Inés Herreros es presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) desde octubre del año pasado. Ejerce como fiscal desde 2004 y su primer destino fue en Las Palmas, donde trabaja como fiscal delegada de protección y tutela de las víctimas. Ha formado parte del Consejo Fiscal desde abril de 2018, organismo que abandonará después de las últimas elecciones en las que la conservadora Asociación de Fiscales ha aumentado su presencia y la Unión Progresista se ha quedado con la mitad de vocales.
¿Qué balance hace la UPF del mandato del Consejo Fiscal que acaba de terminar?
Valoramos positivamente lo que hemos hecho, resultados importantes que son reivindicaciones clásicas de la UPF. En estos cuatro años hemos conseguido un nuevo reglamento, la implantación de un protocolo de igualdad en la carrera y se ha puesto el foco en materia de igualdad, derechos humanos y protección de colectivos vulnerables. También le hemos dado mucho valor al trabajo en materia de menores y violencia de género, que parecían dos especialidades que estaban orilladas y le hemos dado una importancia extraordinaria.
¿Ha sido un mandato menos convulso de lo que ha trascendido en materia de nombramientos?
Los consejos fiscales se desarrollaban con una normalidad institucional y consensos muy amplios. Uno de los ejemplos es la Ley del consentimiento o la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Teníamos puntos de conexión con la Asociación de Fiscales en las cuestiones claves de la carrera. Pero luego, una vez salíamos del Consejo Fiscal, nos encontrábamos con esos comunicados que realizaban. Y no veíamos reconocido lo que había sucedido en el Consejo Fiscal con la versión que daban después, y esa versión generaba muchísima crispación de carácter asociativo.
¿Ha existido un trato de favor a la UPF en los nombramientos de fiscales de sala?
Se ha puesto el foco en los fiscales de sala porque no se puede poner el foco ni en las jefaturas de área, ni en las provinciales ni en las superiores, donde está verdaderamente el poder en lo que afecta a la ciudadanía, porque la participación de la UPF es mínima con gran participación por parte de la Asociación de Fiscales. Por eso han puesto el foco en los fiscales de sala.
La junta de fiscales de sala es un órgano de asesoramiento de la fiscal general que no debe responder a la proporción de representatividad de las asociaciones, es un asesoramiento que tiene que responder a la sensibilidad de la ciudadanía. Cuando se asesora a la fiscal general tienen que existir sensibilidades diversas y no puede existir una única sensibilidad. En cuanto as las personas que han sido nombradas de la UPF, es una cosa que a lo mejor cuesta entender porque otros fiscales generales no nombraban fiscales de la UPF pero tienen un mérito y una capacidad impresionantes.
El Tribunal Supremo ha dado la razón a la AF y ha anulado uno de esos nombramientos...
Me preocupa esa resolución porque parece que se ha metido hasta la cocina de la Fiscalía General del Estado. Como mujer me preocupa mucho porque se realiza una valoración sobre actuaciones no jurisdiccionales. Lo que se hace fuera de la actividad jurisdiccional es algo que, en un porcentaje muy alto, se pueden permitir personas no cuidadoras. Me preocupa que el trabajo jurisdiccional no se valore en la misma medida en que se valora una tesis doctoral, publicaciones o ponencias. Porque el trabajo que tenemos que realizar es dentro de la carrera fiscal.
También me preocupa cómo es posible que se considere que es más mérito realizar esas publicaciones que haber desarrollado una actividad jurisdiccional dirigiendo una de las fiscalías más grandes y más complicadas de España como es la jefatura de Madrid. Me parece preocupante que pueda determinarse por parte de los jueces qué se necesita dentro de la propia Fiscalía.
¿Qué autocrítica hace la UPF después del resultado electoral?
Vamos a hacer autocrítica y una valoración sobre qué cosas no hemos sabido transmitir, en qué cosas nos hemos quedado cortos y qué cosas no hemos hecho. Pero somos conscientes de que la Asociación de Fiscales nos ha colocado en un marco de confrontación y de ataque, no solo a la UPF, sino a los valores que representamos. Hemos optado por actuar en positivo en una campaña donde lo que nos avalaba era el trabajo realizado y no hemos querido entrar a contribuir a esa crispación asociativa, no les hemos señalado y nos hemos encontrado con que hemos sido señalados con nombres y apellidos, hemos sido objeto de cierta mofa en alguno de los escritos que han trasladado a toda la carrera.
Hay determinadas puertas de jefaturas de la Asociación de Fiscales que las candidatas de la UPF se las han encontrado cerradas para desarrollar con normalidad la campaña electoral. Podríamos haber optado por la confrontación, pero no, porque consideramos que eso ocasiona un perjuicio a la carrera fiscal. Y también, en este caso, se presentaba Salvador Viada que lleva 16 años siendo candidato ininterrumpido y en el momento antes de su jubilación ha sido elegido por la carrera.
Recientemente, parte de la junta de fiscales de sala ha mostrado su discrepancia con una enmienda del PSOE para cambiar la parte del Estatuto Fiscal que regula las peticiones de información del Gobierno al Ministerio Público.
La enmienda, lo que entiendo, es que busca eliminar esa artículo del Estatuto que dice que el Gobierno puede llamar al fiscal general al Consejo de Ministros, que es algo que la carrera fiscal siempre ha estado en contra y además exige que la comunicación se realice por escrito. Me parece que es mucho más transparente.
¿Qué opina la UPF sobre el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial?
Se tiene que renovar el CGPJ y es un mandato obligatorio. Asistimos con muchísima preocupación a eso que hemos llamado el secuestro del CGPJ cuando se decía que se ponían condiciones. El sistema de elección debe estar relacionado con la soberanía popular, que reside en el pueblo, y consideramos que la elección entre los propios jueces o asociaciones no va a ser más democrática que el sistema actual. El nombramiento de las candidaturas y la elección de la presidencia debe hacerse de una forma más separada de los partidos políticos, pero esa renovación debe ser realizada. Nunca hemos sido partidarios de que se haga a través de los propios jueces.
¿Y sobre las becas implantadas por Justicia para aspirantes a juez o fiscal?
Son oposiciones con una dificultad muy alta. Es muy loable que algunas personas doblen su esfuerzo para trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero consideramos que la capacidad económica no puede hacer que haya personas que tengan que ser héroes para doblar o triplicar la jornada laboral. Valoramos muy positivamente la existencia de estas becas. Sin llegar a solucionar completamente el problema, sí es una ayuda importante y tiene una gran importancia cuando se trata de la carrera judicial y fiscal por el impacto tan directo que nuestro trabajo tiene en la vida de la ciudadanía.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sigue tramitándose. ¿Está preparada la Fiscalía para asumir la instrucción?
Sin ninguna duda. Lo que necesitamos es una ley que sea solvente, eficaz, que no sume más burocracia a los procesos judiciales. La función de los fiscales, para ponernos a niveles europeos, tiene que ser la de llevar la instrucción y la existencia de los tribunales de garantías para todo aquello que tenga que ver con la limitación de los derechos fundamentales. En nuestro informe del Consejo Fiscal, favorable pero crítico, hicimos ver lo que consideramos que era una tutela del Ministerio Fiscal por parte de los tribunales que es absolutamente innecesaria, impropia de ese sistema que queremos.
Hace un año, un fiscal protagonizaba un duro interrogatorio a una víctima de violación múltiple aunque finalmente apoyaba su versión. ¿Son evitables estas situaciones?
La revictimización se produce por el mero hecho de pasar por el procedimiento. Así lo avisamos a la víctimas cuando les decimos que vamos a hacer preguntas que son duras y difíciles. Es verdad que podemos mejorar en la formación pero cuando buscamos una sentencia condenatoria debemos preguntar por los detalles para que no puedan ser atacados por parte de la defensa.
Nos gustaría no tener que preguntar determinadas cosas. Y venimos de una tradición, se está produciendo un momento de una mejora incuestionable en cuanto a la consideración de las víctimas, pero traemos una rémora de la visión que se tenía de cómo tenían que tratarse estos procedimientos. Pero desde la Fiscalía se está haciendo muchísimo esfuerzo en implementar esa perspectiva de género.
¿Es reacia la carrera fiscal a introducir este tipo de matizaciones en su trabajo?
La carrera fiscal no es reacia en absoluto. Tenemos clarísimo que nuestro trabajo lleva aparejada la protección de las víctimas, es parte esencial de nuestro trabajo y se recibe de muy buen grado todo tipo de formación en este materia. También forma parte de las discusiones que tenemos entre nosotros sobre cómo mejorar, hacerlo más fácil y revictimizar lo menos posible. Creo que en la carrera fiscal , por el gran nivel de especialización que tenemos, estamos cada vez mejor preparados para esta materia.
¿Es la administración de Justicia un entorno hostil para una víctima de delitos sexuales?
Se percibe la administración de Justicia como un espacio hostil, pero también es entendible. De la misma forma que la gente le asusta entrar en los hospitales porque visibiliza que algo no funciona bien aunque haya un trato magnífico, en los juzgados pasa exactamente lo mismo. Se están haciendo esfuerzos importantes con el estatuto de la víctima y la oficina de atención, pero es necesario seguir dotando de medios para que la situación de las víctimas sea lo mejor posible. También los niños y niñas, que pueden no comprender qué hacen ahí y las preguntas que les hacen los adultos.
La reforma que hemos tenido, con prueba preconstituida obligatoria hasta los 14 años, es muy positiva. Hay una conciencia social de que las víctimas deben ser protegidas y sometidas a buenos tratos. Además, nos estamos encontrando con chavalas que encuentran en el proceso judicial un espacio de justicia que les es terapéutico y es una visión empoderante de las víctimas. No significa que tengamos que exigir a todas las víctimas que hagan lo mismo, hay que cuidarlas en el proceso, pero existe ese perfil de víctimas jóvenes que han encontrado referentes de mujeres que han verbalizado que han vivido un proceso similar.
Pero hay que tener siempre presente que la víctima debe ser respetada en cualquier momento psicológico en que se encuentre, y no se le puede exigir que realice ningún esfuerzo que no esté en situación de realizar. Nuestro trabajo es protegerles y, si estamos formulando la acusación, lleguemos a una sentencia condenatoria y hayamos molestado lo menos posible.
¿Cómo afectan a las víctimas los mensajes de la ultraderecha negando la existencia de la violencia machista?
Creo que tienen un efecto más perjudicial en los hombres, que se ven reafirmados en este tipo de conductas, van a comprender que su acción violenta está avalada por determinada parte de las instituciones o grupos de carácter político. Y es más fácil verlo con los chavales, entre los que existe un aumento de denuncias de delitos sexuales. Las chicas tienen muchos referentes que les hablan de los delitos contra la libertad sexual, pero los chicos están huérfanos de referencias. Y la cultura no ayuda: películas, series, videojuegos o el porno que se consume y les coloca en un espacio donde creen que determinadas actuaciones se pueden realizar.
Tristemente, aprenden que no se pueden realizar cuando ya están en el calabozo con el hecho ya consumado. Me produce mucha preocupación en las personas agresoras que se ven reafirmadas en sus acciones violentas, y sobre todo la sociedad adulta tiene que estar preocupada si vemos que los jóvenes no están reconociendo estas conductas como violentas. Sobre todo los chicos mientras que las chavalas se están empoderando porque están encontrando referentes.
¿Cómo tiene que cambiar la relación de la Justicia con las víctimas de violencia sexual?
Soy absolutamente optimista por el momento de cambio en que vivimos. Se ponen muchos medios y formación en materia de perspectiva de género y la jurisprudencia del Supremo es muy importante. Se incorporan muchas mujeres a la Justicia, la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad. También el proceso es complejo, puede ser complicado y hay que explicarlo a las víctimas. Y se ha mejorado muchísimo pero también por la gran cantidad de mujeres que han denunciado y han visto frustradas sus expectativas en la Justicia.
Ahora tenemos los caminos más abiertos que los teníamos hace unos años. Estamos en un momento de mejora, pero tenemos que tener presente que, por primera vez, estamos escuchando discursos negacionistas de la violencia de género y eso va a tener efectos negativos para mujeres y hombres.