En declaraciones a los medios previas a un acto de la Racef en Fomento del Trabajo, al preguntársele si el Ejecutivo podría haber frenado la excarcelación de etarras, ha respondido: “Créame una cosa: si hubiéramos podido, lo hubiéramos hecho”.
Ha recordado que, si no hubiera sido por los recursos interpuestos por el Estado, la etarra Inés del Río estaría en libertad desde julio de 2012 y hubiera recibido una indemnización de 30.000 euros.
“Hemos hecho todo lo que un Estado de Derecho puede hacer. Lo que no se puede hacer es imcumplir la ley”, ha insistido, y ha señalado que la doctrina del Tribunal Constitucional y el dictamen de la Abogacía General del Estado dicen taxativamente que el Ejecutivo no tiene ninguna competencia, sino que, en el caso de los delitos terroristas, corresponde a la Audiencia Nacional valorar el fallo y aplicarlo.
“Si el Gobierno hubiera podido evitar la excarcelación, lo hubiera hecho, pero no tiene margen legal alguno para hacerlo”, ha zanjado el ministro de Interior sobre la necesidad de cumplir la sentencia del TEDH.