Por más que intente vender otra idea, el balance de la política económica del presidente Rajoy es, sin duda, el más negativo de todo el periodo democrático. Probablemente la calificación fuere parecida también en otros aspectos y perspectivas, como el desprecio a los poderes constitucionales, la reducción de los derechos democráticos o el grave daño (por inacción y provocación) a la cohesión política. Pero nos centraremos ahora tan solo en lo económico.
Dos fueron las prioridades que marcó Rajoy para su gobierno. En primer lugar, generar empleo. Tras sus cuatro años de gobierno, el número de horas trabajadas es un 7% menos que en 2011, la masa salarial ha descendido un 3% del PIB y tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza. El empleo que se crea, y del que tanto se ufana, es inestable, mal pagado y, a menudo, fraudulento (falsos contratos parciales que encubren incumplimiento del salario mínimo). Un suspenso evidente en su presunta prioridad irrenunciable.
En segundo lugar, la disciplina presupuestaria y la reducción del déficit. Pues bien, ni un solo año ha conseguido cumplir con el objetivo señalado por el plan de estabilidad remitido a la Unión Europea y ha llevado a que la Deuda Pública haya superado el 100% del PIB, la cota más alta de los últimos cien años. Con el cinismo habitual, el gobierno echa la culpa a las Comunidades Autónomas (por otra parte, mayoritariamente gestionadas por su partido hasta pocos meses antes del cierre del ejercicio 2015). Parece olvidar que deja la Seguridad Social prácticamente sin fondo de reserva y que bajó los impuestos en año electoral, según la memoria oficial, prácticamente en la misma cuantía que la desviación observada en el déficit.
Estos dos últimos aspectos recuerdan otras promesas estrella también incumplidas:
- Defenderé las pensiones, decía. Pero, además de comerse la “hucha”, ha limitado sus subidas al 0’25% (sin consultar a los demás partidos como exigía el Pacto de Toledo) y ha mermado su poder adquisitivo a través de copagos y mayores impuestos.
- Bajaré los impuestos, prometía. Pero lo primero que hizo fue subirlos, los ha mantenido más altos durante toda la legislatura y los únicos que tienen hoy impuestos más bajos que en 2011 son los contribuyentes de mayores ingresos, a pesar de la populista rebaja electoral.
A ello podríamos añadir otros muchos datos. La desigualdad ha crecido en España en estos años al mayor ritmo de Europa, con una cuarta parte de la población (y un tercio de los menores) en riesgo de pobreza y exclusión social. Se ha proseguido la política de deterioro de los servicios públicos fundamentales como la educación y la sanidad. La cooperación al desarrollo ha sufrido un recorte sin precedentes…
Al mismo tiempo, la economía española sigue careciendo de auténtica competencia en la mayoría de los sectores y los lobbies de las grandes empresas han aumentado su influencia. Así, pagamos los precios más altos de Europa en la mayor parte de los servicios.
La corrupción que aflora, muestra un partido convertido en una máquina de cobrar comisiones y esquilmar ilegalmente los presupuestos públicos. En el caso del PP no cabe hablar de casos aislados: el mapa de procesados mancha todo territorio que haya tenido un gobierno de ese partido. Y están viéndose afectados altos cargos del partido, ministros, presidentes autonómicos, alcaldes… ¡y el propio Partido Popular, con gravísimas acusaciones que se mantienen por más que vayan sucediéndose los jueces encargados del caso!
No hace falta seguir. Con este balance, cuando Rajoy promete seguir en la misma senda, no podemos sino echarnos a temblar. No es fácil encontrar en el mundo un caso semejante, en el que un gobierno haya hecho exactamente lo contrario de lo que prometía. Y que termine como empezó: por ejemplo, prometiendo a la Unión Europea lo opuesto a lo que anuncia a sus ciudadanos.
En diciembre era evidente que necesitábamos imperiosamente un cambio. En las ya próximas elecciones de junio no podemos olvidar que, de nuevo, la prioridad debe ser forzar un cambio en las políticas seguidas por el gobierno del Partido Popular.
Pudo haberse conseguido. A pesar de la mayor fragmentación, el cambio era posible. Dada la correlación de fuerzas, considero que era una buena solución un pacto (de gobierno o, al menos, de investidura) que incluyera con el PSOE, pieza necesaria dada la composición del Congreso, a Ciudadanos, Izquierda Unida y Podemos. El cambio resultante no satisfaría al cien por cien a todos… pero habría sido evidente y positivo en comparación con lo que hemos tenido y seguimos sufriendo estos meses.
El error de Pedro Sánchez, probablemente, fue sellar un pacto bilateral en lugar de intentar desde el principio una negociación multilateral. Cerrado el primero, la adhesión de los no inicialmente incluidos resultaba difícil. Quizás no le dejaron las baronías de su partido. Quizás no habría prosperado en ningún caso, ante la evidente intención de Pablo Iglesias de buscar el segundo puesto en la repetición de elecciones. Pero hemos perdido una oportunidad de cambio evidente.
¿Hay todavía esperanzas de cambio? No soy optimista. La correlación izquierda/ derecha es muy probable que varíe poco. Es previsible que el PSOE seguirá teniendo el voto mediano, imprescindible para cualquier solución viable.
Si Unidos Podemos consiguiera sobrepasar al PSOE, exigiría a éste su apoyo (de hecho, ya ha empezado a hacerlo). Mucho me temo que no será fácil obtenerlo. Por una parte, es muy comprensible que Pedro Sánchez se resista a aceptar que cuando él queda por delante no recibe apoyo de Podemos, pero que debe darlo si la situación es la inversa. Por otra parte, es probable que ese resultado provoque un cambio en la secretaría general del partido socialista. Y mucho me temo que quien suceda a Sánchez será menos proclive a pactar con Podemos. En este escenario, no es improbable la abstención del PSOE. Mucho me temo un Congreso de nuevo paralizado o un acuerdo PP - Ciudadanos. Lejos del cambio que necesitamos en todo caso.
Si el PSOE mantuviera el segundo puesto, ¿habrán aprendido los líderes de los errores cometidos en estos meses pasados y llegarán esta vez a un acuerdo para el cambio? Objetivamente, me parece algo más factible. Pero, como puede verse, el panorama no incita al optimismo.
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Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor