El Gobierno camboyano incita a la violencia contra la oposición política y encubre a los presuntos culpables, denunció hoy la organización garante de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
El pasado octubre, una turba de personas favorables al gobernante Partido del Pueblo de Camboya (PPC) atacó a los parlamentarios Kung Sophea y Nhay Chamraoen, afiliados en el grupo opositor, cuando estos abandonaban la Cámara Baja en Phnom Penh.
Una semana más tarde, tres miembros de la guarda personal del primer ministro, Hun Sen, confesaron ser los autores del ataque, aunque documentos gráficos muestran a más de una decena de personas.
HRW denuncia en un informe la pasividad de las fuerzas de seguridad durante el incidente y como se ha tratado de velar por otros políticos gubernamentales y fuerzas de seguridad de alto rango relacionados con el ataque.
Se espera que mañana un tribunal de justicia camboyano lea la sentencia contra el trío autoinculpado por “actos deliberados de violencia” y “causar daños” bajo circunstancias agravantes.
“Procesar solo a tres personas mientras se bloquean investigaciones sobre los otros organizadores y participantes del ataque muestra un encubrimiento descarado del Gobierno y los tribunales”, señaló el director de HRW para Asia, Brad Adams.
“El ataque contra los parlamentarios de la oposición tiene el sello de una operación realizada por las fuerzas de seguridad del estado de Camboya”, añade el documento.
Desde mayo del año pasado la represión contra la oposición y activistas se ha intensificado, según HRW, que pide una reacción de los países para que Camboya no acelere “su caída hacia la violencia patrocinada por el estado y un gobierno monopartidista”.
El líder del opositor Partido Nacional para el Rescate de Camboya, Sam Rainsy, se enfrenta a varios procesos judiciales y decidió autoexiliarse en noviembre para evitar su arresto
Su segundo, Kem Sokha, también está siendo investigado por la Unidad Anticorrupción y los tribunales desde abril y fue destituido de la vicepresidencia de la Asamblea Nacional por la mayoría del PPC en octubre.
La ONG local Licadho denuncia que veintinueve presos políticos han sido encarcelados en el último año, entre ellos defensores de derechos humanos, estudiantes, monjes, opositores y activistas medioambientales.