“Está comprobado que las penas de larga duración suscitan en el tiempo conductas violentas y por lo tanto la reeducación, rehabilitación y reinserción social quedan diluidas”, alerta CSIF al tiempo que llama la atención sobre “el déficit de funcionarios penitenciarios del que adolece la Institución” y que “impedirá un seguimiento específico sobre dichos internos”.
Según dicen, “preocupa la adaptación de las acciones formativas dirigidas a los funcionarios que tienen que tratar con este perfil de internos condenados a este tipo de penas, siendo en la mayoría delitos muy graves como los cometidos contra menores de 16 años, personas especialmente vulnerables o terrorismo yihadista”. “Se padece de una falta de infraestructura arquitectónica donde se va a alojar a este tipo de internos y sobre la conveniencia de la dispersión o no de los mismos”, añaden.
Sin entrar en el debate sobre la constitucionalidad de la norma CSIF insiste en que “este tipo de pena representa un peligro inminente sobre los profesionales penitenciarios y para el resto de población reclusa porque el interno condenado a esta pena tiene unas expectativas de libertad muy lejanas”. Por estos motivos solicitan un Proceso Estatutario para Prisiones y medios materiales y humanos suficientes para atender dicho proyecto de reforma del Código Penal.