Yo también he hecho mi lista de buenos propósitos para 2023: trabajar menos, dormir más, aprender un nuevo idioma y cumplir el artículo 47 de la Constitución. Vale, es la misma lista de otros años, pero necesito un poco de ayuda. Sobre todo para cumplir el artículo 47, que como ustedes yo también me sé de memoria, de tantas veces como lo he incluido en la lista de propósitos. Venga, repitan conmigo, canturreando con la misma melodía con que nos aprendíamos en EGB las tablas de multiplicar y los ríos con sus afluentes: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuadaaaaa. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derechoooooo, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulacioooooón…”
No me parece mal propósito como sociedad, como país, para este 2023: garantizar vivienda digna y adecuada para toda la población. Es año multielectoral, y la vivienda toca tanto a ayuntamientos y comunidades como al Gobierno central, así que la vivienda debería ser la prioridad en las venideras campañas electorales. Pero es que además en los próximos días se discutirá la Ley de Vivienda (iba a escribir “la nueva Ley de Vivienda”, pero es la primera, nunca hemos tenido una de ámbito estatal en democracia, como si fuese un problema menor o reciente). Así que estamos en un año perfecto para un objetivo tan realista como ir al gimnasio, dejar de fumar o estudiar inglés: solo depende de que haya voluntad.
Tampoco se me ocurre ningún propósito más urgente, que afecte a más gente y de forma más grave. La vivienda es el gran incumplimiento constitucional de la democracia: sucesivos gobiernos se han desentendido del asunto, lo han dejado a merced del mercado, convertido en motor económico y elemento especulativo, cuando no directamente una forma de corrupción. Pasamos una burbuja inmobiliaria y su dramático pinchazo, y no aprendimos lección alguna, al contrario: entregamos buena parte de nuestro parque residencial a fondos buitres, y lo que entonces era sobre todo un drama hipotecario, es hoy por igual un drama hipotecario y un drama de alquiler, con los precios de vivienda nueva y usada subiendo a un ritmo que no se veía desde 2007, y los alquileres en máximos históricos (en Barcelona la renta ¡media! supera ya los 1.000 euros mensuales).
Si hacemos buenos propósitos, hagámoslos a lo grande. Queremos una política de vivienda estatal, y sus equivalentes autonómicas y municipales, que atiendan todas las necesidades, que son muchas. Empezando por abajo, por quienes directamente no tienen vivienda: miles de personas que habitan infraviviendas. Incluidos asentamientos chabolistas, que siguen estando ahí pese a que solo los veamos cuando salen ardiendo, como hace una semana en Montcada, donde cientos de personas malviven junto al río Besòs. O en Lepe, Níjar y otras zonas de temporeros. O en la periferia de numerosas ciudades, como recuerda la campaña chabolista.es de la Fundación Secretariado Gitano. También en esos márgenes de la sociedad hay que cumplir el artículo 47.
Continuando por quienes sí tienen una vivienda, por precaria que sea, pero acaban desahuciados. Porque sí, sigue habiendo desahucios, miles cada año pese a las muchas veces que hemos oído que se paralizaban.
Siguiendo por quienes no pueden disfrutar una vivienda sino solo una parte, obligados a compartir casa, alquilar y realquilar habitaciones, por no tener ingresos suficientes para una vivienda propia. Los jóvenes, por supuesto, pero no solo, que cuando hablamos de emanciparse parece que solo pensamos en treintañeros. Familias distintas conviviendo forzosamente bajo un mismo techo; personas de todas las edades que tras un divorcio, un despido o cualquier revés vital se ven obligados a compartir piso; y trabajadores de zonas turísticas que teniendo un empleo e incluso un sueldo digno no pueden pagar una vivienda.
Junto a los anteriores, quienes viven en alquiler y sufren subidas abusivas, o ven cómo su piso es vendido a un fondo, o son acosados inmobiliariamente para que se vayan, expulsados del centro de las ciudades hacia los barrios, donde su llegada expulsará a otros vecinos hacia la periferia, en una onda expansiva sin fin. Y quienes tienen una vivienda en propiedad, pagando precios desorbitados, hipotecados a merced de una subida de tipos que lo haga inasumible. Unos y otros, alquilados e hipotecados, todos entregando un porcentaje de sus ingresos muy por encima de lo razonable, muy por encima de lo que debería costar un derecho constitucional.
No hace falta que insista, por desgracia la mayoría sabe de lo que hablo, ¿verdad? Y es que la violación del derecho constitucional a la vivienda es uno de los fenómenos más universales y democráticos de España: poca gente queda fuera. Por algo somos el país que más condenas por vulnerar el derecho a la vivienda recibe del Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU.
¿No les parece un buen propósito para 2023? Pues venga, que la voluntad no cae del cielo, hay que trabajársela. Tendremos que empujar mucho en este año, en la Ley de Vivienda y en las sucesivas elecciones, para que el derecho a la vivienda deje de ser un buen propósito navideño.