El Gobierno Vasco ha recurrido ante el Tribunal Constitucional varios preceptos de la ley española para la defensa de la calidad alimentaria por considerar que vulnera las competencias de Euskadi en materia agroalimentaria recogidas en el Estatuto de Autonomía.
Este recurso, el decimonoveno del Gobierno Vasco al TC en esta legislatura, llega tras seis meses de “infructuosa negociación” en la comisión bilateral entre los ejecutivos vasco y español.
El gabinete de Iñigo Urkullu ha denunciado en una nota que el Ejecutivo central “se vuelve a extralimitar extendiendo su legislación sin límite alguno” y ha recordado que en materia agroalimentaria “Euskadi tiene competencia exclusiva” además de una normativa propia (la Ley de Política Agraria y Alimentaria, aprobada en 2008).
La ley española “bajo el pretexto de planificación general de la actividad económica” establece “con carácter básico” un régimen sancionador “exhaustivo, excesivo y uniforme”, a pesar de que la norma vasca incluye un régimen sancionador propio.
El Gobierno Vasco denuncia que este sistema de control y sanción “vacía y anula de manera casi absoluta la competencia exclusiva que Euskadi, relegándola a una mera ejecutora de la legislación que dicte el Estado”.
La norma recurrida recoge también la creación de un sistema de información sobre los controles de los piensos y alimentos animales “que no contempla a la Ertzaintza en las tareas de control e inspección”, que se atribuye únicamente al Seprona, servicio perteneciente a la Guardia Civil cuando el Estatuto atribuye a la Policía vasca “funciones idénticas”.
En el recurso de inconstitucionalidad también se argumenta que el Gobierno de España “se arroga competencias que no le corresponden, utilizando como excusa su capacidad de coordinar la planificación general de la actividad económica”.