Una sentencia judicial no siempre es fácil de entender pero sí puede afectar profundamente a una persona, hasta el punto de implicar si va o no a la cárcel o si la administración asume su tutela. Y las personas con algún tipo de discapacidad intelectual, a veces, se encuentran con el problema de comprender un documento que marca su vida pero que está escrito en un lenguaje técnico imposible de descifrar. El Tribunal Supremo, siguiendo las indicaciones de la normativa que entró en vigor el año pasado, acaba de dictar dos resoluciones en las que apuesta por adaptar el texto de las resoluciones para que sea más fácil de comprender si alguno de los afectados es una persona con discapacidad intelectual.
Los jueces de lo penal han estudiado dos casos con personas con discapacidad intelectual tanto en el banquillo de los acusados como en el apartado de las víctimas. Una de ellas confirma la absolución de un hombre acusado de violar a una mujer con un “retraso mental ligero” en Zaragoza en 2007. La otra sentencia confirma la medida de libertad vigilada impuesta en Cantabria a un hombre por abusar de un joven con una discapacidad del 66%.
En este segundo caso, el abusador fue eximido de una condena de cárcel porque “padece de sordomudez desde el nacimiento sin formación alguna no fue escolarizado ni adquirió habilidad en lecto escritura ni aprendió lenguaje de signos lo, que le ha impedido realizar un desarrollo intelectivo y cognoscitivo de forma adecuada alterando su conciencia de realidad”.
Los jueces desestiman todos los recursos presentados por las partes contra ambas sentencias pero incluyen un párrafo para que su contenido se adapte a las personas directamente afectadas y, por tanto, más interesadas en conocer su contenido. “La presente sentencia deberá ponerse en conocimiento personal de la denunciante. Para ello es procedente, dada su discapacidad intelectual, ordenar que la presente sentencia se redacte también en formato de lectura fácil”, dice el Tribunal Supremo.
Las personas con discapacidad intelectual se pueden ver envueltas en un proceso penal como acusadas, víctimas o testigos, pero también en otras jurisdicciones donde otros tribunales ya han recomendado y puesto en práctica, sobre todo en la civil. Es en los tribunales civiles donde los jueces deciden, por ejemplo, sobre la curatela de una persona con discapacidad intelectual, o en procesos de familia. En Asturias, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia puso en marcha en 2019 un sistema para adaptar las sentencias.
Es la primera vez que una de estas decisiones parte de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Los jueces apelan, en primer lugar, a la Convención de Naciones Unidas de 2006 pero también a la normativa española de 2022 que en su artículo 19.2 es específica sobre este asunto: “Las administraciones públicas favorecerán la información y accesibilidad a la justicia de los grupos especialmente vulnerables según las causas establecidas en esta ley”.