Desde su fundación, en 1987, la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) nunca se había presentado a unas elecciones generales hasta los comicios de noviembre de 2019, en los que obtuvo dos escaños en el Congreso de los Diputados. Albert Botran (Molins de Rei, Barcelona, 1984), que ocupa uno de ellos, realiza un balance positivo de sus dos años en Madrid al considerar que la coalición ha logrado que se oiga en el conjunto del Estado “un discurso radicalmente independentista y de izquierdas”.
Durante la entrevista con elDiario.es que se celebró el pasado miércoles en el pequeño espacio de la Cámara Baja en la que se encuentran sus despachos, pegados a una planta ocupada por la fuerza mayoritaria, el PSOE, Botran reivindica su independencia de los poderes políticos y económicos como vía para poder defender mensajes y propuestas más “transformadoras” que las de otras fuerzas de izquierdas e independentistas, como ERC o EH Bildu.
Cuando a otras fuerzas de izquierda del Parlamento se les pregunta por ustedes afirman que la CUP va en contra de todo.
Estamos a favor de cosas que algunas fuerzas de izquierda comparten, pero como están lejos del debate político nadie quiere desgastarse defendiéndolas para no parecer muy excéntricos. Nosotros no tenemos compromisos con el poder que nos impidan defender estas ideas. Tanto en políticas económicas como en lo que se refiere a la estructuración del Estado y a políticas de autodeterminación sí somos muy radicales.
¿ERC o EH Bildu sí tienen esos complejos?
No les llamaría complejos, pero es cierto que tienen más compromisos con el Gobierno actual y eso les lleva a defender otras opciones distintas a las nuestras. Tenemos un mensaje muy claro. Creemos que Catalunya está preparada para ejercer su autodeterminación, de hecho ya lo hizo en octubre de 2017, y cualquier trato con un Gobierno del Estado español debe contemplar este derecho de autodeterminación. La otra cara de la moneda es el fin de la represión. Si no cesa la represión no entendemos que el Gobierno español merezca los votos del independentismo.
¿Qué elementos de represión se mantienen por parte del Estado en Catalunya?
Hay unas 3.300 personas encausadas en distintos procesos. Lo del Tribunal de Cuentas nos parece delirante. Un tribunal que ni tan siquiera está formado por jueces sino por representantes políticos y que está ejerciendo un tipo de represión sin ninguna garantía de defensa para las personas que están en esos procesos.
Ese tribunal no depende del Gobierno y, de hecho, hay miembros del Gobierno que se han manifestado en contra de las actuaciones por el procés.
Sí, pero se podría estar haciendo mucho más. Además, hay personas detenidas en manifestaciones de hace dos años que están recibiendo peticiones de penas de cárcel por desórdenes públicos, y todo ello es por los cambios legales que se hicieron en 2015, que deberían estar revertidos por el Gobierno. En materia antirrepresiva la agenda del Gobierno ha quedado totalmente pospuesta: ni la ley mordaza, ni la derogación del delito de sedición, ni la del endurecimiento del Código Penal de 2015. El Gobierno cumplió un único compromiso que fue la derogación del endurecimiento sobre las acciones de los piquetes, pero queda todo lo otro. También el hecho de que no hayan querido ni tramitar una ley de amnistía.
Cualquier trato con el Gobierno español debe contemplar la autodeterminación y el fin de la represión
Este Gobierno ha indultado a los presos del procés y ha puesto en marcha una mesa de diálogo con la Generalitat. ¿No son para ustedes pasos suficientes?
Los indultos los vimos como una cuestión de mínimos puesto que ya cumplieron casi cuatro años de cárcel, no lo olvidemos, por organizar un referéndum. Además, tenían ese doble filo para tratar de dividir a la gente encausada entre los que eran indultados mientras los exiliados no lo eran. Era una cuestión de muy mínimos pero no atendía a la cuestión de fondo. Incluso fue un indulto parcial, porque los indultados siguen inhabilitados.
¿Qué margen de maniobra tiene el Gobierno para actuar sobre los encausados que se marcharon fuera del país como Carles Puigdemont o Marta Rovira?
Esa ley de amnistía podría ser tramitada y debatida en el Congreso. Lo defendemos porque en Catalunya lo defiende la mayoría. Esto que en otros sitios del Estado está muy criminalizado en Catalunya no es así. Allí hay mucha gente que pese a no ser independentista entiende que la lucha por la autodeterminación no debe ser perseguida ni por penas de cárcel, ni por embargos del Tribunal de Cuentas. Hay una desconexión enorme entre lo que quiere mayoritariamente la sociedad catalana y la posición del Gobierno español.
¿La única posibilidad sería entonces esa ley de amnistía?
Sí, es nuestra prioridad porque además nos ha aglutinado a distintos sectores de la sociedad. Durante meses se estuvo trabajando, representa a una mayoría del Parlament, corresponde con una mayoría de la sociedad y eso no se lo pueden quitar de encima.
Ustedes sí plantean propuestas sociales y económicas en el Congreso. ¿Qué puede reivindicar la CUP que no hacen otras fuerzas de izquierda?
En materia económica hemos defendido muchas veces que ciertos sectores económicos, especialmente los estratégicos, deben volver a manos públicas. Aunque sea una pequeña voz en el desierto, tenemos la necesidad de continuar defendiéndolo porque es de sentido común. Que se estén lucrando las empresas energéticas por el precio de la luz y se estén repartiendo dividendos entre sus accionistas mientras a la gente nos cuesta pagar los recibos, unido a la transición energética, obliga a tomar decisiones que es mejor que las tome un poder público y controlado que uno privado. En cuanto a la nacionalización de sectores estratégicos nos sentimos predicando en minoría. Lo mismo con la expropiación de ciertos activos de la banca o de especuladores inmobiliarios. Es de sentido común que si hay gente que no tiene casa o que la están echando de su casa mientras que hay pisos vacíos para especular, esas viviendas se deberían retirar a los especuladores.
El Gobierno español no hace políticas que reduzcan las diferencias entre ricos y pobres
¿Valoran las políticas de izquierdas del Gobierno?
No somos tan imprudentes como para decir que este Gobierno es lo mismo que si estuviera la derecha. Pero eso no quiere decir que el Gobierno actual esté haciendo políticas que estén consiguiendo transformar la sociedad, que reduzcan las diferencias entre ricos y pobres. Aunque esté este Gobierno los ricos siguen siendo más ricos y los pobres más pobres. En materia de vivienda el PSOE mantiene compromisos con sectores económicos que le impiden tomar decisiones de izquierdas.
La CUP tiene dos diputados en el Congreso y, con un Gobierno que no tiene mayoría absoluta, hay momentos en los que les podrían haber necesitado para aprobar algunas medidas. ¿Descartan negociar los Presupuestos, teniendo en cuenta que uno de los interlocutores del Ejecutivo, Unidas Podemos, mantiene algunas posiciones similares a las suyas?
Nuestra experiencia con el PSOE es que incumple muchísimo sus acuerdos. Entrar a negociar con el PSOE suele ser contraproducente, porque no cumplen sus compromisos.
¿Menos aún para los Presupuestos?
Es que no cambian nada, primero, por el marco político general. Las más de 200.000 personas que nos votaron y que quisieron que estuviéramos aquí quieren que sigamos defendiendo esos mínimos de amnistía y autodeterminación, que aquí parecen excéntricos pero que en Catalunya son mínimos mayoritarios. En materia económica nosotros no vemos que se vayan a partir la cara para hacer transformaciones. Para poder hacer políticas sociales es necesario recaudar más, y no se entra en una fiscalidad a grandes empresas o a la banca, que es la gran beneficiada siempre, gobierne quien gobierne, en el Estado español. Fue rescatada y ahora sigue haciendo beneficios.
Habla de la dificultad de lograr acuerdos con el PSOE, pero en Catalunya ustedes sí han logrado acuerdos con el PSC, como para formar gobierno en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) o, más recientemente, para presentar una moción de censura contra Xavier García-Albiol, en Badalona. ¿Ese pragmatismo no se podría trasladar al Congreso de los Diputados?
Las correlaciones son algo distintas. En Sant Cugat la alcaldía no fue para el PSC sino para una alcaldesa independentista. En Badalona no es exactamente la CUP, es Guanyem Badalona de la que nosotros participamos, y hay que recordar que la alternativa allí es que gobierne el PP más racista y xenófobo. Eso obliga a llegar a acuerdos de muy amplio espectro.
La CUP mantuvo un debate interno sobre si debía concurrir a las elecciones generales. De hecho, las primeras a las que se presentaron fueron las de noviembre de 2019. Haciendo balance, ¿consideran positivo estar presentes en el Congreso?
Ha sido positivo porque se ha escuchado más nuestra voz. Nos presentamos con muchas reservas porque los grandes partidos son máquinas que necesitan del poder institucional para seguir funcionando y nosotros no queremos convertirnos en eso. A juzgar por los dos años en el Congreso, han servido para que nuestra voz se oiga más, para que se oiga un discurso radicalmente independentista y de izquierdas.
La independencia no es una prioridad egoísta, es nuestra opción de ruptura con el régimen del 78
Cuando ustedes presentan propuestas en Madrid, ¿solo piensan en Catalunya?
No tan solo en Catalunya sino primeramente en los Países Catalanes, el País Valencià y las Illes [Balears]. Esto queremos que vaya a más y conectar más con la realidad que viven estos territorios. La independencia es una prioridad, pero no una prioridad egoísta. Es nuestra opción de ruptura con el régimen del 78. Nuestro deber es construir nuestra república, pero esto lo vemos como una contribución para terminar con una estructura injusta. Como respondió Castelao a Calvo Sotelo, “España solo será roja si antes es rota”. Es a través de la fuerza de estas naciones históricas que consigan su autodeterminación, soberanía e independencia, que el Estado español deberá replantearse desde la base y retomar cosas que defendía Podemos no hace tantísimo, como un proceso constituyente, república, etcétera.
¿Tienen entendimientos con otros movimientos del Estado como Adelante Andalucía, los castellanistas o EH Bildu?
Con las fuerzas independentistas en Euskal Herria y Galicia tenemos sintonía porque compartimos la idea de la ruptura del Estado y de la defensa de nuestras repúblicas, no como una vía egoísta sino como nuestro deber. La relación con la Izquierda Castellana, los castellanistas, es muy buena, y ellos se han solidarizado con el proceso en Catalunya. Y en Andalucía, con Defender Andalucía, que están integrados en Adelante Andalucía, y con el Sindicato Andaluz de Trabajadores, siempre hemos tenido una buena sintonía. Reconocemos el valor que tiene en Castilla, Madrid o Andalucía batirse a favor de nuestro derecho a la autodeterminación porque sabemos que el españolismo es una realidad y vive de demonizar al distinto. En este caso, los independentistas catalanes somos el enemigo público número uno y defendernos públicamente tiene mucho valor y nosotros lo queremos cuidar con esa solidaridad internacionalista que nos apega.
¿Es posible ir más allá y hacer algún tipo de alianza con esos partidos, quizá para unas elecciones europeas?
Podría explorarse. De momento nosotros no nos hemos presentado nunca a unas elecciones europeas. Las próximas habrá que valorarlo y hacerlo en algún tipo de alianza con formaciones con las que compartamos objetivos no sería una mala idea seguro.
Ustedes sostienen al Govern de ERC y Junts en Catalunya. ¿Está en riesgo ese apoyo?
A lo que llegamos fue a un acuerdo de investidura, no de estabilidad.
Pero les necesitan para aprobar sus iniciativas.
Sí, pero a medida que se cumplan los acuerdos a los que llegamos para la investidura habrá más estabilidad a lo largo de la legislatura. Ahora mismo no estamos en un muy buen momento de cumplimiento de los acuerdos. El giro a la izquierda que prometió el Govern en su momento ha dejado paso a más de lo mismo. Estamos con la ampliación del aeropuerto, con los juegos olímpicos... Y, sin embargo, otros compromisos que estaban negro sobre blanco para que les diéramos nuestro voto están muy lejos de cumplirse. Por ejemplo, que se deje de utilizar a los antidisturbios de los desahucios.
FOTOS: Nando Ochando