El interés de los políticos por controlar el Poder Judicial
¿Cuál es el interés político en controlar la mayoría en el CGPJ? Es decir, con independencia del hecho material de gobernar el poder judicial, lo cierto es que en teoría los partidos políticos no pueden, por razón de la independencia de cada uno de los jueces y tribunales, forzarles a tomar una decisión u otra. Entonces, ¿por qué tanto interés en controlar un órgano del que en teoría no pueden obtener ventaja política alguna?
Yo creo que el famoso WhatsApp que fue reenviado por el Sr. Cosidó aclara mucho las sospechas anteriores y permite entender qué es lo que buscan y han buscado durante treinta años tanto el PSOE como el PP en esta cuestión: “Nos jugábamos las renovaciones futuras de dos tercios del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España”, así como la Sala Penal del Tribunal Supremo y la Sala del 61, que se encarga de conocer de las recusaciones de los magistrados del Tribunal Supremo, “desde atrás”. Vitales, dice.
Se trata de un mensaje sin impostura, dirigido a los senadores del partido. Un mensaje que considera como muy ventajoso el acuerdo alcanzado (que supone “el reparto” del 50% por ciento de los cargos judiciales en los próximos años). El mensaje se manifiesta en unos términos que resultan tan gravemente ofensivos para el principal afectado, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al que señala inequívocamente como “uno de los nuestros”, que ha motivado la renuncia de este a seguir en juego.
Pero vitales, ¿en qué sentido? ¿Para el PP y “para el futuro de España”? Parece claro que, dependiendo de que fueran unos u otros los jueces nombrados para esos puestos jurisdiccionales, la suerte del PP iba a verse muy perjudicada o muy favorecida. Y si los jueces se limitan a aplicar la ley, como es su obligación, ¿porqué es vital que sea un juez y no otro quien tiene que aplicar la ley?
Creo que todos intuimos las respuestas a esas preguntas y, por tanto, podemos sostener que no es cierto que no se obtenga ventaja política alguna controlando el CGPJ. Se obtiene, y se obtiene donde no debería obtenerse. Es cierto que influir en las determinaciones de los jueces, en sus resoluciones concretas, no es algo que pueda establecerse como garantizado desde la política. Los jueces son independientes en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, insisto, y por más que elijas a un compañero de juergas como juez para los asuntos que te pueden afectar no vas a garantizar que en un momento dado ese juez no vaya a resolver en contra tuya. Pero las probabilidades ayudan, y ayudan hasta el punto de que un jefazo del PP “próximo a la negociación” con el PSOE para el reparto de vocales considerara “vital” salir con fuerza de ese pacto.
Lo curioso es que, de tanto en tanto, los dirigentes políticos devotos de mangonear en el poder judicial tienen arrebatos de arrepentimiento. Les hemos escuchado a muchos de ellos abjurar del sistema vigente como garantía de una futura regeneración democrática, para poco después volver a la ortodoxia de la ocupación política de la Justicia cuando tienen ocasión. Por eso, el cambio abrupto que el PP muestra ahora yo no me lo acabo de creer. Si era vital influir en cientos de nombramientos hace una semana, ¿ha dejado de ser vital ahora? Más bien me parece algo así como una salida de emergencia ante el escándalo del mensaje famoso. Salimos de momento, y luego ya veremos. Ojalá me equivoque.
En todo este negro asunto no puede obviarse que hay jueces y magistrados que se prestan. Más de una vez y más de dos he escuchado a algunos de los vocales electos que su propósito es cambiar el sistema “desde dentro”. Por supuesto que yo no creo que nadie sea tan ingenuo para pensar que un montaje político tan establecido como este pueda ser cambiado por unos pocos jueces trabajando contra el sistema desde dentro, y más tratándose de “vocales-instrumento”, que es lo que se reclama desde quien los elige.
Y también he escuchado que las asociaciones que avalan a esos candidatos, a sabiendas de que al final los mismos deberán ser elegidos por partidos políticos, lo hacen con el propósito de “no perder toda influencia en el CGPJ”. Es decir, que al final resulta que un sistema que muchos consideran perverso y negativo para la independencia judicial acaba avalado por una parte importante de los concernidos, a sabiendas incluso de que en instancias europeas reprochan a España la politización en la designación de los vocales del CGPJ. Mi madre suele decir que, si quieres salir del agujero, lo primero es dejar de cavar para abajo. Lo primero es salir del agujero y para ello habría que dejar de colaborar con este sistema desde la Judicatura.
Por supuesto que la discusión sobre el mejor modo de elegir a los vocales del CGPJ está abierta. Pero, sea cual sea el sistema que se defienda, el peor para la independencia del Poder Judicial es el que padecemos porque es el más beneficioso posible para los partidos políticos que gobiernan. Que dos partidos políticos –principalmente- sean los que terminan decidiendo qué jueces ascienden y qué jueces no lo hacen; qué jueces son elegidos para puestos claves; o qué jueces díscolos padecen investigaciones disciplinarias que pueden durar mucho tiempo; y que esta decisión sea por cuotas políticas (y sin vetos) es, desde mi punto de vista, un despropósito. Y, además, en los términos de la sentencia de la STC 108/1986, de 29 de julio, comentada en eldiario.es hace un par de días, era precisamente el riesgo que había que evitar.
