La imputación de una persona en un procedimiento judicial raramente es recurrida por el fiscal. A fin de cuentas, sólo supone que alguien será llamado a declarar. En este caso, el impacto político, al afectar a la hija del rey, es obvio. La decisión de la Fiscalía Anticorrupción puede provocar la sospecha de una interferencia indebida por parte del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y del Gobierno.
Un recurso del fiscal ante el juez Castro podría llegar hasta la Audiencia Provincial de Palma, que sería quien tomara la decisión definitiva. Eso retrasaría la aparición de la infanta Cristina en los juzgados. Pero si la Fiscalía insiste en llegar hasta la Audiencia y es derrotada, el fiscal general sufriría un fuerte varapalo. Sus razones jurídicas quedarían en evidencia y muchos llegarían a la conclusión de que su prioridad en el caso es más la defensa de la reputación de la monarquía que la justicia.