Ignacio González se sienta en el banquillo por el amaño del campo de golf que el PP construyó en el centro de Madrid
“Yo tuve la idea de ponerlo en el centro de Madrid. Mátenme a mí, pero la idea fue mía. Lo había visto en el extranjero”. La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre asumió en 2018 en una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que se trajo de un viaje a Japón la idea de levantar un campo de golf en el centro de Madrid, sobre los antiguos depósitos del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas.
Casi una década después de aquellas palabras, esa infraestructura deportiva está demolida después que fuera declarada ilegal tras la oposición de los vecinos del barrio, que reclamaban que los 120.000 metros cuadrados se convirtieran en un parque público y no en un campo de golf. Y quien fuera su delfín Ignacio González se sienta en el banquillo acusado de urdir un sistema para que las adjudicaciones de ese proyecto “recayeran en algún momento en una empresa vinculada a sus familiares”.
La Audiencia Nacional acoge a partir de este martes el primero de los tres juicios pendientes que tiene Ignacio González por el llamado caso Lezo, el macrosumario que durante casi siete meses de 2017 le hizo cambiar su chalé en el acomodado barrio de Aravaca por una celda de la prisión de Soto del Real.
En esos procedimientos se le acusa de haber cobrado mordidas millonarias y de haber amañado contratos durante la época en la que estuvo al frente del Canal de Isabel II. Presidió esa empresa pública encargada de suministrar agua a todos los madrileños entre 2003 y 2012, al tiempo que era vicepresidente autonómico. Después, a partir de 2012, sucedió en el cargo a Esperanza Aguirre.
La vista oral que se inicia este martes deriva de la investigación por el supuesto amaño en la construcción del citado campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II. El auto de apertura de juicio oral recoge un compendio de actividades corruptas para favorecer a su hermano y su cuñado, a los que la empresa pública adjudicó de forma encubierta una parte del proyecto.
La Fiscalía solicita en esta pieza para González seis años de cárcel por dos delitos de cohecho. La Comunidad de Madrid, personada como acusación particular, eleva esa petición a 16 años de prisión, ya que suma además delitos de malversación de caudales públicos y fraude a las Administraciones Públicas. También reclama una multa de 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid se suma a la petición de la Fiscalía, mientras que la acusación popular de PSOE y Adade reclama para él diez años de cárcel y Comisiones Obreras, ocho años.
Los hechos que se van a enjuiciar se remontan a hace más de veinte años. En 2003, la empresa de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción del campo de golf. Pero, un año después, Ignacio González e Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal, modificaron el proyecto “con el fin de beneficiar a familiares” del entonces vicepresidente regional, según acreditó la investigación del juez Manuel García Castellón.
Esas variaciones, añade su auto de apertura de juicio oral, eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación. Pero ambos “convinieron con Dragados” que el Canal le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a TCT, una empresa del hermano de Ignacio González, Pablo Manuel; su cuñado, Juan José Caballero; y un socio de estos últimos.
TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello. Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas.
Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”. Ambas contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge la resolución judicial.
Ocho sesiones y medio centenar de testigos
Según el calendario fijado por el tribunal, la vista se extenderá durante ocho sesiones. Acabará previsiblemente días antes de que se inicie la campaña electoral de las próximas elecciones generales. Está previsto que declaren casi medio centenar de testigos. Entre ellos, más de una decena de exmiembros del consejo de administración del Canal de Isabel II y altos cargos autonómicos y municipales durante el periodo investigado. Figuran en este listado la expresidenta Esperanza Aguirre o los exconsejeros de la Comunidad de Madrid Mariano Zabía, Engracia Hidalgo, Elvira Rodríguez o Fernando Merry que, a su vez, formaban parte en esa época del consejo de la empresa pública.
También están citados hasta 22 técnicos, entre ingenieros, directores de proyecto y personal técnico que intervinieron en la tramitación, supervisión, informes y seguimiento de las obras. Algunos de ellos llegaron a estar imputados durante la investigación. Entre los citados como testigos figuran también casi una decena de directivos de las sociedades adjudicatarias de las obras (Dragados/ACS, UTE gestora Green Canal Golf, Soto Once e Iridium), así como de las mercantiles subcontratadas para la ejecución de los trabajos.
Deberá comparecer, asimismo, Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González, a quien se le cita en relación con los presuntos beneficios económicos y comisiones derivadas del desvío de fondos a favor de los familiares del expresidente.
La compra “inflada” de Emissão
El reparto de comisiones también sobrevuela otra de las piezas del caso Lezo que llevarán a González al banquillo en 2027. Se trata de la que indagó en la compra “inflada” de la sociedad brasileña Emissão por parte del Canal entre 2012 y 2014. La adquisición del 75% de esa compañía, que se supone que abría las puertas de la empresa pública al mercado brasileño, se cerró por 31 millones de dólares, pero su valoración cayó al poco tiempo hasta los cinco millones. Los investigadores calculan que esta operación generó un perjuicio de entre 6,4 y 9,6 millones de euros para las arcas públicas “debido al sobreprecio pagado”.
En ese “sobreprecio” estaban incluidas las “ilícitas comisiones” que fueron a parar al bolsillo de los investigados, según detalla el auto de apertura de juicio oral, de marzo de 2020. Aquí González sí habría sido beneficiario directo de esa mordida. Y además habría sacado más tajada que sus colaboradores en un reparto de comisiones que supuestamente él mismo se encargó de hacer: mientras fijó para sí mismo una mordida de 1,8 millones de dólares, reservó para los otros cuatro imputados 900.000 dólares por cabeza.
Entre los que supuestamente recibieron mordidas está Edmundo Rodríguez Sobrino, testaferro confeso de González en esta operación y su hombre fuerte en Latinoamérica. La Fiscalía atribuye en esta causa al expresidente madrileño delitos de fraude a la Administración en concurso con malversación y solicita para él ocho años de cárcel. La Comunidad de Madrid eleva la petición a once años.
Otra supuesta comisión —en este caso, 1,8 millones de euros a repartir con su mano derecha en el Canal, Ildefonso de Miguel— está detrás de la tercera pieza del ‘caso Lezo’ que sentará en el banquillo al expresidente madrileño. Es el dinero que supuestamente ambos habrían cobrado a cambio de la adjudicación en 2007 a OHL por 360 millones de euros del fallido proyecto del tren entre Móstoles y Navalcarnero. Según el auto de apertura de juicio oral, del 4 de junio, la constructora fundada por Juan Miguel Villar Mir obtuvo dicho contrato a través de un concierto criminal entre su consejero Javier López Madrid y el alto directivo Rafael Martín de Nicolás con González y De Miguel.
La Fiscalía solicita que se condene a cuatro años de cárcel a González por delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo, cohecho activo y falsedad en documentos mercantil. Según la resolución judicial, los directivos de OHL idearon un “plan” para hacerse con la licitación que consistía en presentar la oferta más baja en costes y asegurarse la concesión y también la posterior modificación del proyecto.
La idea era que compensarían la pérdida de ingresos por haber presentado una oferta tan baja por medio de la citada mordida de 2,5 millones de dólares (1,8 millones de euros al cambio de entonces). En el otro lado de la trama estaban González y De Miguel. Se trataba de que ambos influyeran en el consejero delegado del consorcio público Mintra, que debía conceder la adjudicación.
Completan la presunta trama criminal otro cargo de OHL, Felicísimo Damián Ramos, director de Control de Gestión de la constructora, y Adrián de la Joya, histórico socio del comisario Villarejo con domicilio en Suiza. De la Joya movió el dinero entre distintas cuentas de su propiedad al tiempo que retiraba el dinero de la mordida, que acabó en las manos de De Miguel para su reparto.