Las principales ONG que monitorizan las violaciones de derechos humanos -Amnistía Internacional, Oxfam-Intermon, Greenpeace y Fundipau- han pedido al Gobierno una “investigación independiente” sobre la serie de reportajes publicados en eldiario.es donde se detalla el destino de las exportaciones de armas españolas.
En la investigación, llevada a cabo mediante fuentes de código abierto, se constata cómo en numerosas ocasiones el Gobierno autoriza exportaciones de material bélico a países inmersos en guerras o que vulneran los derechos humanos, contraviniendo tanto la legislación europea como la española.
En una carta dirigida al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo -el departamento del que depende la junta interministerial que autoriza las exportaciones de armas-, las ONG solicitan que se investigue de manera “imparcial y exhaustiva” los casos publicados por este periódico.
Según estas entidades, algunas de las revelaciones de la investigación “ponen de manifiesto la ausencia de mecanismos efectivos de seguimiento y control del uso final de las exportaciones”.
Las organizaciones ponen el foco en las exportaciones de componentes de la empresa ITP Aero -presidida por Josep Piqué- para fabricar los cazas que bombardean Yemen; en el mantenimiento que Iberia lleva a cabo en Barajas para aviones saudíes; en el uso de aviones de fabricación española en la invasión turca de Siria y en el uso de munición española para reprimir las protestas estudiantiles de 2018 en Nicaragua.
Quien toma la decisión en España sobre a qué lugares se pueden exportar armas es un organismo llamado Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMMDU), integrada por representantes de los ministerios de Industria, Turismo y Comercio, de Presidencia, de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa, de Economía y Hacienda y de Interior. Las reuniones son a puerta cerrada y las actas son secretas e inaccesibles.
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