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Salvador Viada Bardají

Durante 8 años (1995-2003) fue fiscal de la Fiscalía Anticorrupción. En enero 2003 fue contratado por el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia en La Haya, donde actuó como fiscal en el caso de Srebrenica. Regresó en 2006 a la Fiscalía del Tribunal Supremo donde permanece en la actualidad. Profesor por muchos años de Derecho Penal y Procesal en diversas universidades, la última de esas etapas en la Universidad Complutense de Madrid.

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El interés de los políticos por controlar el Poder Judicial

¿Cuál es el interés político en controlar la mayoría en el CGPJ?  Es decir, con independencia del hecho material de gobernar el poder judicial, lo cierto es que en teoría los partidos políticos no pueden, por razón de la independencia de cada uno de los jueces y tribunales, forzarles a tomar una decisión u otra.  Entonces, ¿por qué tanto interés en controlar un órgano del que en teoría no pueden obtener ventaja política alguna?

Yo creo que el famoso WhatsApp que fue reenviado por el Sr. Cosidó aclara mucho las sospechas anteriores y permite entender qué es lo que buscan y han buscado durante treinta años tanto el PSOE como el PP en esta cuestión: “Nos jugábamos las renovaciones futuras de dos tercios del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España”, así como la Sala Penal del Tribunal Supremo y la Sala del 61, que se encarga de conocer de las recusaciones de los magistrados del Tribunal Supremo, “desde atrás”. Vitales, dice.

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Hipocresías en el discurso político sobre la Fiscalía

En 2007 se tramitó una importante reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en pleno gobierno del PSOE. Durante la tramitación de esa ley, el representante del PP dijo en el Pleno del Congreso sobre el proyecto remitido por el Gobierno lo siguiente, según se lee en el Diario de Sesiones:

"Lo cierto es que el proyecto refuerza la vinculación política del fiscal con el Gobierno que lo nombra, obvia cualquier contrapeso del Consejo Fiscal y fortalece la estructura personalista del fiscal general, convirtiendo el principio de jerarquía en auténtico caudillaje. Lo de la supuesta objetivación del nombramiento y cese del fiscal general a mí me parece cómico, de verdad".

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