El Gobierno venezolano y los empresarios del país están enfrentados la víspera del “paro cívico” convocado por la oposición para que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, suspenda la convocatoria a la elección de una asamblea constituyente, prevista para el 30 de julio.
El ministro venezolano de Trabajo, Néstor Ovalles, calificó de “irresponsable” el paro de 24 horas, convocado por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Recordó que la legislación venezolana contempla sanciones a las empresas que “vulneren el derecho al trabajo” y que esto se tendrá en cuenta mañana para evitar que la “cúpula empresarial” respalde la iniciativa de los opositores.
Antes, la mayor patronal del país Fedecámaras cuestionó el proceso constituyente y consideró que la llamada revolución bolivariana pretende con este mecanismo transformar Venezuela en un “Estado comunista”.
“No podemos bajar la guardia ante las amenazas del socialismo, y mucho menos ante la posibilidad de entrar abiertamente en un modelo comunista (...) La clase política en el poder carece de compromiso con los valores de la democracia”, afirmó Carlos Larrazábal, designado el martes como nuevo presidente de Fedecámaras.
Entretanto, la presidenta de la Unión de Trabajadores Venezolanos (Únete), Marcela Máspero, ha dicho que todos los empleados del país “están dispuestos a protagonizar una huelga general indefinida hasta que se restituya el hilo constitucional en Venezuela”.