Los embajadores de España, Francia y Alemania en El Salvador esperan que una comisión internacional contra la impunidad impulsada por el Ejecutivo de Nayib Bukele sea independiente y cuente la participación de otros órganos de Estado.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno salvadoreño firmaron en septiembre sendos acuerdos para la creación e instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies).
El vicepresidente, Félix Ulloa, aseguró a mediados de septiembre que el Ejecutivo buscaría la Unión Europea (UE) sume su apoyo a la Cicies, al igual que las Naciones Unidas.
El embajador de España en El Salvador, Federico de Torres Muro, dijo este viernes durante una conferencia de prensa que su país “estará presente en este ejercicio” si existe una solicitud de El Salvador y “si hay una aproximación inclusiva de todas las instituciones”.
Esto en referencia a la Corte de Cuentas, a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Asamblea Legislativa.
Señaló que la inclusión de estas instituciones en las actividades de la Cicies es un “requisito” que “creemos que es importante”.
Por su parte, el embajador de Francia en el territorio salvadoreño, François Bonet, señaló que la “independencia” de la Cicies y el “fortalecimiento de las instituciones” serían “criterios de apoyo y participación” de la UE.
El embajador de Alemania, Bernd Finke, señaló que “el problema para nosotros es que hay más preguntas que respuestas” sobre el funcionamiento que tendrá la Cicies.
“Tenemos que saber cuál es la división de trabajo entra la comisión internacional y las instituciones nacionales, como la Fiscalía, Corte de Cuentas, etc. Esperamos que en las próximas semanas o meses haya más respuestas que preguntas”, acotó.
El embajador de la UE en El Salvador, Andreu Bassols, aseguró este viernes a Efe que el Gobierno de Bukele no ha solicitado oficialmente el apoyo del organismo para la Cicies.
Según diversos sectores, la Cicies únicamente tendrá la facultad de realizar investigaciones administrativas dentro del Ejecutivo, dado que su creación no fue avalada por la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia.