IU cuestiona el uso de las pruebas enviadas por EEUU en la causa contra Zapatero: “Hay serias dudas sobre su legalidad”
EEUU tardó cinco años en enviar a España el contenido del móvil de Rodolfo Reyes, el empresario venezolano que fue socio de Plus Ultra, y fue un “traslado espontáneo”. Y los mensajes contenidos en ese terminal son una de las principales pruebas que sustentan la causa del juez José Luis Calama contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias. Esta semana, el citado juez de la Audiencia Nacional emitía una nueva resolución acordando enviar una comisión rogatoria a EEUU para poder usar como fuente de prueba en el proceso penal la extracción del contenido del móvil de Reyes. El auto recoge que ese móvil fue incautado por la Homeland Security Investigations (HSI) en 2021, pero la información no fue trasladada por los servicios norteamericanos hasta el 18 de marzo de 2026.
Con todo, Izquierda Unida, que nada más conocer el auto de Calama en el que imputó a Zapatero ya denunció la posible irregularidad del uso de los datos de ese móvil, considera ahora que esas actuaciones puestas en marcha por el juez instructor para garantizarse que este contendido “pueda ser usado en una futura vista oral después de reconocer su uso preliminar en la investigación deja entrever serias dudas sobre la legalidad de la obtención de dicha información y, por tanto, cuestiona su utilización en un procedimiento judicial en nuestro país con plenas garantías”. Es decir, IU apunta a que la manera en la que se ha obtenido esa prueba clave podría dar lugar a la nulidad de la causa.
Fuentes de IU explican a elDiario.es “que tras permanecer cinco años en manos de EEUU y ser enviada ahora a España por la Administración radical de Donald Trump para ayudar supuestamente en la apertura de un procedimiento contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero”, la “principal finalidad” del volcado de los mensajes de Rodolfo Reyes es “servir para desestabilizar al actual Gobierno”.
“Queda claro que el objetivo último de algunas agencias de Estados Unidos que supuestamente colaboran de manera desinteresada con nuestro país no es perseguir posibles casos de corrupción como este. En su orden de prioridades está castigar a quienes, de una forma u otra, puedan participar en operaciones comerciales para eludir las sanciones arbitrarias, del todo punto ilegales según el Derecho internacional, impuestas por EEUU a determinados países contra los que están enfrentados, como puede ser Venezuela”, concluye.
Las fuentes fiscales consultadas por este diario explican que el hecho de que se enviara la información del terminal cinco años después de ser incautado se debió a un “traslado espontáneo” de EEUU amparado por los cauces de colaboración internacional entre cuerpos policiales. Así lo recoge también el instructor en su resolución. Y resulta que los chats de este empresario fueron claves para sostener el informe de la UDEF que derivó en la imputación del expresidente socialista.
Qué dice el auto
En su auto, Calama reconoce que el material incautado a Reyes ya “ha sido utilizado hasta la fecha como elemento de investigación”, pero advierte de que dada su relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados, “resulta necesario determinar las condiciones de su eventual incorporación al proceso para poder ser utilizado, en su caso, en el plenario, como medio de prueba con plenos efectos procesales”. Es decir, busca asegurarse de que su contenido pueda ser usado en el juicio y no sea fuente de posibles nulidades futuras.
En los fundamentos del auto el juez explica que esa cooperación entre policías permitió que la UDEF tuviera en sus manos información relevante sobre una investigación transnacional iniciada en 2018 “contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas”. Y recuerda que esa red usaba empresas pantalla y realizaba operaciones internacionales que incluían sobornos, fraudes y el desfalco de fondos públicos.
El juez apunta que esa investigación transnacional se ha realizado en coordinación con las oficinas de HSI de en Nueva York, Tampa, Miami y Boston, y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal. El objetivo era “identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos y favorecer la recuperación de activos”. Indica que una de las líneas se centraba en Rodolfo Reyes, investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank. El HSI obtuvo en 2021 una extracción telefónica que, aunque inicialmente estaba orientada a ver si participó en contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales. Fue entonces cuando el HSI consideró que podría tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra.
Según informó la Cadena Ser y ha podido saber este periódico por fuentes cercanas al empresario, Reyes fue retenido por agencias norteamericanas en el aeropuerto de Miami y, tras un interrogatorio, las autoridades de EEUU decidieron retirarle la visa tanto a él como a su esposa y tramitar la deportación, o devolución, a Panamá. Ahí fue cuando, según estas fuentes, pudo realizarse el volcado de su móvil.