Ceuta, el inicio de la campaña electoral
Hay crisis que se convierten en símbolos y la de Ceuta es una de ellas, porque si lo ocurrido tenía una dimensión geopolítica, humanitaria y diplomática, esta semana ha empezado a adquirir una nueva naturaleza semiótica: la de dar el pistoletazo de salida a un curso marcado por elecciones de distinta naturaleza: locales, autonómicas y generales.
No es casualidad que el presidente de Ceuta, dirigente del PP que durante años ha mantenido una relación de cooperación con los distintos Gobiernos centrales, haya endurecido el tono contra Pedro Sánchez. Habla de “pasividad casi absoluta”, de una situación de excepción y concede al Ejecutivo un plazo de 30 días antes de acudir a “otras instituciones”, incluido el Poder Judicial.
Ya hemos visto que en Ceuta la cuestión no estriba tanto en dilucidar cómo solucionar un problema humanitario como en imponer uno u otro relato. Y me parece que ese es uno de los mayores errores del Ejecutivo, que tampoco está saliendo bien parado: una cosa es la realidad y otra su percepción social, que en política resulta decisiva. Puede que haya coordinación entre administraciones o visitas de ministros, y es cierto que el tempo de la ley es distinto al de la urgencia —mediática— del debate público, pero parece que el Gobierno reacciona por detrás de los acontecimientos. España tiene recursos para movilizar medios ante emergencias de distinta naturaleza, pero si esa capacidad no se percibe, aparece un vacío que ocupan los discursos de “abandono” o “Estado fallido”: ya pasó con la DANA de Valencia y aquel famoso —y falaz— mantra de “solo el pueblo salva al pueblo”.
El Partido Popular ha detectado ese hueco y ha decidido que Ceuta sea uno de los grandes símbolos del fracaso del “sanchismo”. La proposición no de ley presentada por Cuca Gamarra combina dos elementos clásicos del manual de la oposición en esta legislatura: la deslegitimación del presidente —“negligencia”, “pasividad absoluta”— y la competición con Vox para ver quién encarna un nacionalismo más ultramontano. Ahora, el PP reclama un mando único, refuerzo policial y militar, mayor presencia de Frontex, el fin de las regularizaciones y una reforma de la Ley de Extranjería. Pero su posición contrasta con su trayectoria: los Gobiernos de Aznar realizaron tres procesos de regularización extraordinaria que beneficiaron a unas 500.000 personas y, en 2024, este mismo PP votó a favor de tomar en consideración la ILP para una nueva regularización, que el Gobierno aprobó en 2026 y que ahora los populares rechazan.
A ello se suma la exigencia de Gamarra del “retorno inmediato” de quienes entraron de forma irregular, incluidos los menores, obviando que cualquier devolución debe respetar la normativa de protección del menor, el Estatuto de los Refugiados y la Ley de Extranjería que el PP de Aznar aprobó —y endureció con una reforma de urgencia tras obtener la mayoría absoluta— en 2000. Entonces la población extranjera apenas superaba el medio millón, poco más del 1% de la población. Hoy ronda el 14,8% y, a tenor de lo que estamos viendo, más que personas parecen munición electoral.
La paradoja de Ceuta, donde las distintas instancias públicas compiten más de lo que colaboran, se hace aún más evidente si la comparamos con lo que sucedió con Ucrania. En el primer mes de la guerra, España concedió 51.957 protecciones temporales a desplazados ucranianos mediante un procedimiento extraordinario que permitía resolverlas en 24 horas. La respuesta contó, además, con la colaboración de las comunidades autónomas.
No son situaciones equivalentes. La protección temporal para los ucranianos se diseñó como una fórmula colectiva; en Ceuta, sobre todo en el caso de los menores no acompañados, hay que identificar a cada persona, determinar su situación y abrir un expediente individual. Eso alarga los plazos y exige otros recursos. Pero la comparación permite plantear una pregunta: si aquella emergencia humanitaria movilizó al conjunto del país y a las comunidades autónomas, ¿por qué ahora cuesta tanto encontrar esa misma solidaridad territorial?
La respuesta es que se avecinan elecciones que pueden cambiar —y mucho— el paisaje político. Pero no solo aquí. Europa afronta varias batallas electorales decisivas: este septiembre, en dos Länder de la antigua Alemania del Este, se verá si Alternativa por Alemania se convierte en primera fuerza; el año que viene, Italia y Finlandia pondrán a prueba la continuidad de sus gobiernos con participación de la extrema derecha, mientras Marine Le Pen aspira a convertirse en la primera presidenta de Francia. La extraña pareja formada la semana pasada por las primeras ministras danesa —socialdemócrata— e italiana —de extrema derecha— ofrece otra pista: la inmigración se ha convertido en uno de los ejes centrales de la agenda europea.
Algo que, por supuesto, una abanderada del trumpismo nacional como Isabel Díaz Ayuso no podía desaprovechar. Este lunes ha vuelto a colocar a Sánchez y Ceuta en el centro de su argumentario, con referencias a una “invasión tolerada”, mientras sigue evitando responder con claridad a la polémica del ático adquirido con dinero público y vendido deprisa y corriendo después de que la prensa destapara el asunto. El patrón resulta reconocible: inundar la conversación pública con un asunto de enorme carga emocional para desplazar otros temas incómodos. Por eso la líder madrileña se ha convertido en una de las voces más insistentes del PP sobre Ceuta y Sánchez, hasta el punto de que en las últimas semanas su presencia en este debate ha sido mayor que la del propio presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.