El exsecretario general de Sanidad y portavoz del PSOE en la comisión del ramo del Congreso, José Martínez Olmos, considera que la imputación de la infanta Cristina en el 'caso Nóos' contribuye a incrementar el “descrédito” de la Monarquía y se ha mostrado seguro de que en España la República “cada vez está más cerca”.
Un descrédito, sin embargo, “muy injusto” si se tiene en cuenta los “grandes” y “muy buenos” servicios prestados por Juan Carlos I en este periodo de restauración democrática vivido en nuestro país desde 1975 hasta ahora.
La Casa del Rey ha expresado hoy su “sorpresa” por el cambio de “posición” del juez José Castro, instructor del “caso Nóos”, al haber decidido imputar a la infanta Cristina, al tiempo que ha mostrado su “absoluta conformidad” con la decisión de la Fiscalía de recurrir esta medida.
El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha asegurado hoy que está a la espera de “recibir instrucciones” sobre si finalmente debe defender a la infanta Cristina, imputada en el caso Nóos, lo que en todo caso para él “sería un honor”.
Pascual Vives ha declarado a los medios, antes de entrar a su despacho de Barcelona, que estaría “encantado” y que “sería un honor” defender a la infanta Cristina, aunque ha matizado que “no sé si me va a corresponder”.
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, apunta, en el auto mediante el que ha acordado la imputación de la Infanta Cristina, que “todo parece indicar que estaba consensuado que la única función” de la hija del Rey Don Juan Carlos y del secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, en la directiva del Instituto Nóos, era la de una “utilitarista figuración”.
El juez apunta que “no se acaba de entender” que García Revenga “cuando menos no participara a Doña Cristina de Borbón que su esposo estaba obteniendo un trato privilegiado”.
El exsecretario general de Sanidad y portavoz del PSOE en la comisión del ramo del Congreso, José Martínez Olmos, considera que la imputación de la infanta Cristina en el 'caso Nóos' contribuye a incrementar el “descrédito” de la Monarquía y se ha mostrado seguro de que en España la República “cada vez está más cerca”.
Un descrédito, sin embargo, “muy injusto” si se tiene en cuenta los “grandes” y “muy buenos” servicios prestados por Juan Carlos I en este periodo de restauración democrática vivido en nuestro país desde 1975 hasta ahora.
Castro considera en su auto dudoso que empresas e instituciones se hubieran “aquietado tan pacíficamente” a las proposiciones de Urdangarin y Torres “sin contar con el aparente y consensuado refuerzo de la Casa de S.M. el rey”, que “intencionadamente se hacía desprender” de que en la junta directiva de Nóos figurasen los nombres de la infanta y García Revenga.
Si hubo “consentimiento y conocimiento presente y futuro” por parte de la infanta, “podría ser calificado como un supuesto de cooperación necesaria a los delitos supuestamente cometidos” por Urdangarin y Torres, o “cuando menos de complicidad”.
El juez considera “inevitable” que, ante tales indicios, la infanta preste declaración “al objeto de que, si ese fuere el caso, se despeje cualquier duda”, en el actual momento de la causa que describe como “la recta final de la instrucción”.
La imputación de una persona en un procedimiento judicial raramente es recurrida por el fiscal. A fin de cuentas, sólo supone que alguien será llamado a declarar. En este caso, el impacto político, al afectar a la hija del rey, es obvio. La decisión de la Fiscalía Anticorrupción puede provocar la sospecha de una interferencia indebida por parte del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y del Gobierno.
Un recurso del fiscal ante el juez Castro podría llegar hasta la Audiencia Provincial de Palma, que sería quien tomara la decisión definitiva. Eso retrasaría la aparición de la infanta Cristina en los juzgados. Pero si la Fiscalía insiste en llegar hasta la Audiencia y es derrotada, el fiscal general sufriría un fuerte varapalo. Sus razones jurídicas quedarían en evidencia y muchos llegarían a la conclusión de que su prioridad en el caso es más la defensa de la reputación de la monarquía que la justicia.
La Fiscalía Anticorrupción recurrirá la citación como imputada de la infanta Cristina acordada hoy de oficio por el juez del caso Nóos, José Castro, según Efe. La medida confirma por qué Castro no pidió al fiscal su opinión sobre su decisión. No estaba obligado legalmente a hacerlo, pero suele ser práctica habitual. El juez suponía con razón que estaría en contra.
Un primer análisis del auto del juez Castro:
El juez Castro considera improbable que la infanta Cristina desconociese las actividades presuntamente ilícitas de su marido al frente del Instituto Nóos. En un auto de 18 folios, en el que dispone la imputación de la hija del rey, el juez señala que “dificilmente puede estructurarse que Don Iñaki Urdangarín actuara a espaldas de su esposa cuando la negociación de los convenios de Illes Balears Forum tuvo lugar en el Palacio de Marivent de esa ciudad y se dice que los del Valencia Summit en el Palacio de la Zarzuela”.
Ya se puede consultar aquí el texto íntegro del auto del juez Castro. Un párrafo revelador sobre las razones que justifican que se llame a declarar a la infanta en calidad de imputada. Se refiere al momento en que Iñaki Urdangarin recibe de la Casa Real la orden o recomendación de poner fin a sus negocios en Nóos y la actitud de la infanta:
“En este nuevo estado de cosas cobran importancia argumentaciones que por sí solas se descartaron por insuficientes en tiempo anterior, y así, con independencia de lo ya expuesto, no se acaba de entender que S.M. el Rey no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido e incluso consensuara con ella su alcance y el compromiso, expreso o tácito, de que alguna manera velara por su cumplimiento, lo que le debería haber llevado a Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia a la conclusión de que las recomendaciones de su padre no se estaban siguiendo y cuestionar al respecto la actitud de su marido”.
En la home de BBC, ya aparece la noticia de la imputación de la infanta Cristina: Spanish princess to face court in corruption inquiry.