Españoles y no españoles ya están hablando en las calles
Hay algo casi cómico en el empeño de Almeida, Ayuso y sus medios afines por convertir una protesta pacífica en una amenaza para el orden público mientras quienes protestan siguen organizándose y ampliando la movilización. Mientras Martínez-Almeida buscaba armas entre el pan y el hummus e Isabel Díaz Ayuso acude a los tribunales para conseguir el desalojo inmediato de la acampada de Sol, la protesta por la vivienda sigue su hoja de ruta. Este sábado las movilizaciones se extenderán por decenas de ciudades, mientras desde Sol se habla ya de una huelga general por la vivienda. Un lugar convertido estos días en espacio desde el que quienes sufren en primera persona el problema de la vivienda y la amenaza de un desahucio pueden recuperar algo de la dignidad que se les roba cuando les dicen que solo queda aceptar lo inevitable. Que no poder acceder a una vivienda, dedicar buena parte de la vida a pagar un alquiler o vivir con el miedo permanente a perder la casa es, sencillamente, lo que hay.
Es obvio que la acampada de Sol no es el problema, que el problema se llama “derecho a la vivienda”. Según una encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, casi siete de cada diez personas en España apoyan limitar los precios de la vivienda, aunque eso reduzca la rentabilidad de los propietarios, posición que comparte más de la mitad de quienes votan al PP y a Vox. Entre un 70% y un 75% respalda regular los alquileres, limitar sus subidas y aplazar los desahucios de personas vulnerables. Algunas de esas medidas estaban precisamente en los decretos que PP, Vox y Junts han tumbado en el Congreso. La pregunta es retórica porque la respuesta parece bastante clara: ¿para quién gobernaría la derecha si llegara al Gobierno de España?
Cuando miles de personas, mayoritariamente jóvenes, pero no solo, se encuentran en las calles y plazas de distintas ciudades y destapan cómo sus vidas están atravesadas por el mismo problema, lo que empieza a cuestionarse es sencillamente el orden de las cosas o, dicho de otra forma, el «orden establecido». Ese orden que ha conseguido que normalicemos que tener un trabajo o cobrar una pensión no garantice poder pagar una vivienda, o que una parte cada vez mayor de nuestros ingresos tenga que destinarse simplemente a tener donde vivir (y no necesariamente una casa propia), o que una persona joven no pueda emanciparse, una mujer no pueda separarse porque no puede pagar otro alquiler, una familia pueda perder su casa o llegar a la vejez no garantice poder permanecer en el hogar de toda la vida. Ese es “el orden” que están alterando estas movilizaciones, no el “orden público” al que se refiere el artículo 21 de nuestra Constitución que protege el derecho de reunión pacífica, y que tanto empeño tienen en invocar Almeida y Ayuso.
No, no es el orden público lo que están alterando quienes acampan en Sol, se manifiestan o se organizan en sus barrios, sino un orden construido sobre relaciones de poder e intereses inmobiliarios, sobre la especulación y la avaricia –por cierto, uno de los siete pecados capitales–, que condicionan nuestras ciudades y nuestras posibilidades de vivir en ellas. Maricarmen, con 87 años y toda una vida en la misma casa, ha encarnado la historia de miles y miles de personas. Lo que ella ha tenido que vivir es la línea roja que nunca debió cruzarse y que nos ha obligado a mirar de frente una realidad en la que comprueba hasta dónde pueden llegar la deshumanización y la inmundicia de ese orden.
Cuando una movilización consigue señalar con tanta claridad el problema, una forma de evitar hablar de él es desacreditar a quienes lo señalan: llamarles hippies, perroflautas, decir que están de botellón o presentar la acampada como un lugar sucio y peligroso. Pero la realidad es muy distinta. Estamos ante una juventud que, a pesar de que se lleva años describiéndola desde el adultocentrismo como apática, individualista, machista, atrapada por las pantallas, seducida por discursos reaccionarios o incapaz de comprometerse con nada, ha decidido organizarse, hacer asambleas, ocupar plazas y hablar de vivienda. Una juventud que no necesita que nadie la idealice ni que ahora se la convierta en la generación que viene a salvarnos (otra forma de adultocentrismo). Sencillamente, es una juventud que está ejerciendo su y lo hace reclamando algo tan poco antisistema como un derecho reconocido en la Constitución.
Quienes se movilizan desde Sol, desde las calles y desde los barrios no han venido a hacerle el trabajo a la izquierda ni a salvar a ningún partido. Mientras, a Feijóo le ha faltado tiempo para pedir hoy a Sánchez, por enésima vez, que convoque elecciones para «que hablen los españoles». Y claro que los españoles tienen que hablar en las urnas cuando sean convocados. Pero no se trata de sustituir las urnas por las calles, sino de recordar que la democracia tampoco se agota en las urnas y que la ciudadanía ya está hablando. Hablan en Sol, en las calles, en los barrios, en las asambleas y cada vez que se organizan para impedir que alguien sea expulsado de su casa. Lo que están diciendo estos días es bastante claro: la vivienda no puede seguir siendo un privilegio, es un derecho. Y defender el derecho a tener una casa es motivo más que suficiente para organizarse, protestar e ir a una huelga general. Lo es.