El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este martes por unanimidad anular la resolución del Parlament, que instaba al Govern a convocar un referéndum sobre la independencia en Catalunya sin acuerdo con el Estado, y abrir una nueva vía penal contra Forcadell y los miembros del Govern por permitir la votación de estas resoluciones en el Parlament.
El pleno del Alto Tribunal ha estimado el incidente de ejecución presentado por el Gobierno contra los acuerdos parlamentarios, alcanzados entre JxSí y la CUP en octubre de 2016. El Gobierno central no impugnó otra resolución sobre la celebración de un referéndum, esta vez acordado, aprobada por JxSí y CSQEP.
En paralelo, el Constitucional ha ordenado que la fiscalía amplíe las medidas penales contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y contra el resto de miembros de la Mesa, al entender que desobedecieron sus órdenes al permitir que estas resoluciones sobre un referéndum sin acuerdo se votasen en octubre de 2016.
Aunque el TC no entra a decir si existe o no delito, el fiscal presentará una querella, en los próximos días, con toda probabilidad, contra Forcadell y contra los miembros de la Mesa afectados: Lluis Corominas (JxSí), Anna Simó (JxSí), Joan Josep Nuet (CSQEP) y Ramona Barrufet (JxSí).