de Chamberí no es nueva. Sigue su tónica habitual, ocupar desde su PP el espacio que hasta ahora ha colonizado la derecha radical: confrontación con Sánchez, guerra cultural, desconfianza hacia las instituciones y sospechas sobre el sistema electoral.
Además, mientras la conversación gira en torno al fraude electoral, queda en segundo plano otra polémica —una de tantas— que afecta a su gestión: la compra de un ático por 6,3 millones de euros justo enfrente de su madre. Pocos, excepto los más turiferarios, dudan ya de la verdadera intención de esa iniciativa inmobiliaria, perpetrada además con toda la opacidad posible: la adquisición fue gestionada por una empresa pública, Planifica Madrid. Una empresa con capital 100% de la Comunidad de Madrid, pero que opera bajo en régimen del derecho privado. Dicho en román paladino, que puede saltarse todos los controles a los que está sometida la administración pública. Que son muchos.
Esta no tan nueva faceta de promotora inmobiliaria de nuestra Ayuso la emparenta directamente con otro gran promotor inmobiliario de fama, lamentablemente, mundial: Donald Trump. O ‘el agente naranja’, como lo llama Claudi Pérez. La presidenta de Madrid es la variante más castiza y chulapa de ese trumpismo internacional que se expande con la misma rapidez y toxicidad que ese herbicida de color naranja con el que Estados Unidos pretendía arrasar las junglas de Vietnam. Por eso no es de extrañar que, como el presidente de los Estados Unidos, Ayuso se sume también a la campaña del pucherazo. En la otra orilla del Atlántico, la cosa acabó el 6 de enero de 2021 con un asalto al Capitolio, símbolo sacrosanto de la primera democracia moderna del mundo, retransmitido en vivo y en directo a todo el mundo.
El problema es que ese relato choca con la realidad. La OSCE calificó las elecciones españolas de 2023 de competitivas y plurales, señaló que fueron gestionadas de forma eficaz y que los organismos electorales gozaban de confianza. Sobre el voto por correo, habló de una alternativa eficaz y mostró absoluta confianza en el procedimiento.
Hay, además, un dato todavía más incómodo para quienes intentan presentar el voto exterior como una amenaza: en 2023, el escrutinio del CERA (Censo Electoral de residentes Ausentes) permitió al PP ganar un diputado en Madrid que inicialmente se atribuía al PSOE. Qué más da. A ese cóctel incendiario que conforma el conglomerado PP -VOX le interesa otro tipo de cera, más en la línea de Karate Kid: «dar cera, pulir cera». A fin de cuentas, en este mundo en que vivimos, ¿a quién le importan la realidad, los datos o la validación de las instituciones internacionales?
Pero la batalla decisiva para la derecha está en otro sitio. El PP llega a las elecciones con un competidor que ya no se limita a disputarle votos, sino que se permite fijar las condiciones de una futura mayoría de gobierno. Abascal (im)pone ya al PP “prioridad nacional”, “desregulación” y “remigración”. España estaría “invadida”, Sánchez sería un “candidato marroquí” y la izquierda el Anticristo. Ahí está el principal dilema de Feijóo. Competir con la derecha radical en sus propios temas puede contener fugas, pero también reforzaría al partido que ha hecho de ellos su principal seña de identidad.
Esa estrategia de cooptación del espacio electoral de Vox explica la última y tronante intervención de Aznar. Si lo de Ayuso es de traca, lo de Aznar es de pena. Entre otras cosas, porque no es un personaje extemporáneo sin experiencia previa. Hablamos de alguien que fue presidente de gobierno, aunque saliera por la puerta de atrás de la historia después de mentir sistemática y descaradamente a la ciudadanía. Un historial ciertamente impresionante: la crisis del Prestige, las armas de destrucción masiva en Irak, el accidente del Yak-42 y los atentados del 11M.
Porque si Ayuso alienta la teoría del fraude electoral, Aznar amaga con el golpe de Estado: asegura que, si gana Sánchez el 29N, «sin duda» proclamará la República. De forma, evidentemente, inconstitucional, porque la forma del Estado no solo está plenamente consagrada en el artículo 1.3 de la Constitución, sino que la posibilidad de cambiarla supondría un procedimiento de reforma «agravado», todo un viacrucis recogido en el artículo 168. Les ahorro los detalles, pero en la práctica, exige que los dos grandes partidos estatales tengan que ponerse de acuerdo, que se ganen dos elecciones consecutivas con mayorías abrumadoras y que se valide en las urnas con un referéndum, motivo por el cual muchos juristas consideran que la monarquía está blindada de facto ante mayorías parlamentarias simples o coyunturales.
Y acabamos de empezar con la precampaña. Por eso yo propondría que en estos dos meses que nos esperan hasta las elecciones —y que se nos van a hacer muy largos— las empresas demoscópicas elaboren, además de los habituales trackings, un estudio especial: un «barbaritómetro» para medir la intensidad de los exabruptos y salidas de tono que la derecha, capitaneada por la presidenta promotora y secundada por el oráculo de FAES, proferirá este otoño electoral.