Los tribunales españoles se convirtieron en los principales avalistas de las medidas sanitarias para contener el avance del coronavirus durante los dos primeros años de pandemia. Sentencias y autos sobre confinamientos, toques de queda, cuarentenas, mascarillas o, finalmente, la vacunación por orden judicial de niños y personas incapacitadas. En los últimos meses, el Tribunal Constitucional ha rechazado hasta 25 recursos de personas que se negaban, sobre todo, a la vacunación de sus hijos, representados en su mayor parte por abogados vinculados al movimiento antivacunas.
La campaña de vacunación contra la COVID-19 arrancó en una residencia de mayores de Guadalajara en los últimos días de 2020. Araceli Hidalgo, entonces de 96 años de edad, fue la primera persona en recibir la vacuna, dando el pistoletazo de salida a una medida sanitaria que alcanzó a los más pequeños un año después. La campaña de vacunación de menores de 11 años de edad arrancó en diciembre de 2021 y poco después arrancaron los primeros conflictos entre progenitores que no se ponían de acuerdo sobre la inoculación de sus hijos.
El guion fue muy similar en decenas de casos de padres y madres divorciados o separados que terminaban en el juzgado porque uno quería vacunar a los hijos, menores de edad, y el otro no. El asunto de la vacunación no es novedoso en la jurisprudencia española pero, sí se planteaba de manera inédita ante los juzgados: por una enfermedad poco conocida que tenía que combatirse con una vacuna recién creada.
Los progenitores que no querían que los sanitarios administraran las vacunas a sus hijos mostraron, en muchas ocasiones, argumentos coincidentes, en algunos casos también reproduciendo bulos: que las vacunas no habían pasado todos los controles pertinentes, que estaba en fase de prueba, que no se conocían potenciales efectos secundarios o que no estaba recomendada en niños. En los juzgados de primera instancia el debate casi siempre terminaba igual: los jueces avalaban la vacunación y dejaban la decisión en manos del progenitor que apostaba por inocular al menor.
Muchos de estos casos llegaron hasta el Tribunal Constitucional, sobre todo de manos de abogados que, durante la pandemia, se agruparon en torno a asociaciones antivacunas como Liberum. El tribunal de garantías ha rechazado ya 25 de estos recursos, la mayoría de los cuales fueron presentados por letrados ligados en el pasado a esta asociación y que han llegado a comparecer en el Parlamento Europeo de la mano de Vox.
De estas 25 resoluciones del Constitucional, 22 tienen que ver con progenitores que difieren sobre la vacunación de sus hijos, y el resto con hijos que se negaban a vacunar a sus padres, personas mayores e incapacitadas para tomar sus propias decisiones. En todos los casos, según ha podido comprobar elDiario.es, la Fiscalía informó en contra de los recursos antivacunas.
Son disputas procedentes de Canarias, Cantabria, Albacete, Alicante, Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Málaga. Y en todos los casos el Constitucional, por unanimidad, ha dicho lo mismo: las agencias del Medicamento habían dado luz verde a la vacuna, sus márgenes de riesgo no eran mayores que los de cualquier otra vacuna, existía un “contexto de riesgo cualificado” y, entre otras razones, una “evidencia estadística” de que los efectos adversos de la vacuna no eran mayores que los de no ponérsela en el caso de niños y ancianos.
Menores, ancianos, COVID-19 y VPH
El primer caso que estudió el Constitucional en mayo de 2023 fue el de un hombre que pleiteó para que su padre, un anciano con una enfermedad degenerativa e incapacitado judicialmente, no fuera vacunado en la localidad canaria de Telde. A partir de ese momento, la inmensa mayoría de los pleitos recurridos en amparo tuvieron que ver con la vacunación de menores de edad. Todos los casos en torno a las vacunas contra el coronavirus y en un caso también del Virus del Papiloma Humano.
Buena parte de las demandas que han llegado hasta el tribunal de garantías, que en muchos casos han compartido abogado, planteaban reclamaciones similares: que el expediente de jurisdicción voluntaria que autorizó la vacunación del niño vulneró el derecho a la integridad física del menor, a un proceso con todas las garantías y finalmente la tutela judicial efectiva.
Por norma general, el Constitucional ha entendido que en los casos estudiados los padres y madres de los menores han tenido toda la información disponible a su alcance. También que la decisión judicial de autorizar las vacunaciones ha estado fundamentada en “el interés superior del menor”. Basándose en los “informes, dictámenes y recomendaciones” disponibles en cada momento. Vacunar a los más jóvenes, ha dicho en varias sentencias el tribunal, “habría de facilitar el retorno a la normalidad”.
La sucesión de sentencias en casos procedentes de todo el país convierte en doctrina estable lo dicho por el Constitucional sobre la vacunación de menores de edad y personas incapacitadas contra el coronavirus. Salvo que, por ejemplo, se pudiera probar que en uno de estos procesos de jurisdicción voluntaria los progenitores o tutores no tuvieron información suficiente, lo que hasta ahora no ha sido el caso.
Los mismos abogados
Todos estos recursos que han llegado hasta el Tribunal Constitucional y que, por ahora, han sido rechazados, tienen otro punto en común: los abogados y abogadas que los han presentado. Doce de los recursos rechazados venían firmados por la letrada Cristina Armas Suárez, otros tres por Alexis José Aneas Fernández, tres más por Marcos Rubio Rubio y un último recurso fallido firmado por Luis María Pardo Rodríguez.
Al menos en el pasado, todos han estado vinculados de alguna manera a la asociación Liberum, una de las más activas durante la pandemia en su oposición judicial a las medidas y restricciones sanitarias que los distintos gobiernos central y autonómicos ponían en marcha para combatir el avance de la pandemia. Presentaron acciones judiciales incluso por la vía penal contra representantes del Gobierno o de la judicatura que no han prosperado en el Tribunal Supremo.
Cristina Armas, según figura en la página web de la asociación, se desvinculó hace tiempo de Liberum en medio de una fuerte disputa. Alexis José Aneas y Luis María Pardo llegaron a acudir al Parlamento Europeo en nombre de esta asociación, en calidad de portavoz y de representante del equipo jurídico, respectivamente. En cuanto a Marcos Rubio, cuya página web anuncia la admisión a trámite de sus recursos de amparo pero no su posterior desestimación, ha sido referido en varias ocasiones en el pasado como miembro del equipo jurídico de la asociación.